Los sindicatos de Petroperú denunciaron este miércoles en Lima el plan de privatización estatal impulsado por el Gobierno de Keiko Fujimori, tras el polémico nombramiento de Oliver Stark al frente de la mayor empresa petrolera del país.
La designación de Oliver Stark como presidente del directorio desató el rechazo inmediato de la representación laboral. Las organizaciones gremiales sostienen que esta medida, promovida bajo la gestión de Fujimori, pretende ceder la administración de la petrolera estatal a consorcios privados.
Stark asumió nuevamente la dirección tras haber liderado la entidad en 2024, periodo en el cual declaró una crisis financiera para sugerir la incorporación de capitales externos en la firma nacional.
Los trabajadores alertan que este proceso da continuidad al Decreto de Urgencia 10-2025 aprobado en diciembre de 2025 por la administración interina de José Jerí.
Dicha normativa legaliza la reestructuración de la compañía mediante la venta de activos estratégicos, entre los que destaca la refinería de Talara, una de las plantas de refinación más modernas de América Latina.
Los sindicatos critican que, tras siete meses de aplicar este esquema de inversión pública, la directiva no reporta balances financieros favorables.
Además, cuestionan la intervención de Proinversión, organismo adscrito al Ministerio de Economía que carece de experiencia técnica en el sector de los hidrocarburos.
Asimismo, los portavoces sindicales calificaron de contradictorios los pronunciamientos del ministro de Economía, Elmer Cuba, respecto al rumbo financiero de la corporación.
El politólogo Rey Camiloaga aseveró que el intento de desmantelar la empresa responde a una agenda neoliberal instaurada en la década de 1990 para favorecer a intereses corporativos.
El analista recalcó que Petroperú cumple una función social indispensable al regular las tarifas de combustible frente a las fluctuaciones del mercado internacional. Aunque el Poder Ejecutivo niega la venta total del patrimonio público, los gremios exigen la instalación de una mesa de diálogo directo para trazar una estrategia de recuperación operativa que resguarde la soberanía energética del país suramericano.