Con el 100% de las juntas receptoras del voto (JRV) instaladas y un despliegue sin precedentes de seguridad, Ecuador vive una jornada electoral crucial este 2025. Diana Atamaint, presidenta del CNE, destacó que el 8% del electorado ya ejerció su voto con un tiempo promedio de dos minutos, mientras los candidatos Luisa González, Daniel Noboa y Carlos Rabascal buscan imponer modelos opuestos para un país golpeado por la inseguridad y la pobreza.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, confirmó en la primera cadena nacional que todas las 40.791 JRV están operativas, con un 86 por ciento integradas por vocales principales y un 12 por ciento con suplentes. Solo el 0.40 por ciento de los miembros fueron seleccionados «de las filas o del mismo recinto». Atamaint enfatizó: «Cada voto será contado y respetado. La democracia se fortalece con cada ciudadano».
El vicepresidente del CNE, Enrique Pita García, detalló que 133.588 delegados de partidos y 1.682 observadores (nacionales e internacionales) vigilan el proceso en los 4.339 recintos electorales. Además, 57.291 policías y 48.825 militares resguardan la jornada, calificada de «ágil y sin incidentes mayores», así lo constata la corresponsal de teleSUR en Quito, Elena Rodríguez.
En el exterior, el consejero José Cabrera Zurita informó que la votación ya concluyó en consulados de Asia y Oceanía, como Tokio, Seúl y Sidney.
Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, votó en Canuto bajo custodia militar y lanzó un mensaje combativo: «Con Alfaro en la mente y la memoria en el corazón, a revivir al Ecuador. ¡El pueblo va a vencer!». La líder correísta, que propone un modelo desarrollista soberano y de integración regional, propone una gestión para enfrentar la crisis energética y superar el 40% de pobreza.
En contraste, el oficialista Daniel Noboa, quien votó más temprano, defiende la continuidad de políticas de libre mercado. Heredero de una poderosa familia empresarial, su apuesta busca estabilizar la economía, aunque arrastra escepticismo por la deuda pública (60% del PIB), la criminalidad desbordada y los apagones nacionales recurrentes.
