Venezuela denunció ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que las agresiones de EE.UU. contra el país suramericano son una gran «extorsión».
«Se trata de la mayor extorsión conocida en nuestra historia, de un gigantesco crimen de agresión en desarrollo, fuera de todo parámetro racional, de toda lógica legal, de todo precedente histórico», dijo en el foro Samuel Moncada, representante permanente de Venezuela ante la ONU.
En su intervención, Moncada recordó que desde EE.UU. han afirmado públicamente que quieren «anexarse» a Venezuela a su territorio.
«Su presidente (Donald Trump), el pasado 16 de diciembre nos exigió que de inmediato le entregáramos nuestras tierras, nuestro petróleo y nuestros minerales, porque supuestamente le pertenecen. Dijo que si no cumplimos con su ultimátum descargaría entonces la furia de la mayor Armada de la historia sobre nuestro país», enfatizó.
Por tanto, Moncada señaló que están en presencia de un poder que «actúa al margen del derecho internacional» y que «exige a venezolanas y venezolanos» que desalojen a su país; o de lo contrario «ejecutará un ataque armado que viene anunciando desde hace semanas».
«Ambición continental»
«El mundo debe saber que la amenaza no es Venezuela, la amenaza es el actual Gobierno de los EE.UU.», dijo Moncada.
Durante su alocución, el diplomático alertó que este asunto de agresiones de EE.UU. no se trata solo de Venezuela, sino que «la ambición es continental» y «así lo ha expresado el Gobierno estadounidense en su Estrategia de Seguridad Nacional», donde «afirma que el futuro del hemisferio le pertenece, con la aplicación de la Doctrina Monroe en el siglo XXI, ahora agravada con el corolario Trump».
«Alertamos al mundo, Venezuela es solo el primer objetivo de un plan mayor. El Gobierno estadounidense nos quiere divididos para conquistarnos por pedazos», advirtió.
Explicó que la primera evidencia del plan de Washington para imponer su poder en la región son los asesinatos en el mar Caribe y en el océano Pacífica efectuados por la actual Administración de Trump a lo largo de los últimos meses, «en flagrante violación del derecho internacional y los derechos humanos». Recordó que se han realizado «más de 29 ataques, que han resultado en más de 101 víctimas civiles no combatientes en ausencia del conflicto armado».
«Que quede claro de una vez por todas, no existe una guerra en el Caribe, no existe un conflicto armado internacional, tampoco existe un conflicto armado no internacional; por lo cual es absurdo que el Gobierno de los EE.UU. pretenda justificar sus acciones aplicando las normas de derecho de guerra», manifestó.
Asimismo, subrayó que con las acciones recientes, «queda absolutamente claro que el Gobierno de los EE.UU. no solo viola el derecho internacional, sino también el de su propia legislación interna».
El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debate este martes la escalada de agresiones de EE.UU. contra Venezuela, que incluyen desde un declarado «bloqueo naval» hasta amenazas de uso de la fuerza.
Desde agosto pasado, Washington inició el despliegue militar más grande de las últimas décadas en las costas del Caribe, bajo el supuesto alegato del combate al narcotráfico, del que responsabiliza sin pruebas al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro. No obstante, esta narrativa fue mutando con el paso de los días y ahora se centra en la abierta apropiación de los recursos energéticos de la nación suramericana.
Caracas ha calificado estas acciones como una estrategia hostil de la Casa Blanca para forzar un «cambio de régimen», cuyo objetivo último sería apoderarse del petróleo venezolano y de otros recursos estratégicos.
Recuento de acciones hostiles de EE.UU.
En la sesión, el secretario general adjunto para Medio Oriente, Asia y el Pacífico, Khaled Khiari, manifestó que «la presencia de operaciones militares de EE.UU. en las costas venezolanas han aumentado», lo que «ha incrementado las tensiones entre ambos países».
Khiari recordó lo expresado por el alto comisionado de ese organismo para los derechos humanos, Volker Türk, «declaró que los ataques de EE.UU. contra embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, presuntamente vinculadas a tráfico de estupefaciente vulneran los derechos humanos» y pidió «investigaciones prontas y transparentes».
