A pocas horas del cambio de Gobierno, el presidente Luis Arce confirmó hoy la promulgación de la Ley de Reparación Integral para Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en los conflictos sociales de 2019 y 2020.
“Promulgamos la Ley de Reparación Integral para Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos cometido en rupturas del orden constitucional, reafirmando nuestro compromiso con la justicia y la dignidad de quienes han sufrido estas injusticias”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.
La norma establece que su aplicación se extiende a toda persona que haya sido víctima directa o indirecta de violaciones a los derechos humanos durante los acontecimientos ocurridos entre el 1 de septiembre de 2019 y el 7 de noviembre de 2020, periodo que comprende el derrocamiento del expresidente Evo Morales (10 de noviembre de 2019) y el mandato de Jeanine Áñez (12 noviembre de 2019-7 de noviembre de 2020).
Unas 48 horas después de recibir la banda presidencial de manos de un militar, Áñez y sus ministros firmaron el decreto supremo 4078 (conocido como de la Muerte) que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes reclamaban restaurar el orden constitucional.
Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, en la ciudad de El Alto; El Pedregal, en La Paz, y Sacaba, en el departamento de Cochabamba, con un saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego, así como miles de encarcelados y torturados.
La promulgación de la ley por Arce coincide con la salida de la cárcel este jueves de Jeanine Áñez, quien tras el triunfo de la derecha en las elecciones generales del año en curso fue beneficiada por el Tribunal Supremo de Justicia, que determinó que como mandataria requiere un juicio de responsabilidades, lo cual le fue negado con anterioridad.
Ante esta decisión, ese juicio de responsabilidades contra la expresidenta exigió este miércoles la Asamblea de Derechos Humanos (ADH) de El Alto por las muertes ocurridas tras el derrocamiento del exmandatario Morales, en 2019.
“Tiene que ser juzgada (…), porque hay muertos, hay heridos, hemos sido testigos. Hay muchos aquí, en El Alto, como también en el departamento de Cochabamba y, por lo tanto, no puede quedar impune”, afirmó la presidenta de la ADH alteña, Virginia Ugarte.
Respecto a la ley promulgada a unas horas del cambio de gobierno, Arce remarcó que reafirma el compromiso del Estado con los valores democráticos y los derechos fundamentales.
La normativa establece una serie de mecanismos de reparación que incluyen compensación económica, atención médica y psicológica, acceso a la educación, reconocimiento público, y programas de reintegración social.
