El Senado de EE.UU. aprobó este jueves avanzar en una resolución que impediría al presidente del país, Donald Trump, tomar más acciones militares contra Venezuela sin autorización del Congreso.
La moción presentada para llevar la resolución al pleno del Senado recibió 52 votos a favor y 47 en contra, ya que al menos cinco senadores del Partido Republicano de Donald Trump se unieron a los demócratas en la votación, recoge NBC.
Además de 47 demócratas, votaron para continuar con el avance de la legislación los senadores republicanos Rand Paul (Kentucky), Lisa Murkowski (Alaska), Susan Collins (Maine), Todd Young (Indiana) y Josh Hawley (Misuri).
La decisión de avanzar con la medida que intenta restablecer la autoridad de los poderes de guerra del Congreso, presentada por Tim Kaine, senador demócrata de Virginia, se da en medio de las fallidas súplicas de los líderes republicanos para detenerla y mantener la autoridad de Trump sobre estas decisiones, argumentando que el uso del Ejército por parte del mandatario en Venezuela estaba justificado.
¿Qué se viene?
Ahora, el Senado debatirá la medida y votará para aprobarla la próxima semana, explica Político. No obstante, la resolución deberá pasar posteriormente por la Cámara de Representantes, donde tendría un tratamiento más complicado.
Además, en caso de ser aprobada en ambas instancias del Congreso, tendría que sobrevivir a un probable veto presidencial.
De tener éxito, la resolución ordenaría la retirada de las Fuerzas Armadas de EE.UU. de hostilidades dentro o contra Venezuela, que no hayan sido autorizadas por el Congreso.
El año pasado, fueron bloqueados por los republicanos otros dos intentos previos de avanzar con resoluciones similares en el Senado, recoge Reuters. Esto mientras el gobierno de Trump intensificaba la presión militar sobre Venezuela, con ataques a embarcaciones en el sur del Caribe.
¿Más ataques?
El pasado 3 de enero, luego de la primera agresión militar contra Caracas y otros estados de Venezuela, que derivó en el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, el inquilino de la Casa Blanca amenazó con una segunda oleada de ataques.
«Estamos preparados para lanzar un segundo ataque, mucho mayor, si fuera necesario», declaró entonces.
Sin embargo, posteriormente suavizó su postura y expresó que EE.UU. no estacionará tropas en Venezuela si la vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada, hace lo que Washington quiere.
Agresión contra Venezuela y secuestro de Maduro
El sábado 3 de enero, EE.UU. lanzó un ataque militar masivo en territorio venezolano. La operación concluyó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York.
Caracas calificó las acciones de Washington como una «gravísima agresión militar» y advirtió que el objetivo de los ataques «no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación».
Maduro se declaró inocente el lunes en su primera audiencia ante la Justicia de EE.UU. en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, acusado de narcoterrorismo. Flores procedió de la misma manera.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró el mismo lunes como presidenta encargada.
Muchos países del mundo, entre ellos Rusia y China, instaron a liberar a Maduro y a su esposa. La Cancillería rusa destacó que a Venezuela se le debe garantizar el derecho a decidir su destino sin ninguna intervención externa. «Reafirmamos la inquebrantable solidaridad de Rusia con el pueblo y el Gobierno venezolanos. Deseamos a la presidenta encargada Delcy
Rodríguez éxito en la resolución de los desafíos que enfrenta la República Bolivariana. Por nuestra parte, expresamos nuestra disposición a seguir brindando el apoyo necesario a nuestro país amigo, Venezuela», agregó el ministerio.
El Congreso de la República del Perú aprobó por mayoría una resolución que autoriza el ingreso al país de personal militar de EE.UU. desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 para «actividades de cooperación».
Sin debate alguno, el pleno dio su venia el jueves con 73 votos a favor, 25 en contra y dos abstenciones, para que miembros del Departamento de Guerra de EE.UU. realicen labores de apoyo, asistencia y entrenamiento con las Fuerzas Armadas y la Policía del Perú.