En su recuento también mencionó la denominación del Cartel de los Soles como «organización terrorista extranjera» por parte de Washington y el «cierre» del espacio aéreo venezolano, lo que ha hecho que las grandes aerolíneas cancelen o suspendan sus vuelos al país suramericano, lo que ha sido tildado por Caracas como «un intento de imponer un bloque aéreo».
El secretario general adjunto del mismo modo recordó que EE.UU. «confiscó» dos buques petroleros en costas venezolanas y que persiguió a un tercer tanquero. Del mismo modo, refirió que la Administración de Trump designó al Gobierno venezolano como «organización terrorista extranjera» y «ordenó el bloqueo total y absoluto de los buques petroleros que entren o salgan» al país suramericano.
«La ambición es continental»
El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, manifestó:
«Estamos en presencia de un poder que actúa al margen de derecho internacional y que pide que desalojemos nuestro país, de lo contrario ejecutará un ataque armado que viene anunciado desde hace semanas»
Las intervenciones a favor de la paz
Durante su intervención, el embajador alterno de Pekín ante el organismo, Geng Shuang, expresó que China «se opone a todos los actos de unilateralismo y acoso» de EE.UU. contra Venezuela, así como a la intromisión de Washington en «los asuntos internos» de ese país suramericano.
Por su parte, Rusia catalogó de «auténtico acto de agresión» el bloqueo naval impuesto por EE.UU. a Venezuela y advirtió que «Washington es claramente responsable de las catastróficas consecuencias que este comportamiento ‘cowboy’ tiene para los habitantes del país bloqueado», afirmó.
Del mismo modo, aseveró que la agresión estadounidenses contra el país suramericano «no es una acción puntual» sino que «podría convertirse en un modelo» para intervenir a otros países de forma autoritaria.
En su turno, el representante de Sierra Leona recordó la importancia que tiene mantener la paz para América Latina y llamó a «evitar medidas que aumenten la tensión» y a mantener la «calma, moderación y diplomacia». Asimismo, ratificó el principio de «soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales» y cerró diciendo: «Que reine la paz y bienaventurados sean los pacificadores».
La representación de Grecia pidió «la solución pacífica de cualquier controversia con la diplomacia» y advirtió que «una escalada, podría tener repercusiones para la estabilidad de la región», por lo que se mostró «dispuesta a apoyar los esfuerzos para desescalar tensiones de acuerdo al derecho internacional».
Sanciones «al máximo»
En su participación, la delegación estadounidense ratificó la postura hostil de su Gobierno contra Caracas y ratificó que mantendrá las sanciones unilaterales contra la nación suramericana.
«Impondremos y haremos respetar las sanciones al máximo para privar a Maduro de usar los recursos para financiar al Cártel de los Soles y al Tren de Aragua», afirmó el embajador de los EE.UU. ante las Naciones Unidas, Michael Waltz.
En su discurso, Reino Unido evitó mencionar a EE.UU. y expresó que «reafirma su compromiso inquebrantable con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas». Del mismo modo, agregó que «estos principios son esenciales para mantener la paz mundial, la seguridad y el estado de derecho».
Muertes, bloqueo y ‘piratería’
La ambiciosa operación militar a gran escala de Washington ha dejado un rastro de sangre en la región. Hasta el momento, más de 100 personas han muerto en más de una veintena de bombardeos perpetrados por EE.UU. contra pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.
Al respecto, la ONU ha pedido investigaciones independientes «urgentes» y ha llamado al Gobierno estadounidense a «tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales».
Entretanto, Washington ha desplegado 15.000 efectivos militares en buques de guerra, portaviones, aviones y helicópteros en la región. En ese contexto, el mandatario estadounidense incrementó aún más la tensión, al ordenar el «bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela».
Trump basa sus hostilidades en acusaciones infundadas contra el país suramericano, cuyas reservas de crudo son las más grandes del mundo. Sin embargo, su argumento dio un giro inesperado la semana pasada: bajo la lógica del inquilino de la Casa Blanca, el Gobierno de Maduro usa «el petróleo, la tierra y otros activos», que supuestamente le habrían sido «robados» a EE.UU., para financiar el «narcoterrorismo».
