El gobierno del presidente José Antonio Kast enfrenta un nuevo conflicto político tras el anuncio de su plan de “Reconstrucción”, una iniciativa legislativa que agrupa cerca de 40 medidas en áreas diversas bajo un solo proyecto.
La propuesta ha generado alarmas en la oposición, que acusa al Ejecutivo de limitar el debate democrático y reducir el rol del Congreso mediante un mecanismo considerado inconstitucional.
El proyecto de Kast llega luego de darse a conocer por un sondeo efectuado por Cadem el pasado domingo que un 52 por ciento de los encuestados consideran que el gobierno va peor de lo que se esperaba en medio de un escenario tenso a nivel de política.
La propuesta también tiene en la mayoría de sus puntos un impacto directo en la población como es el caso de la reducción del impuesto corporativo a las grandes empresas de un 27 a un 23 por ciento y también en el sector educacional al limitar las posibilidades de acceso a la educación superior en edades avanzadas.
Las 40 medidas llegan en un contexto complejo donde las clases medias y bajas sufren el alza del combustible, además de una estrechez de recursos que solo potenciaría ese escenario para estos sectores. El malestar se ha hecho notar desde antes del anuncio tras considerar que Kast protagoniza un gobierno peor de lo que consideraron los chilenos, y podrían aumentar las movilizaciones y cacerolazos al entrar en juego un proyecto que tensa aun más la situación.
La medida ha generado polémica no solo en la población, sino también en el entorno político donde incluso parte del entorno de Kast también cuestiona la implantación de la propuesta en su totalidad como busca hacer el presidente, quien ha presionado para que se apruebe de manera urgente.
Sin embargo, legisladores advirtieron que podrían rechazar el proyecto o recurrir al Tribunal Constitucional (TC) si no se separan las iniciativas, ya que el núcleo de la crítica radica en el carácter misceláneo de la llamada “ley ómnibus”, que mezcla ajustes tributarios, medidas ante desastres, cambios en la “permisología” y modificaciones educacionales.
El jefe de bancada socialista, Raúl Leiva, acusó al gobierno de intentar forzar una tramitación acelerada para “meter en una sola olla a presión” reformas de alto impacto, evitando el escrutinio detallado de las comisiones. Por su parte, el diputado Álvaro Ortiz señaló que mezclar reconstrucción con la rebaja del impuesto corporativo del 27 por ciento al 23 por ciento podría constituir una “reforma tributaria encubierta” y una causal de inconstitucionalidad.
El constitucionalista y diputado Jaime Bassa expresó que un proyecto con múltiples objetivos difícilmente cumple con el estándar de unidad temática. A diferencia de precedentes acotados o de la gestión post-terremoto de 2010, ejemplos de proyectos multitemáticos dentro del propio Chile, pero con la diferencia de haberse tramitado las medidas por separado, el plan actual concentra reformas sin consenso previo.
La oposición denuncia que, bajo el paraguas de la emergencia, se avanza en una agenda ideológica que favorece al sector empresarial y debilita derechos sociales. Las medidas terminan condicionando a la población de clase media y baja, además de considerar que la propuesta del presidente constituye una forma de concentrar el poder y reducir así el debate democrático en el país.
Desde La Moneda, el ministro García pidió cautela y defendió el diseño como parte de un “gobierno de emergencia” necesario para fomentar el empleo y dar respuestas rápidas. Sin embargo, el conflicto anticipa una confrontación institucional que pondrá a prueba el equilibrio entre la urgencia gubernamental y las reglas del proceso legislativo en Chile.