Así lo indicó la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Parlamento, Karol Paredes, quien manifestó que el arribo de tropas norteamericanas es «de especial relevancia para las Fuerzas Armadas y, en especial, para la Marina de Guerra del Perú».
Los efectivos estarán en territorio peruano, con armas de guerra, en diversas localidades como Lima, Junín, Cusco, Ayacucho o Apurímac, con rotaciones cada tres a seis meses.
Paredes descartó que se trate de una violación a la soberanía del Perú, negó que detrás haya un intento de instalar una base militar extranjera e indicó que se enmarca en una relación de colaboración continua. De hecho, en 2024 también se adoptó una resolución legislativa que le permitió a uniformados estadounidenses permanecer en el país todo este año.
Estados Unidos vetó este miércoles una resolución de la ONU que exigía un cese del fuego inmediato en la guerra en Gaza porque no estaba vinculada a la liberación inmediata de los rehenes capturados por Hamás en Israel en octubre de 2023.
El Consejo de Seguridad de la ONU votó 14-1 a favor de la resolución patrocinada por 10 de los 15 miembros del consejo, pero no fue adoptada debido al veto de Estados Unidos.
El proyecto de texto rechazaba «cualquier intento de matar de hambre a los palestinos» y exigía el acceso inmediato a la ayuda humanitaria para los civiles de Gaza. EEUU no puede aceptar un cese del fuego «incondicional» en Gaza, declaró el embajador adjunto Robert Wood durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.
La resolución “exige un alto al fuego inmediato, incondicional y permanente que sea respetado por todas las partes, y reitera además su exigencia de la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes”.
ONU: El horror es la cotidianidad de los gazatíes
Este martes 19 de noviembre, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, por sus siglas en inglés) publicó un informe sobre la situación que enfrentan los gazatíes que habitan el norte de la Franja, tras más de 40 días de sangriento asedio por parte del Ejército israelí.
El documento detalla las terribles y precarias condiciones de supervivencia que enfrentan en la gobernación del norte. Informa que en este periodo la mayoría de los intentos de ayuda de la ONU han sido obstaculizados por parte de los ocupantes, así como han sido cerrados los servicios de panaderías y cocinas, suspendido el apoyo nutricional, así como el acceso al agua e instalaciones de saneamiento está sumamente restringido.
Ofensiva israelí contra la población y la ayuda humanitaria
Desde el 6 de octubre de 2024, los israelíes lanzaron una nueva ofensiva de exterminio masivo en el norte de Gaza, y una de sus acciones centrales consiste en denegar la entrada de ayuda humanitaria.
La OCHA reporta que entre el 1 y el 18 de noviembre, 27 de las 31 solicitudes de coordinación de la ONU para acceder a dichas zonas fueron denegadas, mientras las cuatro restantes fueron aprobadas inicialmente pero luego obstaculizadas sobre el terreno.
De igual forma fue denegada la entrada de combustible para las instalaciones de agua, saneamiento e higiene. Numerosas familias aún continúan atrapadas bajo los escombros, pues el inacceso a combustible impide la operación de equipos de excavación y de primera intervención.
Las operaciones humanitarias en estos 40 días han sido severamente obstaculizadas: Entre el 1 y el 18 de noviembre, de 319 movimientos de ayuda previstos y coordinados con Israel en toda la Franja de Gaza, solamente se facilitó el 41% (132), se denegó el 33% (105), se obstaculizó el 16% (51) y se canceló el 10% (31) debido a supuestos problemas logísticos y de seguridad.
Estos incluyen 120 movimientos de ayuda destinados a las gobernaciones al norte de Wadi Gaza, muchos de los cuales fueron denegados y obstaculizados al pasar por los controles de Al Rashid o Salah Ad Din: solamente 24% (16) fueron facilitados, el 32% (21) fueron obstaculizados, el 34% (22) fueron denegados y el 9% (seis) resultaron cancelados.
