Venezuela formalizó este martes su denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acusando al Gobierno de los Estados Unidos de cometer actos de «piratería de Estado» y secuestro, tras la incautación de un buque petrolero.
A través de una carta dirigida a Samuel Žbogar, presidente del Consejo de Seguridad y representante permanente de Eslovenia, el ministro de Exteriores, Yván Gil, detalló la agresión ocurrida el 10 de diciembre de 2025.
El documento difundido por Gil describe cómo unidades militares estadounidenses abordaron por la fuerza una nave privada dedicada al comercio internacional lícito. Imprime que las fuerzas norteamericanas «sometieron y secuestraron a su tripulación y se apropiaron ilegalmente de un cargamento de petróleo venezolano».
Además, el Gobierno representado por el presidente Nicolás Maduro alertó que, a la fecha, los tripulantes del buque «permanecen desaparecidos».
«Se trata de un acto de piratería de Estado, ejecutado mediante el uso de la fuerza militar, que constituye un robo descarado de activos… que forman parte del comercio internacional lícito», reza el texto.
En este sentido, Caracas argumenta que esta acción viola flagrantemente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Artículo 101) y la Carta de las Naciones Unidas (Artículo 2, párrafo 4), que prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
Enfatiza que no existe ninguna resolución del Consejo de Seguridad que autorice a Estados Unidos a ejecutar abordajes violentos o confiscaciones contra Venezuela. Mientras, advierte que «tolerar o normalizar este tipo de conductas equivaldría a legitimar el caos en la navegación marítima internacional».
Ante la gravedad de los hechos, Venezuela presenta tres exigencias directas al Gobierno de los Estados Unidos: La liberación inmediata y sin condiciones de la tripulación secuestrada, primero. La devolución inmediata del petróleo venezolano confiscado ilegalmente, en segundo, y el cese inmediato de cualquier interferencia contra la comercialización legal de los recursos venezolanos.
En este sentido, Venezuela instó al Consejo de Seguridad a «condenar públicamente este acto de piratería» y a reafirmar por escrito que no ha autorizado ninguna medida de fuerza contra la nación suramericana.
A continuación, carta dirigida a Samuel Žbogar, presidente del Consejo de Seguridad:
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