Las organizaciones nucleadas en la Central Obrera Boliviana (COB), junto a movimientos sociales y campesinos, continúan este lunes 1 de junio las protestas y bloqueos en diferentes regiones de Bolivia contra las medidas neoliberales del Gobierno de Rodrigo Paz, tras decidir en la víspera el rechazo unánime a la convocatoria de diálogo del Ejecutivo, durante un encuentro ampliado nacional.
Como respaldo a la medida, una multitudinaria marcha de trabajadores recorrió 25 kilómetros desde la ciudad de El Alto hasta las inmediaciones de la plaza Murillo, sede de los poderes públicos en La Paz, para exigir la renuncia de Paz y manifestar su rechazo al intento de restaurar el Estado neocolonial.
Las organizaciones obreras denuncian una campaña de persecución judicial, evidenciada en la orden de aprehensión vigente contra su principal dirigente, Mario Argollo, la cual el Poder Judicial evitó suspender.
Por este motivo, las organizaciones populares sostienen 80 puntos de bloqueos en seis de los nueve departamentos del país, con mayor concentración en Cochabamba, donde existen 32 cortes de ruta, y 19 en La Paz, según datos de la Administradora Boliviana de Carreteras.
La paralización del transporte terrestre genera un severo desabastecimiento de alimentos y el incremento de precios en La Paz y El Alto. Asimismo, la falta de gasolina por seis días consecutivos provocó protestas de cientos de conductores que realizaban filas de hasta cuatro días, quienes obstaculizaron el tránsito de forma independiente para demandar el suministro inmediato de combustibles.
La tensión social, que supera los 30 días, se agudiza tras la anulación, por parte de la Asamblea Legislativa controlada en un 93% por la derecha, de la ley que limita la declaratoria del estado de excepción. Esta paso dejó al Ejecutivo con la vía libre para incorporar a las FF.AA. a la represión de la protesta social ante la resistencia de la Central Obrera Boliviana y demás gremios, organizaciones y movimientos sociales movilizados.
Diálogo roto y la defensa del Gobierno
Los esfuerzos de mediación llevados a cabo de forma conjunta por la Iglesia católica, la Vicepresidencia del Estado y el Defensor del Pueblo se encuentran estancados.
Desde la Defensoría del Pueblo se emitió una alerta manifestando que el lenguaje de confrontación, amenazas e insultos empleado por diversos voceros gubernamentales está dinamitando cualquier opción de acercamiento con la dirigencia obrera y del transporte.
Mientras las principales urbes del país sufren la carencia severa de alimentos, combustibles e insumos médicos esenciales en los centros de salud públicos, la Administración de Rodrigo Paz defendió la validez de sus medidas antipopulares.
Desde el Ejecutivo señalaron que los mecanismos de excepción constitucional constituyen el último recurso democrático para preservar el orden interno, argumentando que las mesas de negociación con los sectores en conflicto se encuentran totalmente agotadas ante la intransigencia de las demandas políticas de los manifestantes.
F/Telesur