Las misiones de ayuda a la gobernación del norte de Gaza sufren el mismo destino. En el periodo mencionado, 31 de estas 41 solicitudes se hicieron para las zonas asediadas de Jabalya, Beit Hanoun y Beit Lahya, y todas fueron denegadas, excepto cuatro, los cuales además fueron obstaculizados en su labor.
Por solo ejemplificar, las misiones de ayuda a las zonas del sur, el oeste y el centro de Rafah se han enfrentado a problemas similares en medio de una operación de exterminio iniciada desde mayo pasado: 26 de las 63 misiones coordinadas (41%) fueron denegadas o impedidas en el periodo mencionado.
Joyce Msuya, funcionaria de la ONU, ofreció su testimonio sobre las deplorables condiciones de supervivencia en Gaza: «Las condiciones de vida en toda Gaza no son aptas para la supervivencia humana»; los alimentos son insuficientes, los artículos de refugio escasos y los violentos saqueos armados de los convoyes humanitarios en las rutas desde el paso fronterizo de Kerem Shalom son cada vez más comunes, como prueba de un colapso del orden público y la seguridad».
Por lo que las muertes de tres soldados israelíes entre el 12 y el 19 de noviembre, no son cifras comparables frente a los 43,972 ciudadanos palestinos asesinados desde octubre de 2023. Un informe del Ejército de ocupación informó estas cifras y otras: 376 soldados murieron en Gaza o en la fronteras desde el inicio de la operación terrestre, mientras 2.440 soldados han resultado heridos.
Desplazamientos, desamparo y cansancio
Estimaciones de la ONU señalan que entre 100.000 y 131.000 personas se han visto desplazadas desde el 6 de octubre de 2024 cuando el Ejército lanzara esta ofensiva en el norte gazatí. Las personas han llegado a diferentes lugares del oeste y el norte de la ciudad de Gaza, donde recursos esenciales como el refugio, el agua y la atención sanitaria están gravemente limitados.
El organismo informa que dicha afluencia ha elevado la cantidad de habitantes en la gobernación de Gaza, de unas 250.000 personas estimadas a finales de septiembre de 2024 a aproximadamente 375.000 personas actualmente.
Ello se acrecienta debido a que el movimiento hacia el sur resulta prácticamente imposible, y se calcula que solo 700 personas se han desplazado hacia el sur desde el 6 de octubre pasado. Mientras se reporta que solamente quedan entre 65.000 y 75.000 personas en el norte de Gaza, menos del 20% de la población en vísperas del 7 de octubre de 2023.
Estos desplazamientos masivos son causados por la ausencia de servicios, pero fundamentalmente a causa de las órdenes de evacuación dictadas por las autoridades sionistas.
Detenidos palestinos en cárceles israelíes: El infierno en la tierra
En noviembre de 2024, de acuerdo con datos proporcionados por el Servicio de Prisiones de Israel (IPS) a una ONG de derechos humanos, 10.091 palestinos se encontraban detenidos por las autoridades sionistas, entre los cuales estaban 3.443 detenidos administrativos recluidos sin juicio, 1.997 presos condenados y 1.627 personas recluidas como «combatientes ilegales».
El Ejército sionista liberó a 20 palestinos a través del paso fronterizo de Kerem Shalom el día 15 del presente noviembre, la mayoría había sido detenida en el norte de Gaza y posteriormente fueron trasladados posteriormente al Hospital Europeo de Jan Yunis para recibir atención médica.
Los detenidos testimoniaron que muchos niños, ancianos y personas gravemente heridas trasladadas desde hospitales del norte de Gaza permanecían bajo custodia de Israel, así como denunciaron haber sufrido tortura sistemática e inhumana a lo largo de todo el tiempo de detención, lo cual provoca la muerte de muchos palestinos en las cárceles de Israel.
