«Una vez más, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instan al Gobierno de Estados Unidos a poner fin a los bombardeos contra pequeñas embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico Oriental», así lo exaltó el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil.
Gil, a través de sus redes sociales, advirtió «que estos ataques son ilegales y podrían constituir crímenes internacionales, en violación de las normas fundamentales del derecho internacional de derechos humanos y de las leyes marítimas internacionales».
Los expertos presentan que “estos ataques parecen ser asesinatos ilegales llevados a cabo por orden de un gobierno, sin procesos judiciales o legales que permitan el debido proceso legal”, cuando desde el 2 de septiembre de 2025 ha habido al menos 15 ataques reportados por funcionarios estadounidenses, con 64 personas presuntamente asesinadas y tres sobrevivientes.
Funcionarios estadounidenses han argumentado que los ataques fueron contra presuntos traficantes de drogas ilícitas, y sostuvieron que se llevaron a cabo como parte de una lucha contra los “narcotraficantes” o “narcoterroristas” operados por grupos que Estados Unidos ha designado como organizaciones terroristas. “Sin embargo, estos ataques no parecen haberse llevado a cabo en el contexto de la legítima defensa nacional, un conflicto armado internacional o no internacional, ni contra individuos que representan una amenaza inminente para la vida, violando así la ley internacional fundamental de derechos humanos que prohíbe la privación arbitraria de la vida”, expresó el informe.
“Los ataques no provocados y los asesinatos en aguas internacionales también violan las leyes marítimas internacionales. Hemos condenado y expresado nuestra preocupación por estos ataques en el mar al Gobierno de los Estados Unidos (…) La naturaleza repetida y sistemática de estos ataques, todos contra embarcaciones pequeñas sin un aparente intento de detener a los individuos o proporcionar evidencia concreta sobre por qué eran objetivos legales, plantean serias preocupaciones sobre la comisión de posibles crímenes internacionales”, concluyó el informe.
