La delegación oficial de la República Bolivariana de Venezuela arribó este lunes a la sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Países Bajos. El equipo jurídico nacional, liderado por el canciller Yván Gil, asume la representación del país con el mandato firme de defender los derechos históricos y la integridad territorial sobre la Guayana Esequiba.
Durante su llegada al Palacio de la Paz, las autoridades venezolanas reafirmaron que la nación posee los argumentos sólidos para sostener su verdad histórica y soberana ante la comunidad internacional.
El cronograma de audiencias orales arranca esta semana con la participación de ambas partes frente al cuerpo de 15 magistrados del tribunal. La jornada inicial de este 4 de mayo contempla la exposición de alegatos por parte de la República Cooperativa de Guyana.
Posteriormente, el equipo legal venezolano tomará la palabra el próximo miércoles para presentar sus fundamentos, mientras que el ciclo de intervenciones continuará el viernes con una nueva réplica guyanesa y concluirá formalmente el lunes 11 de mayo con el cierre de la representación de Venezuela.
Venezuela insiste en vigencia del Acuerdo de Ginebra como ruta para la solución legal
El Gobierno nacional mantiene su posición histórica de no reconocer la jurisdicción de la CIJ para resolver esta controversia territorial. La delegación venezolana sostiene que el proceso judicial, impulsado unilateralmente por Guyana en el año 2018, carece de base legal y transgrede las normas del derecho internacional público.
En este sentido, Venezuela acude al tribunal bajo una postura de reserva de derechos, enfatizando que la participación en estas audiencias no implica la aceptación de la competencia de la Corte para dictar una sentencia definitiva.
La defensa venezolana ratifica que el Acuerdo de Ginebra de 1966 constituye el único instrumento jurídico válido y vigente para alcanzar una solución satisfactoria y consensuada entre las naciones. Este documento internacional superó el fraudulento Laudo Arbitral de París de 1899, mediante el cual el Reino Unido pretendió despojar a Venezuela de su territorio.
Con este despliegue diplomático, el Estado venezolano busca restablecer la legalidad y promover una salida negociada que respete la memoria histórica y la voluntad del pueblo venezolano.