La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales entregó este viernes 28 de agosto, ante el Palacio de La Moneda una misiva dirigida al presidente de la República, José Antonio Kast, en la que manifiesta un categórico rechazo a las iniciativas y llamados para conceder indultos a los responsables de delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura militar.
El documento entregado en la sede del Ejecutivo subraya que la manifestación se produce en el marco del 53.º aniversario del golpe de Estado de septiembre de 1973, acción en la cual, recuerda el texto, las Fuerzas Armadas, con apoyo del empresariado y sectores externos, interrumpieron el orden democrático para dar paso a 17 años de régimen de Augusto Pinochet.
Las organizaciones enfatizaron el impacto duradero de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dicho periodo, señalando que miles de ciudadanos sufrieron ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, prisión política y torturas a manos de agentes del Estado, generando secuelas sociales que persisten hasta el presente.
Ante este panorama, se anunció que la tradicional romería hacia el Cementerio General, programada para el próximo 6 de septiembre, se desarrollará bajo el lema central: “No a los indultos”.
Avanza controversial iniciativa en el Congreso
La protesta social responde a la tramitación en el Congreso Nacional de un proyecto de ley impulsado por sectores de la derecha que propone otorgar la libertad o rebajar las penas a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de 1973 a 1990, así como por otros delitos de alta gravedad.
La iniciativa, que ya obtuvo la aprobación del Senado, beneficiaría a más de 700 reclusos en caso de prosperar su trámite legislativo. De esa cifra, aproximadamente 370 corresponden a sancionados por crímenes de lesa humanidad y 365 a condenados por delitos comunes como homicidios, violaciones y abusos sexuales.
A la par de este debate, parlamentarios del oficialismo han promovido peticiones para que el Ejecutivo aplique la medida de indulto a efectivos de Carabineros y las Fuerzas Armadas que se encuentran recluidos por abusos cometidos durante la represión a las protestas del estallido social de 2019.
Denuncias de impunidad y exigencia por el Plan de Búsqueda
La entrega de la misiva contó con la participación de la senadora Fabiola Campillai, quien cuestionó severamente los beneficios penales otorgados a agresores en casos de violaciones a los derechos humanos.
Campillai denunció que el excapitán de Carabineros Patricio Maturana, condenado por impactarla en el rostro con una bomba lacrimógena que le provocó la pérdida irreversible de la vista, goza actualmente de permisos de salida diaria.
“¿Qué señal entrega el Estado a las víctimas cuando quien fue condenado por destruir sus vidas comienza a recuperar progresivamente su libertad, mientras las víctimas deben vivir para siempre con las consecuencias de estos crímenes?”, cuestionó la legisladora.
Por su parte, Alicia Lira, recientemente galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos, criticó la lentitud con la que la administración actual ha dado continuidad al Plan Nacional de Búsqueda de los Detenidos Desaparecidos, programa implementado en la gestión anterior.
Lira enfatizó la exigencia de las organizaciones sociales para que esta política pública sea consagrada mediante una ley de la República, garantizando la responsabilidad permanente del Estado en la localización e identificación de las víctimas.