Esta afirmación, que carece sustento histórico y de fundamento, ha sido rechazada por Venezuela, que ha ratificado la soberanía sobre su industria petrolera y el derecho pleno y constitucional del país suramericano sobre sus recursos naturales.
Luego de ordenar el «bloqueo naval», al menos dos buques petroleros han sido asaltados recientemente por militares estadounidenses en las costas venezolanas, lo que ha sido tildado como un «acto de piratería» por el Gobierno venezolano.
Caracas ha dicho que «ejercerá todas las acciones correspondientes, incluyendo la denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, otros organismos multilaterales y los gobiernos del mundo», en una reunión que se prevé de alta tensión.
Reacciones previas
La víspera de la sesión en el Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller venezolano, Yván Gil, informó que había sostenido una conversación con su par ruso, Serguéi Lavrov, en la que repasaron «las agresiones y violaciones flagrantes al derecho internacional que se vienen cometiendo en el Caribe».
En esta comunicación, Rusia ratificó que «brindará toda su cooperación y apoyo a Venezuela en contra del bloqueo, manifestando total respaldo a las acciones emprendidas en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU», según manifestó Gil.
La nación suramericana también agradeció la declaraciones de China, que alertó que «el acto de EE.UU. de interceptar arbitrariamente embarcaciones de otros países constituye una grave violación al derecho internacional».
Del mismo modo, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela leyó una carta escrita por Maduro, en la que el mandatario insta a los países que integran Naciones Unidas a «condenar explícitamente las acciones de piratería y ejecuciones extrajudiciales» que realiza EE.UU. en la región.
Asimismo, llama a la comunidad internacional a exigir «el cese inmediato del despliegue militar, el bloqueo y los ataques armados» de EE.UU., ya que «la inacción ante la agresión tiene consecuencias devastadoras».
«Confesión pública de acto criminal»
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, ha advertido que el aumento de las hostilidades de Washington en el Caribe pone en riesgo «la estabilidad energética mundial», tras tachar de «vulgar acto de piratería» la orden dada por Trump de bloquear los buques petroleros.
Del mismo modo, Trump ya ha designado a la Administración de Maduro como «organización terrorista extranjera» y asomó en días pasados que no descarta abrir un frente de guerra contra el país suramericano.
También, desde la ONU, el representante permanente de Venezuela ante esa organización, Samuel Moncada, calificó la orden de bloqueo emitida por Trump como una «confesión pública de acto criminal» y de «monstruosa declaración».
«La diplomacia de las cañoneras no tiene cabida en el siglo XXI. La República Bolivariana de Venezuela defenderá su soberanía, integridad territorial e independencia en todos los campos necesarios con el fin de mantener la paz y la seguridad de la nación y restituir la legalidad internacional», aseveró.
El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebrará una reunión de emergencia este martes, tras la petición de Venezuela, que ha denunciado la escalada de agresiones de EE.UU. en su contra.
La víspera, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, emitió una carta dirigida a los países miembros de Naciones Unidas para alertar sobre «una escalada de acciones de extrema gravedad por parte del Gobierno de EE.UU.», que amenaza con «desestabilizar a toda la región y al sistema internacional en su conjunto».
En el texto, leído en la sede de la Cancillería por el ministro para Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, Maduro llamó los líderes de otros países a «condenar explícitamente las acciones de piratería y ejecuciones extrajudiciales» de EE.UU. en la región y a exigir «el cese inmediato del despliegue militar, el bloqueo y los ataques armados».
Desde agosto pasado, Washington mantiene el despliegue militar más grande de las últimas décadas en las costas del Caribe, bajo el supuesto alegato del combate al narcotráfico, del que responsabiliza sin pruebas al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro. No obstante, esta narrativa fue modificándose con el paso de los días y ahora se centra en la abierta apropiación de los recursos energéticos de la nación suramericana.
Advertencia a la ONU
Como paso previo a la sesión del Consejo de Seguridad, el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, enfatizó en una carta oficial que «la diplomacia de las cañoneras para los pueblos pertenece a una época ya superada por la humanidad».
«Los Estados Unidos de América está imponiendo el caos y la destrucción en las relaciones internacionales del mismo modo en que lo hicieron los actores malignos que provocaron la Segunda Guerra mundial. El Consejo de Seguridad, encargado de garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, debe evitarlo», dijo.
