Pescadores ecuatorianos preparan este martes 25 de agosto una demanda contra Estados Unidos por el ataque militar a la embarcación Negra Francisca Duarte II en aguas del Pacífico el 17 de marzo de 2026.
Los sobrevivientes de la embarcación Negra Francisca Duarte II denuncian haber sido atacados con drones, detenidos por personal armado de habla inglesa, encapuchados y trasladados a El Salvador sin que se formularan cargos en su contra.
El caso cobró relevancia internacional tras una investigación de un diario estadounidense que vincula estos hechos con una presunta operación encubierta de la CIA contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico.
La investigación periodística conecta el ataque a la Negra Francisca Duarte II con la agresión contra el barco Don Maca y la desaparición del pesquero Fiorella, cuyos ocho tripulantes continúan sin aparecer desde enero de 2026.
Según la cronología difundida el 17 de marzo se registró el ataque a la Negra Francisca Duarte II a 170 millas náuticas de las Islas Galápagos, y el 26 de marzo ocurrió la agresión contra el Don Maca.
El abogado de los tripulantes, José Chiriboga, confirmó el inicio de acciones legales para exigir una reparación integral bajo convenios internacionales. El jurista afirmó que la agresión a civiles desarmados habría sido autorizada desde la presidencia de Estados Unidos en el marco de una operación encubierta.
El asambleísta por Manabí, Fernando Cedeño, cuestionó el silencio de las autoridades locales y denunció que el Ejecutivo ecuatoriano clasificó la información como «reservada», lo que impide el avance de las investigaciones parlamentarias.
En tanto, la asambleísta de Revolución Ciudadana, Cristina Jácome, calificó los hechos como una grave vulneración a la soberanía nacional y exigió respuestas sobre el paradero de los pescadores desaparecidos.
El conflicto salpica directamente al gobierno del presidente Daniel Noboa, cuya gestión profundizó acuerdos de seguridad e interceptación marítima y aérea con Washington.
Mientras los afectados avanzan con la demanda internacional, el Palacio de Carondelet no emitió un pronunciamiento oficial sobre el alcance de estas operaciones en aguas territoriales e internacionales. Las organizaciones de pescadores exigen, entretanto, la desclasificación de la información y el esclarecimiento pleno de los hechos.