Lima y México anunciaron la reanudación de sus relaciones diplomáticas, interrumpidas desde noviembre de 2025 a raíz del asilo político otorgado por el país norteamericano a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez.
«Los Gobiernos de la República del Perú y de los Estados Unidos Mexicanos, considerando los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen al Perú y a México, acordaron, en la fecha, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados», indica un comunicado conjunto.
En un comunicado posterior, desde la Cancillería peruana informaron que el Gobierno otorgó las garantías y el salvoconducto a favor de Chávez, en cumplimiento de los artículos V y XII de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954.
Chávez afrontaba un juicio por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022, protagonizado por el entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022), cuando ingresó a la Embajada de México en Lima, donde recibió asilo bajo el argumento de que era una perseguida política.
Perú aclaró que el otorgamiento del salvoconducto no impide que el Estado solicite una eventual extradición de Betssy Chávez, si las autoridades judiciales peruanas así lo requieren y conforme a los tratados aplicables entre ambos países.
Asimismo, el Gobierno peruano reiteró que no existe persecución política contra Chávez y defendió la vigencia del Estado de derecho, la separación de poderes y las garantías del debido proceso en el país.
El 27 de noviembre de 2025, la Sala Suprema de Justicia de Perú condenó a Chávez a 11 años y cinco meses de prisión por conspiración para la rebelión.
Las relaciones entre ambos países estaban en tensión desde diciembre de 2022, tras la destitución y detención de Castillo, luego de su presunto intento de golpe de Estado al anunciar un «Gobierno de excepción» y la intervención del Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional.
Posteriormente, Castillo fue condenado a 11 años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión y cumple la pena en una cárcel de Lima.
México considera que el expresidente fue víctima de una ruptura del orden democrático y ha cuestionado la legitimidad del proceso que llevó a la entonces vicepresidenta Dina Boluarte al poder.
