La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que este lunes enviará al Congreso un Plan B de reforma electoral, iniciativa que busca reducir los costos del sistema político y fortalecer los mecanismos de democracia participativa, luego del rechazo a la propuesta de reforma constitucional presentada previamente por el Ejecutivo.
De acuerdo con la información divulgada, el proyecto contempla establecer topes máximos de gastos para congresos locales, regidores y el Senado, medidas que permitirían recuperar aproximadamente 223 millones de dólares destinados actualmente al funcionamiento del sistema político.
Durante su conferencia de prensa del pasado jueves 12 de marzo, la mandataria explicó que el objetivo central de la iniciativa es eliminar privilegios dentro de los partidos políticos y del Instituto Nacional Electoral (INE), con el propósito de optimizar el uso de los recursos públicos.
En ese sentido, Sheinbaum sostuvo que el ahorro generado por estas medidas podría redirigirse a atender necesidades ciudadanas en distintas regiones del país, fortaleciendo programas y políticas dirigidas al bienestar social.
La propuesta surge luego de que la reforma electoral de rango constitucional fuera rechazada en la Cámara de Diputados, pese a contar —según datos difundidos por el Ejecutivo— con un respaldo popular superior al 80 por ciento.
El nuevo marco legal también plantea ampliar las consultas públicas sobre temas electorales y establecer que la revocación de mandato presidencial se realice durante el tercer o cuarto año del sexenio, mecanismo que permitiría a la población evaluar el desempeño de sus gobernantes y profundizar la participación democrática.
