La organización Yasunidos denunció este lunes la «irregular» cancelación de los partidos Unidad Popular y Construye por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Ecuador, advirtiendo un retroceso democrático y la restricción del pluralismo político.
Yasunidos vincula esta decisión con un uso progresivo de las instituciones para sancionar o limitar a actores críticos, mencionando sanciones previas a colectivos sociales, incluyendo una multa impuesta a la propia Yasunidos, como evidencia de un patrón.
En este sentido, la organización expresó preocupación por el rol del organismo electoral, al que acusa de actuar de forma alineada con el Gobierno, mientras que en un pronunciamiento difundido el 26 de abril, señaló que la medida, adoptada por la mayoría del CNE bajo la presidencia de Diana Atamaint, no debe entenderse como un hecho aislado.
La cancelación de Unidad Popular y Construye se produjo por presunto incumplimiento de la ley electoral, alegando una drástica reducción de su militancia. Sin embargo, líderes como Geovanni Atarihuana, de Unidad Popular, han denunciado que la decisión se tomó «sin argumentos, fuera de tiempo, violando todos los procedimientos, la ley y la constitución», y que responde a una orientación política emanada del Gobierno de Daniel Noboa.
Atarihuana y Raúl Iván González, presidente de Construye, han cuestionado la veracidad de las cifras de desafiliación presentadas por el CNE y critican la falta de notificación de estas.
El proceso de votación en el CNE para estas cancelaciones también generó controversia, con la ausencia del vicepresidente Enrique Pita y la consejera Esthela Acero, en el caso de Unidad Popular, la eliminación se concretó con el voto dirimente de la presidenta Atamaint tras un empate inicial, lo que ha acrecentado las críticas sobre la imparcialidad del organismo.
De este modo, ambas organizaciones han anunciado que reclamarán ante el Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este escenario de tensiones políticas se intensifica con la suspensión por nueve meses del mayor partido de oposición, Revolución Ciudadana, y la persecución judicial contra otros opositores, como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
La excandidata presidencial y anterior lideresa de Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, difundió este domingo un vídeo en el que revela su intención de presentar su candidatura para presidir la Prefectura de Manabí, provincia que ha sido bastión político tradicional de su sector, calificando la suspensión de su movimiento como una «persecución política» del Gobierno de Noboa, acusando al mandatario de amenazar a otras organizaciones políticas para que no apoyen al colectivo opositor.
Yasunidos advierte que el impacto de estas medidas podría extenderse más allá de los movimientos políticos afectados, «Hoy se sanciona a organizaciones políticas; mañana puede alcanzar a cualquier expresión ciudadana», señala el texto, en referencia a un posible efecto expansivo sobre otros actores sociales en Ecuador.