En la misiva, en la que se enumera la batería de hostilidades que incluyen el anunciado bloqueo naval, Caracas advirtió que «si el Consejo de Seguridad ignora este crimen de agresión, patente en el mundo, estaría aceptando la destrucción de todo el sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas».
Paralelamente, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, garantizó el lunes a Gil su «total respaldo a las acciones emprendidas en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU».
En octubre pasado se llevó a cabo una reunión urgente de ese cónclave, ante el «despliegue militar sin precedentes de EE.UU. en el Caribe», que incluye en la actualidad la presencia de destructores misilísticos, tropas élite y un submarino nuclear.
En esa ocasión Moncada señaló que la Administración de EE.UU. tenía como pretensión derrocar a Maduro para «instalar un régimen títere» y convertir a la nación suramericana en una «colonia» estadounidense.
«¿Qué derecho tienen los EE.UU. para militarizar la región del Caribe? Ninguno. ¿Qué derecho tienen los EE.UU. para ejecutar civiles que tienen derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso?, Ninguno», cuestionó.
Agresión estadounidense contra Venezuela
Además del amplio despliegue militar en el mar Caribe y de los bombardeos contra presuntas narcolanchas, EE.UU. ha empezado a incautar buques que transportan crudo venezolano, acciones que el Ejecutivo de Maduro tacha de «robo» y «acto de piratería».
El mandatario estadounidense, Donald Trump, ordenó «el bloqueo total y completo» de entrada y salida de Venezuela de barcos petroleros sancionados, tras acusar infundadamente a Caracas de «robar» crudo, «tierras y otros activos» de su país.
A este respecto, el Gobierno venezolano recalcó la soberanía de Venezuela sobre todas sus riquezas y alertó que Trump busca imponer «de manera absolutamente irracional» un bloqueo militar naval al país con el objetivo de «robar» sus recursos naturales, que «asume que son de su propiedad».
El ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Yván Gil, leyó un comunicado del presidente de la República, Nicolás Maduro, en el que denuncia la escalada de agresiones por parte de Estados Unidos en el mar Caribe, incluyendo un despliegue militar que constituye a una amenaza directa del imperio norteamericano.
El documento, dirigido a los jefes de Estado del mundo, denuncia los ataques armados contra embarcaciones civiles en el Caribe y Pacífico que causaron 104 víctimas y califica de piratería el secuestro de dos buques con petróleo venezolano.
La carta advierte que el bloqueo del comercio energético afectará al suministro mundial e invita a los gobiernos de todo el mundo a exigir el cese inmediato de estas acciones.
A continuación el comunicado Íntegro:
Caracas, 22 de diciembre de 2025
Excelentísimo
Presidente
Reciba un saludo fraterno del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, nación que hoy vive en paz, con estabilidad institucional, crecimiento económico sostenido y una firme vocación de diálogo, cooperación y entendimiento entre los pueblos, pese a haber sido sometida durante años a medidas coercitivas unilaterales y presiones externas.
Es precisamente porque Venezuela avanza, se recupera y ejerce soberanamente sus derechos, que me dirijo a Ud. para alertarle sobre una escalada de agresiones de extrema gravedad por parte del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, cuyos efectos trascienden a mi país y amenazan con desestabilizar a toda la región y al sistema internacional en su conjunto.
El 14 de agosto de 2025, Estados Unidos ordenó el mayor despliegue naval y aéreo en el Mar Caribe de las últimas décadas, incluido un submarino nuclear, frente a las costas venezolanas, bajo la supuesta justificación de una operación antidrogas denominada “Operación Lanza del Sur”.
Este acto constituye una amenaza directa del uso de la fuerza, prohibida por el artículo 2, numeral 4, de la Carta de las Naciones Unidas, y vulnera tanto la declaración de la Zona de Paz de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC) de 2014, como el Tratado de Tlatelolco, que determina esta región como libre de armas nucleares. Venezuela no ha cometido acto alguno que justifique esta intimidación militar.
