Perú lleva semanas de zozobra por el incremento de la inseguridad, que ya ha sido confirmada por datos oficiales y que llevó al gremio de transportistas a realizar un paro de 72 horas. Ante esto, autoridades han abogado por endurecer las leyes.
Y el proyecto estrella en su momento fue el de «terrorismo urbano», planteado por varios congresistas y debatido en dos ocasiones. Primero el 3 y luego el 11 de octubre. En ambas ocasiones optaron por un cuarto intermedio (pausa) para pulir el texto.
El mismo 3 de octubre el Gobierno envió un proyecto de ley para precisamente adicionar el delito de «terrorismo urbano» en una modificación al Código Penal. Se trata de la propuesta 9085, que aparte de lo mencionado, incluye medidas controversiales, como sanción a quienes paralicen vías.
«El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier índole, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años», detalla.
Sumado a esto, determina que militares y policías que «sean denunciados por actos realizados en cumplimiento de sus funciones», durante la vigencia de los estados de emergencia, sean investigados y procesados en fuero militar.
Controversia mayúscula
En este contexto, sumado a críticas de diversos sectores, algunas bancadas prefirieron no votar el dictamen. En el último debate, además, abogaron por cambiar la denominación de «terrorismo urbano».
Tres días después, el 14 de octubre la Comisión de Justicia y Derechos Humanos presentó un texto sustitutorio que en vez de incorporar el delito de «terrorismo urbano», añade el de «criminalidad sistemática» y descarta los lineamientos sugeridos por el Ejecutivo.
Un tipo penal que, de ser aprobado, recaería en toda persona que cometa «no menos de tres actos típicos de grave intensidad», como extorsión, lesiones severas u organización criminal, con al menos 35 años de cárcel.
«Cuando el delito de criminalidad sistemática comprende el ejercicio de las conductas» como extorsión, robo agravado, secuestro u homicidio calificado con gran crueldad o alevosía, «se aplica la cadena perpetua», estipula.
Respuesta inmediata
Este martes el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, pidió enfáticamente a los parlamentarios que rectifiquen y continúen con la idea original de «terrorismo urbano», luego de expresar sus «sinceras condolencias» por el asesinato de un profesor perpetrado en la víspera en un colegio.
«Señores, ¡hay que llamar las cosas por su nombre! ¡Nada de eufemismos! Estamos frente a una situación que requiere el compromiso de todos y por eso mi especial llamado al Congreso de la República para que acoja la figura de terrorismo urbano», instó.
En declaración a los medios locales, precisamente desde el Congreso, afirmó que con la propuesta del Ejecutivo se otorgaría a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional «la herramienta legal que requiere para enfrentar» a los criminales.
Entretanto, el pleno debatirá nuevamente sobre este asunto. Están convocados para miércoles y jueves de esta semana con el nuevo texto que aborda la «criminalidad sistemática» en Perú.
