Venezuela denunció ante la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que las sanciones unilaterales se han convertido en un «instrumento principal de política exterior de corporaciones transnacionales y sus brazos políticos», generando un impacto equivalente o incluso más grave que un conflicto militar, resultando en «hambre, pobreza, muerte, devastación, desigualdad y migración».
El viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, afirmó durante la 34º Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la UNODC que Venezuela ha sido objeto de 1.039 medidas coercitivas unilaterales desde 2014, las cuales han tenido un «impacto devastador» en el pueblo. Castillo también denunció la existencia de una «organización criminal transnacional de nuevo tipo» que utiliza estas sanciones para «saquear los recursos y patrimonios soberanos de los Estados».
A partir de 2017, las sanciones redujeron en más del 90% el ingreso anual de divisas del país, dañando severamente la prestación de programas sociales dirigidos a niños, mujeres, personas con discapacidad y de la tercera edad, además de perjudicar servicios esenciales, destacó el viceministro.
Castillo explicó que estas medidas, impuestas por países del «norte global» contra 30 estados soberanos, constituyen una «política internacional ilegal, violatoria del derecho internacional», e incluso, en su versión extrema, «expresa también una política de naturaleza criminal de acuerdo a los estatutos de Roma». Destacó la violación de derechos humanos, la salud, la alimentación, la movilidad y el acceso a la justicia como los «rasgos más visibles y dramáticos de esta política».
El gerente general del Observatorio Venezolano Antibloqueo concluyó que estas acciones son «crímenes internacionales, ilegales y perniciosos» que no están tipificados en las leyes internacionales. Afirmó que, en un contexto de declive de la hegemonía global, los países del norte recurren a las sanciones como un «instrumento neocolonial para imponer gobiernos dóciles a sus intereses». Venezuela, como víctima de estas «operaciones políticas y turbias negociaciones», continuará defendiendo la legalidad internacional y utilizando el multilateralismo para combatir estas agresiones.
T/ CO con información de VTV
