Las protestas prosiguen hoy en Ecuador por noveno día consecutivo, en el contexto del paro nacional impulsado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que presentó 10 demandas al Gobierno de Daniel Noboa.
Entre ellas destacan la derogatoria del Decreto Ejecutivo 126, que eliminó el subsidio al diésel, motivo que detonó el llamado al paro.
Además, el movimiento indígena pide al Ejecutivo la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 al 12 por ciento, el cese de la expansión minera y extractivista, la liberación de los 12 detenidos en Otavalo, provincia de Imbabura, y respeto al derecho a la protesta.
El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, afirmó que el paro nacional continuará también en reclamo de soluciones para la crisis de salud y educación pública, por garantías plenas para la vida y la seguridad de todos los ecuatorianos.
Precisó que con las protestas rechazan la consulta popular y la propuesta de una Asamblea Constituyente, que según la Conaie no resolverá los problemas del país.
En el contexto de las movilizaciones, el dirigente pidió una investigación internacional por la muerte de Efraín Fueres, comunero indígena fallecido en Cotacachi, provincia de Imbabura, baleado por la fuerza pública, y exigió el cese inmediato de la violencia contra pueblos indígenas y ciudadanía.
Desde el Gobierno, la vocera Carolina Jaramillo descartó cualquier negociación y reiteró que el presidente Noboa no retrocederá en la eliminación del subsidio.
Las manifestaciones, iniciadas el pasado 22 de septiembre, dejan hasta ahora un muerto, 48 heridos y más de 100 detenidos, mientras la Conaie insiste en que no dará “ni un paso atrás” hasta que se derogue el decreto que elevó el precio del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón.
Este lunes, mientras en Imbabura sigue la resistencia, gremios estudiantiles y de trabajadores protestaron en Quito no solo contra el incremento del diésel, sino ante problemas como la falta de medicinas, empleo y seguridad, señaló el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Nery Padilla.
El máximo líder de Conaie rechazó las acusaciones del Gobierno de que los integrantes de esa organización son terroristas o están financiados por las mafias del narcotráfico.
Entretanto, la Presidencia insiste que al menos 17 militares están retenidos en comunidades indígenas, y piden su liberación, aunque el presidente de la Conaie dijo que “eso es solamente un invento para ingresar al territorio, asesinar y fusilar”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur lamentó la muerte de Fueres, instó a un “diálogo urgente” y advirtió que el despliegue militar en protestas sociales conlleva un “riesgo real de violaciones de derechos humanos”.