Entre el 2 de septiembre y el 18 de diciembre de 2025, fuerzas estadounidenses perpetraron 28 ataques armados contra embarcaciones civiles en el Mar Caribe y el Océano Pacífico Oriental, con un saldo de 104 personas ejecutadas extrajudicialmente, muchas de ellas en condición de naufragio.
Estos hechos violan de manera directa y reiterada: el derecho a la vida (artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos); los Convenios de Ginebra de 1949, que obligan a proteger a civiles, heridos y náufragos en el mar y el Protocolo Adicional I de 1977, que impone la distinción absoluta entre población civil y combatientes.
No se trata de incidentes aislados, sino de una práctica sistemática de uso letal de la fuerza fuera de todo marco legal internacional e incluso del propio marco constitucional de los Estados Unidos, donde hoy se desarrolla un intenso debate, tanto en su congreso, como en la opinión pública, que condena mayoritariamente tales acciones.
En diciembre de 2025, Estados Unidos procedió al secuestro y robo de dos buques en alta mar, que contenían aproximadamente cuatro millones de barriles de petróleo venezolano, y anunció un bloqueo naval absoluto contra los tanqueros que transportan energía venezolana.
Estas acciones constituyen actos de piratería, entendida conforme al derecho internacional consuetudinario y a la práctica codificada por las Naciones Unidas, como actos ilegales de violencia, detención o depredación cometidos en alta mar contra buques y su carga.
El objeto principal de combatir la piratería es proteger la libertad de navegación y la inviolabilidad de los buques en alta mar, lo que lo convierte en un principio universal, claramente trasgredido en estas operaciones ilegales.
Que estos actos sean ejecutados por fuerzas armadas de un Estado los hace aún más graves, pues constituyen adicionalmente:
•Actos de agresión, conforme a la Resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU.
•Violaciones de la Convención sobre la Alta Mar de 1958, ratificada por Estados Unidos, que reconoce la jurisdicción exclusiva del Estado de pabellón.
•Ataques directos contra la seguridad de la navegación marítima y el comercio internacional, prohibidos por la Convención para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima.
La ejecución de la piratería estatal es una amenaza directa al orden jurídico internacional y a la seguridad global.
Excelencia, la historia nos ha enseñado que la inacción frente a la agresión y al desprecio por el derecho internacional tiene consecuencias devastadoras.
En la década de 1930, el silencio y la pasividad de la comunidad internacional frente al ascenso del nazismo condujeron a una tragedia humana sin precedentes: el Holocausto y una guerra mundial.
Hoy, salvando las diferencias históricas, la lógica es la misma: si se tolera el uso unilateral de la fuerza, la ejecución de civiles, la piratería y el saqueo de recursos de Estados soberanos, el mundo se encamina hacia un escenario de confrontación global de proporciones imprevisibles.
Venezuela reafirma su vocación de paz, pero también declara con absoluta claridad que está preparada para defender su soberanía, su integridad territorial y sus recursos, conforme al derecho internacional.
Sin embargo, advertimos responsablemente que estas agresiones no impactarán solo a Venezuela.
El bloqueo y la piratería contra el comercio energético venezolano:
•Afectarán el suministro de petróleo y energía.
•Incrementarán la inestabilidad de los mercados internacionales.
•Golpearán las economías de América Latina, el Caribe y del mundo, especialmente a los países más vulnerables.
La energía no puede convertirse en arma de guerra ni instrumento de coerción política.
Por todo lo expuesto, le hago este llamado de manera respetuosa y responsable, enfocando principalmente en que juntos:
1.Condenemos explícitamente estas acciones de agresión, piratería y ejecuciones extrajudiciales.
2.Exijamos el cese inmediato del despliegue militar, el bloqueo y los ataques armados.
3.Activemos los mecanismos del sistema multilateral para investigar, sancionar y prevenir la repetición de estos hechos.
Defender hoy a Venezuela es defender la paz, la legalidad internacional y la estabilidad del mundo.
Reciba Ud. mi más alta consideración y estima.
Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene previsto celebrar el próximo 23 de diciembre una sesión dedicada a la situación en Venezuela, tras una solicitud formal presentada por el país ante ese organismo internacional.
La reunión fue incluida en la agenda del Consejo, cuya presidencia ejerce actualmente Eslovenia, y está programada para las 15:00 horas (20:00 GMT), según información oficial difundida desde la sede de la ONU.
