La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó el jueves al Estado peruano por la esterilización forzada y posterior muerte de una ciudadana, en hechos ocurridos durante el gobierno del fallecido dictador peruano Alberto Fujimori.
La CorteIDH notificó la sentencia en la que declaró al Estado peruano responsable de violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, vida privada, acceso a la información, a la familia, igualdad ante la ley y a la salud de Celia Edith Ramos Durand.
A través de un comunicado la corte de DD.HH. indicó que los casos ocurrieron en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar promovido por Fujimori, que impulsaba la anticoncepción quirúrgica voluntaria, pero derivó en más de 314.000 esterilizaciones de mujeres y 24.000 de hombres, muchas bajo coacción y sin consentimiento válido, afectando principalmente a mujeres indígenas y en condición de pobreza o pobreza extrema.
La CorteIDH determinó que Celia Edith Ramos Durand, «fue presionada por personal de salud para someterse a una ligadura de trompas» el 3 de julio de 1997 en un establecimiento que «no contaba con los equipos ni medicamentos necesarios para una adecuada evaluación de riesgos ni para enfrentar emergencias».
Como producto del procedimiento quirúrgico, la mujer de 34 años de edad falleció luego de atravesar un cuadro de coma.
En su sentencia, el ente supranacional determinó que el Estado peruano vulneró múltiples derechos de la víctima, entre ellos la vida, la integridad personal, la libertad personal, el acceso a la información, entre otros.
Por otro lado, la corte concluyó que el procedimiento a Celia Edith Ramos Durand se realizó bajo coerción y sin consentimiento informado, calificándolo como un caso de violencia reproductiva dentro de una política estatal.
En su sentencia, el tribunal internacional concluyó que el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar «fue una política estatal dirigida a promover la esterilización masiva, enfocado principalmente en mujeres en situación de vulnerabilidad«.
Los jueces de la corte también dieron por constatado que esta política fue organizada y dirigida desde los más altos niveles del Estado peruano.
F/Telesur
