La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó el nuevo Código de Trabajo durante la segunda jornada del Séptimo Período de Sesiones de la X Legislatura.
La norma jurídica, calificada por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, como una herramienta fundamental para las transformaciones socioeconómicas, sustituye a la Ley 116 de 2013 y actualiza el marco laboral en correspondencia con la Constitución de 2019 y los compromisos internacionales asumidos por la Isla.
El proyecto de Ley se construyó sobre la base de un proceso democrático y participativo que sumó cerca de 97.000 propuestas de los colectivos laborales de las cuales se incorporó el 43 por ciento y contó con los aportes de más de 200.000 trabajadores del sector no estatal.
La norma resalta el trabajo como un valor primordial, un derecho y un deber social, al tiempo que preserva las conquistas históricas de la clase trabajadora y otorga nuevas garantías para el sector privado.
Entre las principales novedades expresadas por la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, Elba Martínez Amador, destaca la regulación para la protección de los ingresos ante interrupciones laborales, cierres por motivos económicos o reestructuraciones.
Asimismo, la legislación fortalece las relaciones colectivas, la negociación y la resolución alternativa de conflictos a través de mecanismos sindicales y judiciales, mientras que el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Osnay Miguel Colina Rodríguez, enfatizó que la norma constituye un instrumento superior para sostener el modelo económico y social cubano.
Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó durante la clausura del Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular que las transformaciones económicas y sociales implementadas en la isla responden a una decisión soberana para consolidar el socialismo, descartando de forma categórica la instauración de un modelo capitalista o la privatización del patrimonio nacional.
El mandatario enfatizó que estas reformas no responden a exigencias externas derivadas de conversaciones con Estados Unidos, sino a la voluntad de defender la prosperidad, la eficiencia económica y la justicia social. Díaz-Canel destacó el aval legislativo brindado por el Parlamento al respaldar más de 120 transformaciones que cuentan con blindaje jurídico para su aplicación gradual.
Además, precisó que las medidas buscan liberar las fuerzas productivas, fortalecer el tejido empresarial estatal y no estatal, otorgar autonomía a los municipios e impulsar incentivos para la inversión y las alianzas productivas. Asimismo, garantizó que servicios estratégicos universales como la salud, la educación, la ciencia y la cultura seguirán siendo gratuitos y gestionados por el Estado socialista.
F/Telesur