La convocatoria responde a una comunicación enviada por el representante permanente de Venezuela, Samuel Moncada, en la que se planteó la necesidad de tratar con carácter urgente las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que amenazan la soberanía nacional.
Desde la Misión Permanente de Eslovenia ante la ONU se confirmó la realización del encuentro. “Está previsto celebrar una reunión sobre Venezuela el martes 23 de diciembre”, indicó su portavoz, Laura Miklic.
En su solicitud, Venezuela instó al Consejo de Seguridad a debatir acciones que permitan preservar la legalidad internacional y garantizar el respeto al derecho internacional público.
El planteamiento venezolano se produce luego de que Trump advirtiera sobre un posible bloqueo militar a embarcaciones petroleras vinculadas al país, en un contexto de creciente tensión diplomática.
El representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, afirmó durante el 80.° período de sesiones que la República Bolivariana defenderá su soberanía, integridad territorial e independencia en todos los ámbitos necesarios para preservar la paz y la seguridad de la nación.
En su intervención, Moncada denunció los constantes ataques del Gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, al tiempo que subrayó que el país mantendrá una postura firme frente a cualquier acción que atente contra su autodeterminación.
En ese contexto, advirtió que el colonialismo sigue vigente en el escenario internacional y sostuvo que este “debe ser derrotado para proteger a todos los pueblos del mundo”.
El diplomático reiteró la adhesión de Venezuela a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos y el derecho inalienable de los pueblos a la libre determinación.
“Esta asamblea ha reconocido que el colonialismo en todas sus formas es incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales, pues obstaculiza el desarrollo social y socava el ideal de paz de la ONU”, expresó.
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sostuvo una conversación telefónica con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para alertar sobre el incremento de amenazas contra el país y sus implicaciones para la paz y la estabilidad regional.
Durante el intercambio, el Jefe de Estado denunció las recientes declaraciones públicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que afirmó de forma inaceptable que el petróleo, las riquezas naturales y el territorio venezolano le pertenecen. Indicó que estas expresiones, de abierto carácter colonial, fueron secundadas por el alto funcionario estadounidense Stephen Miller, quien también se atribuyó la propiedad de la industria petrolera venezolana.
El presidente Maduro subrayó que tales pronunciamientos deben ser rechazados categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, al constituir una amenaza directa contra la soberanía de Venezuela, el derecho internacional y la paz. Reiteró que el país ejerce plena soberanía sobre su territorio y sus recursos naturales, conforme a su Constitución y a los principios del orden jurídico internacional.
Asimismo, expuso ante el secretario general el asedio político, diplomático y económico que enfrenta Venezuela, así como la intensificación de una campaña de falsedades y amenazas militares. En ese contexto, alertó sobre acciones que calificó como formas de “piratería moderna”, dirigidas a afectar los intereses y activos del país.
El Gobierno venezolano reafirmó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y con la solución pacífica de las controversias, al tiempo que exhortó a la comunidad internacional a actuar en resguardo del derecho internacional y de la paz regional.
Venezuela formalizó este martes su denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acusando al Gobierno de los Estados Unidos de cometer actos de «piratería de Estado» y secuestro, tras la incautación de un buque petrolero.
A través de una carta dirigida a Samuel Žbogar, presidente del Consejo de Seguridad y representante permanente de Eslovenia, el ministro de Exteriores, Yván Gil, detalló la agresión ocurrida el 10 de diciembre de 2025.
El documento difundido por Gil describe cómo unidades militares estadounidenses abordaron por la fuerza una nave privada dedicada al comercio internacional lícito. Imprime que las fuerzas norteamericanas «sometieron y secuestraron a su tripulación y se apropiaron ilegalmente de un cargamento de petróleo venezolano».
Además, el Gobierno representado por el presidente Nicolás Maduro alertó que, a la fecha, los tripulantes del buque «permanecen desaparecidos».
«Se trata de un acto de piratería de Estado, ejecutado mediante el uso de la fuerza militar, que constituye un robo descarado de activos… que forman parte del comercio internacional lícito», reza el texto.