Hospitales del norte de Gaza y la lucha de su personal para que sus pacientes sobrevivan
Todos los hospitales de la gobernación han sido objetivos de ataques directos, bajo el pretexto de esconder comandos de Hamás, acusaciones que los israelíes nunca han probado demostrar; muy por el contrario, las muertes de civiles solo les restan veracidad.
El Dr. Hussam Abu Safia, director del hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, contó a Al Jazeera que hasta 85 pacientes permanecen en el centro, que se encuentra bajo los constantes ataques de Israel. Informó además que 17 niños desnutridos llegaron al hospital, para los cuales no poseen los debidos suministros, mientras las tropas israelíes no permiten la entrada de medicamentos.
«Seguimos bajo un severo asedio que no permite la entrada de nada, ni medicinas, ni tripulaciones, ni alimentos, ni ambulancias, ni servicio de defensa civil», indicó Abu Safia, quien agregó con pesar: «Ayer martes recibí una llamada de socorro de la familia Kahlout después de que su casa fuera atacada, y desgraciadamente no podemos hacer nada. Quien sobrevivió sobrevivió, y quien se quedó, desgraciadamente, se convirtió en mártir», como muestra de la crisis sanitaria que han causado los ocupantes, cuyo objetivo es expulsar a toda la población gazatí de dicho territorio.
En las comunidades, debido a la suspensión de las acciones de la defensa civil, son socorristas de la comunidad quienes prestan auxilio a los heridos y mártires, con las herramientas disponibles, y en muchas ocasiones inadecuadas para el trabajo de rescate.
En tanto, mientras los niños enfrentan la muerte a causa de la desnutrición, «no hay movimiento ni siquiera promesas de ninguna parte internacional de abrir un corredor humanitario», lamentó el doctor. Así como tan solo 329 pacientes han sido excepcionalmente evacuados de la Franja desde el pasado mes de mayo.
El 17 de noviembre, en una operación conjunta de varios organismos de la ONU, se logró entregar 10.000 litros de combustible en el Hospital Kamal Adwan, así como trasladar al hospital Al Shifa a 17 pacientes, tres niños no acompañados y sus 22 cuidadores. Sin embargo, solo un bajo porciento de las misiones planificadas lograron su objetivo, y muchos suministros previstos a entregar terminaron en los puntos de control israelíes.
Una situación igual de crítica sufren otros hospitales como el Hospital Al Awda, en Jabaliya, en el cual se pudo entregar combustible y suministros médicos, así como trasladar a 15 pacientes a Al Shifa, pero los israelíes bloquearon el suministro de alimentos y agua al centro. En ese sentido, la Asociación Sanitaria y Comunitaria Al Awda advirtió de que el centro solo funciona cuatro horas al día para prestar servicios sanitarios esenciales y necesita urgentemente alimentos, agua, unidades de sangre y suministros de oxígeno.
El representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el embajador Alexander Yánez, afirmó este viernes que «Venezuela no reconoce los mandatarios impuestos a países bajo criterios selectivos, politizados y doble estándar».
Con estas palabras expresó su rechazo al debate de los países miembros sobre la renovación del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos sobre el país.
«Los países occidentales insisten en convertir este consejo en un instrumento de cohesión y chantaje, en un tribunal de inquisición contra los pueblos y los gobiernos del sur global», añadió.
Algunos países miembros «están conduciendo al consejo a correr la misma suerte que la extinta comisión de derechos humanos», a la vez, recordó que en 2019 Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y el antiguo Grupo de Lima «diseñaron esta resolución con el propósito de aplicar lo que llamaron la máxima presión sobre Venezuela», aseveró y agregó, «a través de la manipulación de los instrumentos y fines de este consejo buscaban imponer la fracasada doctrina del cambio de gestión, que empezaba por reconocer un fantasioso gobierno interino, juramentado en una plaza pública, no electo por nadie, sin apoyo popular, al que no se le solicitaron actas, pero que justificaba el derrocamiento de un gobierno popular que no le gustaba al régimen de Washington».
