El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, hizo un llamado al juez estadounidense Alvin Hellerstein —quien lleva el caso contra el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro en Estados Unidos— para que respete la legalidad internacional y reconozca la absoluta falta de jurisdicción de su tribunal para enjuiciar a un jefe de Estado soberano.
Durante el acto de notificación al Poder Ciudadano de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, el titular del Ministerio Público calificó la extracción del mandatario venezolano como un “secuestro internacional” que viola flagrantemente el derecho internacional y los principios básicos de la inmunidad diplomática ratificados por la Corte Internacional de Justicia.
El funcionario venezolano recordó que la inmunidad de un presidente en ejercicio es un principio de rango universal que impide su procesamiento por tribunales extranjeros, independientemente de cualquier acusación infundada.
Saab exigió la libertad inmediata y sin condiciones de Nicolás Maduro y de su esposa, la primera dama Cilia Flores, instando a la comunidad internacional a condenar estos hechos que calificó como terrorismo de Estado y una afrenta a la soberanía de los pueblos.
“Que cesen todas las violaciones de los derechos humanos que se han ejecutado en contra del primer mandatario y su esposa, y del pueblo venezolano”, enfatizó el funcionario.
Adicionalmente, Saab informó que el Ministerio Público ha designado a tres fiscales para investigar las decenas de bajas de civiles y militares ocurridas durante la agresión militar estadounidense contra Venezuela el pasado 3 de enero, tildando los hechos como “crímenes de guerra”.
Denunció que esta incursión armada, ejecutada de manera cobarde y criminal por las fuerzas estadounidenses, representa la primera agresión de una potencia extranjera contra suelo venezolano en más de 200 años.
Por otra parte, el Fiscal General expresó el reconocimiento y apoyo irrestricto del Poder Ciudadano y del Consejo Moral Republicano a la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela.
Saab destacó que esta medida se enmarca en el principio de cooperación entre poderes públicos establecido en el artículo 136 de la Constitución, ofreciendo toda la colaboración institucional necesaria para garantizar la paz democrática y la estabilidad de la nación en esta hora crucial de la patria.
Finalmente, el Fiscal saludó la instalación de la nueva directiva parlamentaria para el período 2026-2027 y reafirmó su llamado a la unidad cívico-militar, popular e institucional. Destacó la madurez del pueblo venezolano que ha mantenido el país en orden pese a la agresión sufrida, y aseguró que la institucionalidad democrática de Venezuela se mantendrá firme en la defensa de su dignidad y en la exigencia de justicia ante las instancias internacionales correspondientes.
Durante el mismo acto, el diputado Giuseppe Alessandrello destacó que la Asamblea Nacional continuará el trabajo legislativo para elevar los derechos, garantizar el bienestar y proteger al pueblo, enfatizando que este acto solidifica la institucionalidad venezolana. El diputado entregó el documento formal para asentar la instalación de la Asamblea Nacional y su directiva.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, condenó la agresión “sistemática y vil” del Gobierno de Estados Unidos. Afirmó que esta acción rompe acuerdos internacionales y pisotea el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, así como numerosas convenciones ratificadas.
Destacó que esta agresión, parte de una serie de ataques previos, tiene el pretexto de robar las riquezas del país suramericano y ha causado el asesinato de decenas de venezolanos, además del secuestro del presidente Maduro.
Ruiz celebró la instalación de la Asamblea Nacional y su disposición a legislar y ejercer funciones de contraloría y cooperación. Ofreció la disposición de la Defensoría del Pueblo para cooperar con la Asamblea Nacional, los poderes públicos y la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Reafirmó el deber de promover y defender los derechos humanos, la justicia y la paz, asegurando la disponibilidad de todas las sedes y personal de la Defensoría para trabajar coordinadamente en pro de los valores superiores de la República.
F/TeleSUR
