El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó el desmantelamiento de un esquema de corrupción dentro del sistema de justicia venezolano, y ofreció un balance sobre la comisión instalada para la revisión del sistema judicial y penitenciario. En este sentido, destacó que este equipo de trabajo evalúa la situación de las personas detenidas, los procesos pendientes y los motivos por los cuales los procesados no asistían a los tribunales.
Cabello subrayó que los retenes policiales albergaban una cantidad de personas superior a la de las cárceles establecidas para procesados. Calificó el sistema anterior como «perverso», tras citar casos de ciudadanos con hasta seis años de detención por delitos menores, como el hurto de láminas de zinc, sin haber comparecido nunca ante un juez.
Desmantelamiento de redes de corrupción
En un trabajo conjunto con la magistrada Beatriz Rodríguez y el Ministerio Público, se identificó que el traslado de detenidos se convirtió en un mecanismo de extorsión. Cabello aseveró que imperaba un esquema de corrupción bajo la premisa «te llevo al tribunal si pagas». Ante esta realidad, las autoridades ejecutaron la destitución y detención de jueces y fiscales implicados.
«La justicia no era ni justa ni era a tiempo», sentenció el vicepresidente sectorial al referirse al incumplimiento de la Constitución, la cual establece que todo ciudadano debe ser juzgado en libertad siempre que sea posible.
El informe reveló que sujetos autodefinidos como «pranes» impedían la salida de los internos a sus juicios si estos no realizaban pagos previos. Cabello confirmó que esta práctica se erradicó y que los responsables de estas actividades enfrentan hoy un régimen distinto en un centro de reclusión especial.
Se supo que para agilizar los procesos, el Estado implementó las audiencias telemáticas, que permite el avance de las causas cuando existen dificultades de traslado.
Finalmente, Cabello ratificó la disposición del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, la Vicepresidencia y el Ministerio de Asuntos Penitenciarios para dar cumplimiento estricto a los mandatos constitucionales y garantizar la celeridad procesal en el país.
