El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó la ley estatutaria de la jurisdicción agraria, un paso esencial para garantizar el acceso a la justicia de campesinos y poblaciones étnicas en conflictos por la Tierra de poblaciones campesinas y étnicas, avanzando en la reforma rural integral.
El mandatario colombiano enfatizó la necesidad de que la justicia prevalezca sobre la confrontación en desacuerdos, en tal sentido, destacó que la nueva normativa erradica la violencia como solución a disputas territoriales, optando por la vía judicial, ya que la ley establece que jueces y magistrados dirimirán rápidamente los conflictos de cercas y límites, garantizando una justicia al servicio del pueblo, no de los poderosos.
La implementación de esta ley representa un avance significativo en el primer punto del Acuerdo de Paz, centrado en la Reforma Rural Integral y la democratización del acceso a la tierra. Este diseño estratégico busca transformar el campo colombiano, saldando una deuda histórica que el Estado mantiene con la población campesina del país, profundamente afectada por décadas de violencia y despojo.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, explicó que la ley establece la estructura administrativa y los fondos necesarios para crear los primeros tribunales y juzgados especializados.
Sin embargo, Carvajalino hizo un llamado urgente al Congreso de la República para que apruebe, en los 50 días restantes de la legislatura, el proyecto complementario que define las reglas y trámites procesales
Organizaciones de derechos humanos y movimientos campesinos recibieron la ley con optimismo, pues ofrece especial protección frente a décadas de despojo y violencia bipartidista, guerrillera y paramilitar. Luis Emil Sanabria, presidente de Redepaz, destacó que esta jurisdicción permitirá a los campesinos despojados recuperar sus territorios sin recurrir a grupos armados para mediar en sus diferencias cotidianas sobre linderos o caminos vecinales.
Este marco legal se consolida como el eje central de la justicia rural en Colombia y un instrumento indispensable para la reforma agraria. Al proporcionar una salida jurídica a los casos marcados por la violencia en las zonas rurales, la ley pretende detener el ciclo de confrontación con terratenientes y garantizar que los procesos de restitución no se vean truncados por contrademandas.
La implementación de estos tribunales especializados representa un avance fundamental en la transformación del campo colombiano, buscando que el derecho y la institucionalidad reemplacen definitivamente el uso de la fuerza en la resolución de las disputas por el territorio.