En este sentido, Caracas argumenta que esta acción viola flagrantemente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Artículo 101) y la Carta de las Naciones Unidas (Artículo 2, párrafo 4), que prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
Enfatiza que no existe ninguna resolución del Consejo de Seguridad que autorice a Estados Unidos a ejecutar abordajes violentos o confiscaciones contra Venezuela. Mientras, advierte que «tolerar o normalizar este tipo de conductas equivaldría a legitimar el caos en la navegación marítima internacional».
Ante la gravedad de los hechos, Venezuela presenta tres exigencias directas al Gobierno de los Estados Unidos: La liberación inmediata y sin condiciones de la tripulación secuestrada, primero. La devolución inmediata del petróleo venezolano confiscado ilegalmente, en segundo, y el cese inmediato de cualquier interferencia contra la comercialización legal de los recursos venezolanos.
En este sentido, Venezuela instó al Consejo de Seguridad a «condenar públicamente este acto de piratería» y a reafirmar por escrito que no ha autorizado ninguna medida de fuerza contra la nación suramericana.
A continuación, carta dirigida a Samuel Žbogar, presidente del Consejo de Seguridad:
A propósito del Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU), el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, reiteró el rechazo a este tipo de sanciones por su arbitrariedad e impacto negativo en los pueblos del mundo, aplicadas sobre todo por el gobierno de los Estados Unidos (EEUU).
“Venezuela ha sido víctima de estas medidas coercitivas por parte de EEUU y Europa, lo que ha tenido un profundo impacto en nuestra población, como lo han corroborado expertos de la ONU. Sin embargo, bajo el liderazgo del Presidente Nicolás Maduro, hemos demostrado una notable fortaleza al reconstruir nuestra economía y garantizar la protección social de nuestro pueblo”, manifestó el canciller durante un discurso grabado y transmitido en la sede Ginebra (Suiza) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Aseguró que la aplicación de estas medidas no solo impacta al pueblo venezolano, sino que también han interrumpido programas de solidaridad y cooperación, como PetroCaribe, que beneficiaban a toda la región e instó a poner fin al bloqueo inhumano a Cuba, impuesto por EEUU durante más de 60 años con total impunidad, a pesar del creciente rechazo internacional que se manifiesta cada año.
En el vídeo, compartido en su canal de Telegram, el ministro Gil, en nombre del presidente Nicolás Maduro y del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, saludó a los representantes y países que participaron en la Conferencia Especial en conmemoración del Día Internacional contra las MCU.
Exhortó: “Basta de medidas coercitivas unilaterales. Hoy alzamos nuestra voz para denunciar las 1.042 medidas coercitivas criminales impuestas contra nuestro pueblo, con el objetivo de doblegar la voluntad de una nación que ha elegido el camino de la soberanía, bajo el liderazgo del Presidente Nicolás Maduro y el poder popular”.
Gil precisó que hoy “marcamos un hito al rechazar de manera unánime estas medidas coercitivas unilaterales, que representan crímenes de lesa humanidad y atentan contra los derechos fundamentales de nuestros pueblos”.
Finalmente, el titular del despacho diplomático reiteró que el pueblo venezolano exige la eliminación de estas herramientas de dominación y denuncia la amenaza militar que se cierne sobre la nación caribeña. “¡Juntos, defenderemos nuestra soberanía y los derechos de nuestro pueblo!”, expresó.
Dos expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron este jueves su preocupación por la intensificación de las operaciones militares estadounidenses en territorio venezolano, así como por las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien expresó su disposición a perpetrar ataques e imponer el control del espacio aéreo del país.
Los expertos George Katrougalos, comprometido con la promoción de un sistema internacional justo, y Ben Saul, Relator Especial sobre la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la Lucha contra el Terrorismo, ambos recordaron que, según el Artículo 1 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 1944, todo Estado tiene plena autoridad sobre el espacio aéreo que lo cubre. Enfatizaron que cualquier intento de limitar o cerrar este espacio aéreo constituye una violación directa de este acuerdo.
También señalaron que el Artículo 2 de la Carta de la ONU prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados. Enfatizaron que las medidas unilaterales que interfieren con la soberanía, incluido el control aéreo, comprometen la estabilidad regional y generan impactos negativos en la economía venezolana.
