El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció la impugnación de 33.000 mesas en todo el país y trasladó la definición presidencial al escrutinio oficial. Desde el teatro Royal Center de Bogotá, reconoció el preconteo como un dato todavía sin carácter oficial ni vinculante, horas después del cierre de una segunda vuelta resuelta por décimas este domingo 21 de junio.
El senador enmarcó esa decisión y habló de la diferencia más estrecha que registre cualquier segunda vuelta en la historia electoral colombiana. Pidió a su dispositivo de vigilancia atender el escrutinio de cada mesa, sus actas y sus resultados. “Vamos a escrutinios”, resumió su comando ante los simpatizantes reunidos en el recinto.
Dejó claro que el Pacto Histórico y las organizaciones de la Alianza por la Vida, una vez concluido el escrutinio oficial y las verificaciones correspondientes, respetarán el resultado final.
El presidente Gustavo Petro reforzó esa lectura desde X. Reclamó impugnar las mesas cuyos formularios E14 circulen sin la firma de los jurados y recordó que ninguno de los aspirantes cruza el umbral del 50%. “Es el escrutinio el que determina quién es el presidente”, escribió; enseguida fijó el tono con una frase, “Obedezco a los jueces”.
Petro completó el mensaje con una lectura del país. Describió una nación “partida por la mitad”, advirtió sobre una presunta injerencia extranjera y pidió “tranquilidad entre la ciudadanía”, antes de proponer un acuerdo nacional para sostener la paz en los años por venir.
En plena sintonía con este mensaje, Cepeda llamó a la ciudadanía situada en la otra orilla política a buscar un acuerdo nacional que permita resolver los grandes problemas estructurales e históricos de la sociedad colombiana. Estamos dispuestos al diálogo respetuoso, recalcó. En otro diáfano mensaje, el candidato del progresismo aseguró que la izquierda no va a permitir, a través de la movilización política, que haya retrocesos en las conquistas sociales alcanzadas durante la gestión de Petro.
Las cifras de la jornada
El registrador nacional, Hernán Penagos, respondió con números a esas denuncias de Petro. Agradeció a cerca de 860.000 jurados de votación, hombres y mujeres que adelantaron el conteo de mesa ante los testigos de las dos campañas, repartidos por las casi 122.000 mesas instaladas en el territorio.
La verificación, además, no recayó solo en el Estado. El Consejo Nacional Electoral habilitó una plataforma para que esos testigos envíen las fotografías de las actas desde cada mesa hacia sus comandos, de modo que ambas campañas conservan el material para cotejar cada resultado.
Penagos centró su mensaje en el escrutinio municipal o de primer nivel, ya en marcha. En esa etapa trabajan unos 9.000 jueces y notarios repartidos en 2.992 comisiones escrutadoras, que revisan cada acta ante testigos y apoderados de las campañas.
El punto que más inquieta lo zanjó sin rodeos. El escrutinio de primer nivel no se hace con imágenes ni con la publicación de los E14, sino con las actas físicas E14 de Claveros, según ordena la ley; la digitalización y las fotografías sirven para contrastar, mientras el documento físico guarda la versión definitiva.
Esa misma instancia abre la puerta a las objeciones. Las campañas pueden presentar cualquier reclamación o impugnación ante las comisiones, conforme al Código Electoral, un mecanismo vigente desde 1986, hace 40 años, con autoridades y procedimientos ya trazados por la norma.
Los jueces y el CNE declaran al Presidente
Tras el escrutinio municipal viene el departamental, a cargo de los delegados del Consejo Nacional Electoral, y luego el nacional, que consolidan las magistradas y los magistrados de esa corporación. Penagos lo cerró en una línea: “La Registraduría no cuenta votos, la Registraduría no declara los resultados”.
La proclamación del próximo mandatario corresponde al Consejo Nacional Electoral por mandato constitucional. De ahí en adelante, según el registrador, la decisión pertenece a los jueces de Colombia y a esa autoridad.
Quedan, entonces, dos relatos frente a frente. El oficialismo apuesta por revisar mesa a mesa y aguardar el cómputo final, mientras la Registraduría defiende un conteo “impecable” y traslada la palabra última a las comisiones y al CNE.
El desenlace dependerá del cotejo de cada acta física y del fallo de las autoridades electorales. El país espera ese pronunciamiento oficial, el único con fuerza para nombrar al sucesor de Petro el próximo 7 de agosto.