Señaló que el 94 % de los copatrocinadores de la resolución «reconocieron el fantasioso gobierno interino sin actas y sin elección», a la que cuestionó si «¿Queda alguna duda sobre la politización de este documento? ¿Queda alguna duda de que sus objetivos no son los derechos humanos?».
El representante venezolano ante el consejo los invitó a revisar la lista de países que apoyan la resolución, y destacó que allí hallarán «los nombres de los principales responsables de las invasiones y golpes de Estado ocurridos en Chile, Honduras, Guatemala, El Salvador, Granada, Panamá, Vietnam, Afganistán, Yugoslavia, Irak, Libia, Siria, Palestina, Líbano y un largo etcétera”.
«¿Quienes planificaron y ejecutaron estas invasiones? ¿Realmente les importan los Derechos Humanos? De ser así, ¿por qué el silencio o complicidad sobre el genocidio en Palestina?», preguntó.
Asimismo, el embajador manifestó que «el presupuesto previsto para los dos mandatos de esta resolución es de 8 millones 995.500 dólares estadounidenses, este documento injerencista supone un gasto diario de 12.322 dólares».
Ante esto, el representante cuestionó al consejo «¿Hasta cuando se permitirá que se derroche el dinero de los mandatos politizados que no tienen logros tangibles ni significativos sobre la cooperación en Derechos Humanos?».
Para finalizar, aseguró que «votar en contra de este documento político, es una denuncia a la injusticia histórica contra los pueblos del sur global».
La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles una resolución que exige el fin de la ocupación israelí en los Territorios Palestinos Ocupados, un paso histórico que responde a la opinión de la Corte Internacional de Justicia.
El texto, presentado por Palestina y copatrocinado por decenas de países, entre ellos Cuba, recibió 124 votos a favor, 14 en contra y 43 abstenciones.
El proyecto califica de ilegal la presencia israelí y establece su salida en un plazo de doce meses.
“La Asamblea General exige que Israel ponga fin sin demora a su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado, que constituye un hecho ilícito de carácter continuado que genera su responsabilidad internacional, y que lo haga a más tardar doce meses después de la aprobación de la presente resolución”, considera el documento.
A la par, reclama el cumplimiento sin dilación de las obligaciones jurídicas de Israel de acuerdo con el derecho internacional.
La resolución exige además la devolución de las tierras, bienes inmuebles y activos confiscados desde el inicio de la ocupación en 1967, así como de todos los bienes y activos culturales arrebatados a los palestinos y sus instituciones.
Aunque las decisiones del foro no son vinculantes, los proyectos aprobados ostentan un gran peso político al acoger el voto de todos los estados miembros de Naciones Unidas.
Poco antes de su aprobación, el secretario general de la ONU, António Guterres, confirmó que cumpliría con todo lo establecido por el texto de ser aprobado por el foro de 193 países.
Por su parte, el embajador palestino ante las Naciones Unidas, Riyad Mansour, consideró indispensable una resolución justa para alcanzar la paz en Medio Oriente.
“Palestina es una parte importante de la historia universal y el pueblo palestino es parte integral de la humanidad. Ni nuestro país ni nuestro pueblo desaparecerán”, recalcó.
En julio de este año, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pidió expresamente a los organismos y estados miembros “tomar medidas” contra la presencia israelí en Cisjordania y otros territorios ocupados.
El máximo tribunal de Naciones Unidas exigió además “cesar inmediatamente todas las nuevas actividades de asentamiento” y recomendó a otros estados no reconocer la presencia ilegal de Israel en demarcaciones palestinas.
“Las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, tienen la obligación de no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal del Estado de Israel en el territorio palestino ocupado”, dijo además la Corte en una opinión consultiva.
La CIJ instó a otros organismos de la ONU, como la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, a considerar las modalidades precisas y las medidas adicionales necesarias para poner fin lo antes posible a esa presencia ilegal.
