El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió este miércoles al informe publicado el martes por el Departamento de Estado de EE.UU., documento en el que el Gobierno de Donald Trump concluye que «la situación de los derechos humanos» en el país suramericano «se deterioró» durante 2024.
«Nadie está irrespetando los derechos humanos» en Brasil, expresó el mandatario, citado por la prensa local, durante una ceremonia en el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo en Brasilia, donde agregó que las afirmaciones de Washington sobre los asuntos internos de los brasileños son inventadas.
«Nuestros amigos estadounidenses, cada vez que deciden pelear con alguien, intentan crear una imagen de demonio contra quienes quieren combatir», expresó Lula, tras reiterar que en su país nadie viola «las normas de derechos humanos como intentan presentar al mundo».
Lula ironizó sobre las críticas de EE.UU. hacia su país y dijo que, en todo caso, lo que habría que revisar es lo «que está pasando en el país que está acusando a Brasil» de violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, señaló que su Gobierno no desea tener conflictos con ningún país y que Brasil solo exige que su soberanía «sea intocable y que nadie tenga voz ni voto en lo que tenemos que hacer». Lula también reiteró que Brasil cuenta con un «poder judicial autónomo» que defiende la Constitución.
En ese sentido, subrayó, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso Nacional «no tienen influencia en el juicio que se desarrolla en la Corte Suprema», esto en referencia al proceso penal que se adelanta contra el expresidente Jair Bolsonaro, que ha sido tomado como bandera por la administración Trump para sancionar al juez del caso, Alexandre de Moraes, magistrado del Poder Judicial brasileño, y al mismo tiempo imponer aranceles de 50 % a Brasil.
¿Qué dijo EE.UU.?
El reporte del órgano estadounidense ataca a la justicia brasileña por supuestamente adoptar «medidas amplias y desproporcionadas para socavar la libertad de expresión y la libertad en internet, bloqueando el acceso a información de millones de usuarios».
El señalamiento apunta específicamente a la red social X, que fue suspendida de forma temporal en el territorio brasileño debido a que la empresa, propiedad de Elon Musk, debía cumplir con órdenes judiciales, pagar multas y nombrar un representante legal para Brasil, medidas que para EE.UU. constituyen «un caso de acoso».
Según Washington, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva «socavó el debate democrático» y reprimió «desproporcionadamente la libertad de expresión de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro», entre otros sectores.
EE.UU. también considera que Brasil «no siempre ha tomado medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos», y que la justicia brasileña ha mostrado «problemas significativos de derechos humanos» al no castigar delitos de ese tipo.
