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  • «Quinto Río»: Ecuador vuelve a marchar en defensa del agua y contra la minería

    «Quinto Río»: Ecuador vuelve a marchar en defensa del agua y contra la minería

    Ciudadanos en Ecuador se movilizan en la ciudad de Cuenca (sur) y diversas regiones del país este miércoles 16 de septiembre en la marcha denominada «Quinto Río», con el objetivo de exigir la protección de los páramos y las fuentes de agua frente a la actividad minera.

    Al grito de «¡Fuera, Noboa, fuera!», la manifestación en la capital de Azuay arrancó desde la Plaza San Roque con rumbo a la Plaza San Francisco. La jornada conmemora el primer aniversario de la multitudinaria marcha de 2025 contra el proyecto minero Loma Larga y suma esta vez acciones de respaldo en ciudades como Quito e Ibarra.

    A pesar de que la licencia ambiental de dicho proyecto fue revocada en octubre del año pasado, las organizaciones sociales denuncian que las concesiones mineras siguen vigentes en zonas clave como el páramo de Kimsakocha (también en Azuay) y que los trabajos de las empresas continúan en el territorio.

    El vicepresidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Hatari Sarango, destacó en entrevista concedida a teleSUR la importancia de la movilización para los pueblos, sindicatos y ciudadanía en general en la defensa de los recursos hídricos.

    Sarango advirtió que en Cuenca existen más de 46.000 hectáreas de páramos concesionadas a la minería y cuestionó que los sucesivos Gobiernos no hayan respetado los resultados de las consultas populares en las que más del 80 % de la población votó en contra de la actividad extractiva en zonas de recarga hídrica.

    Asimismo, señaló que el Estado ejerce una violencia territorial sobre las comunidades e insistió en que, aunque la minería sea una fuente de ingresos económicos, la Constitución prohíbe realizar este tipo de actividades en territorios donde existen fuentes de agua.

    La movilización de este año ha extendido sus reclamos a la inoperancia estatal ante las invasiones de minería ilegal e intensificado las protestas en la provincia de Imbabura (norte), donde colectivos sociales se han sumado a las marchas desde Ibarra para exigir la protección de zonas como Intag, La Merced de Buenos Aires, Cahuasquí, Ambuquí y Lita.

    La jornada de protesta de este miércoles forma parte de las acciones sociales que se viene gestando desde agosto, cuando la Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Frente Unitario de Trabajadores  (FUT) convocaron a esta marcha como preámbulo a un paro indefinido anunciado a partir del 23 de septiembre, junto con la presentación de una acción de protección judicial.

    Las organizaciones sostienen que el proyecto, a cargo de la empresa canadiense Dundee Precious Metals desde el 2001, fecha en la que la adquirió de la también empresa canadiense INV Metals, pone en riesgo la principal fuente de agua de la región y al ecosistema de los páramos de Kimsakocha.

    F/Telesur

  • Endeudados para llegar a fin de mes: miles marchan contra política económica de Milei

    Endeudados para llegar a fin de mes: miles marchan contra política económica de Milei

    En medio de la grave situación económica que atraviesan los sectores populares en Argentina, miles de personas marcharon este jueves hacia el Ministerio de Economía para exigirle al Gobierno de Javier Milei una respuesta ante la crisis de endeudamiento familiar, que según datos del Banco Central afecta a cerca de 5,8 millones de personas con créditos impagos o atrasos graves.

    La protesta fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y organizaciones de «endeudados autoconvocados».

    A diferencia de otras protestas recientes, esta movilización estuvo marcada por la presencia de un actor social nuevo: personas que se organizaron después de descubrir que su angustia individual por las deudas era, en realidad, un fenómeno colectivo. Bajo la consigna «No es individual, es colectivo», el grupo autoconvocado Endeudados Organizados se sumó a la columna sindical para exigir límites a las tasas de interés.

    Las organizaciones calculan que unas 20 millones de personas en Argentina tienen algún tipo de deuda con entidades financieras, de las cuales 6 millones estarían en situación crítica. En un comunicado, la CGT explicó el fenómeno: «Las familias argentinas se endeudan para poder vivir, para pagar el alquiler, comprar comida, afrontar la luz, el gas o sostener los gastos básicos del hogar».

    Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT, apuntó directamente contra el Gobierno: «Acá hay dos culpables y dos responsables: el Presidente y el ministro de Economía. Llevan una política totalmente de ajuste, regresiva y que pisa los salarios de los trabajadores, rompe el consumo y todo el sistema productivo».

    Por su parte, Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, vinculó la crisis del endeudamiento con la caída del empleo formal: «Ya son 340.000 puestos de trabajo formales que se han destruido y cerca de 30.000 empresas que se siguen cerrando».

    Desde la CTA de los Trabajadores, el secretario adjunto Roberto Baradel señaló que el fenómeno no se limita a las familias: también alcanza «el problema del endeudamiento […] del pequeño y mediano empresariado, que le deben dinero a los bancos o a las billeteras virtuales».

    Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP, puso el foco en las mujeres de los barrios populares: «¿Quién cuida a las que nos endeudamos para sostener la vida de nuestras comunidades en los barrios populares?», cuestionó, y agregó: «La deuda no es un tema individual, es una deuda colectiva. Un pueblo endeudado es consecuencia de las políticas de Gobierno que defiende a los poderosos que no pierden nunca».

    En diálogo con la prensa, Jorge Sola, secretario general de la CGT, definió la situación como una «pandemia de endeudamientos» y remarcó: «No es un asunto entre privados», en referencia directa a la postura del presidente ultraderechista Javier Milei.

    En diálogo con teleSUR, otras dos manifestantes describieron cómo la crisis atraviesa distintos frentes de la vida cotidiana.

    Jacqueline Morisco, de la Secretaría de Género de la Asociación del Personal de los Entes Públicos y de Hacienda (APEH), detalló las dificultades que enfrentan las familias para cubrir sus necesidades básicas: «No podemos pagar la luz, el alquiler, no podemos pagar la prepaga, no hay obras sociales que te atiendan con alguna patología». Y responsabilizó directamente al Gobierno: «Lo que queremos es que el gobierno se haga cargo y que no diga que es culpa nuestra, que las políticas que ellos ejercen día a día es lo que genera que casi la mitad, casi el 56% de los argentinos estén endeudados«.

    Por su parte, Julia Moragues, integrante de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), vinculó el endeudamiento con la falta de actualización salarial: «Venimos con ya 32 meses de un gobierno que no abre paritarias, los sueldos están muy pisados por debajo de la inflación». Según Moragues, esto modificó el propio motivo de las deudas familiares: «Eso hace que las familias tengan que recurrir a endeudarse ya no para comprar electrodomésticos o viajes, cosas como se endeudaban antes, sino para comprar comida».

    Entre los sectores golpeados, los jubilados ocupan un lugar central: varios de ellos combinan trabajos informales —como manejar para aplicaciones de transporte o hacer changas— con la jubilación mínima, que en agosto de 2026 equivale a 489.775,92 pesos (alrededor de 327 dólares) al sumar el bono extraordinario, congelado en 70.000 pesos (46 dólares) desde hace meses.

    El reclamo central de la protesta apunta contra la negativa del Gobierno a intervenir en la crisis. El presidente Milei fijó la postura oficial el 2 de agosto, en una entrevista con el periodista Luis Majul: «¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás, y eso me parece que no está bien«.

    Al día siguiente, en Radio Mitre, ratificó esa idea y calificó el endeudamiento como «una transacción entre privados, lo tienen que arreglar entre privados». En esta misma jornada, el mandatario habló frente a empresarios en el Council of the Americas y afirmó que «no aumentó el desempleo. Tampoco cayeron los salarios».

    El ministro de Economía, Luis Caputo, coincidió con esa línea durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde también calificó el problema como «un tema entre privados». El funcionario fue más allá al explicar el origen del sobreendeudamiento: «La gente se sobreendeudó a tasas muy altas, pensando que la inflación iba a licuar las deudas y eso no pasó».

    En esta línea, el vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó cualquier tipo de asistencia estatal: «Acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen mora y que con eso paguen».

    Ante el díficil panorama que atraviesan millones de familias argentinas, más de 40 organizaciones impulsan una campaña de firmas para promover una Ley de Emergencia Nacional por Deudas Esenciales, mientras distintos bloques opositores presentaron cerca de 30 iniciativas para atender la crisis. Una de ellas, impulsada por los diputados Diego Giuliano y Caren Tepp, plantea crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas mediante una línea de crédito de la ANSES.

    F/Telesur
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