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    ONCDOFT y Cámara Inmobiliaria acuerdan acciones para prevenir delitos financieros en el sector

    La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) y la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) acordaron fortalecer los mecanismos de prevención de delitos financieros vinculados con las operaciones inmobiliarias, durante una jornada de trabajo realizada en Caracas.

    El encuentro, denominado “Cumplimiento y Efectividad en el Sector Inmobiliario en Materia de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, tuvo lugar en la Sala Simón Bolívar de la ONCDOFT.

    Por la Cámara Inmobiliaria participaron su presidente, Pablo González Travieso; el gerente general, Enrique Rodríguez; el consultor jurídico, Oswaldo Ablán; y el tesorero, César López. También se incorporaron de manera virtual representantes de las cámaras inmobiliarias estatales y de distintas agencias del país.

    Durante la actividad, la ONCDOFT presentó las distintas etapas de un programa de supervisión y capacitación dirigido al sector inmobiliario. Asimismo, los participantes intercambiaron información sobre el funcionamiento y los procedimientos asociados al Registro Unificado de Sujetos Obligados (RUSO).

    El director general contra la Legitimación de Capitales de la ONCDOFT, Óscar Gutiérrez, destacó la necesidad de disponer de información actualizada sobre las agencias inmobiliarias que desarrollan actividades comerciales en Venezuela. Según explicó, contar con registros confiables permite aplicar mecanismos de supervisión de acuerdo con los niveles de riesgo identificados.

    La directora de línea de Fiscalización y Registro de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas y Organizaciones Sin Fines de Lucro, Lorena González, atendió las consultas relacionadas con la evaluación basada en riesgo y la aplicación de medidas de prevención.

    Entre los aspectos abordados estuvo la importancia de fortalecer la Debida Diligencia del Cliente (DDC), así como mantener actualizada la información de los usuarios y operadores que participan en las actividades de corretaje inmobiliario, como parte de las medidas destinadas a reducir posibles vulnerabilidades y reforzar la transparencia del sector.

    T/CO
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