El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, expresó el miércoles su profunda preocupación por la masacre ocurrida en dos favelas de la ciudad de Río de Janeiro que dejó más de 130 muertos.
La declaración fue realizada por su portavoz, Stéphane Dujarric, en una conferencia de prensa celebrada un día después de la masacre ocurrida durante una operación policial contra supuestos narcotraficantes.
De acuerdo al vocero de la ONU, Guterres subraya que «el uso de la fuerza en las operaciones policiales debe cumplir con las leyes y normas internacionales de derechos humanos, e insta a las autoridades a llevar a cabo una investigación inmediata«.
Bajo el supuesto argumento de «contener la expansión del Comando Vermelho», la operación policial coordinada por el gobierno de Río de Janeiro se convirtió en la peor masacre en la historia del estado y en la mayor del país sudamericano, superando la masacre de Carandiru de 1992 dentro de una prisión ubicada en pleno centro de Sao Paulo.
En ese hecho 341 policías militares, fuertemente armados, ingresaron al penal para sofocar un motín. En apenas veinte minutos, asesinaron a 111 presos y dejaron heridos a más de un centenar.
En la víspera, los residentes de las favelas de Alemão y Penha, en Río de Janeiro, seguían contando los cuerpos de sus víctimas. El martes, en el recuento inicial, se contabilizaron 64 personas asesinadas.
Horas después, la cifra ascendió a 132, según datos oficiales publicados por la Secretaría de Seguridad Pública de Río de Janeiro.
También el miércoles, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenó al gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, que presentara aclaraciones sobre la Operación Contenção.
Moraes programó una audiencia para el próximo lunes 3, que se celebrará en Río de Janeiro, para tratar el caso.
La decisión del magistrado se emitió en el marco del proceso conocido como ADPF das Favelas, una acción en la que el Tribunal ya ha determinado medidas para combatir la letalidad policial en la capital de Río de Janeiro.
El gobernador de Río de Janeiro tendrá que dar explicaciones sobre el operativo, así como sobre las medidas adoptadas para ayudar a las víctimas y sus familias, incluida la presencia de ambulancias.
Según el Tribunal Supremo Federal de Brasil, las autoridades policiales deberán ofrecer respuesta en varios puntos, entre los que se encuentran.
Número de agentes implicados, identificación de las fuerzas implicadas y armas utilizadas; definición previa del nivel de fuerza apropiado y justificación formal para su uso; cifras oficiales de muertos, heridos y detenidos.
Además de la adopción de medidas para garantizar la rendición de cuentas en caso de abusos y violaciones de derechos y medidas adoptadas para ayudar a las víctimas y sus familias, incluida la presencia de ambulancias.
