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  • «Quinto Río»: Ecuador vuelve a marchar en defensa del agua y contra la minería

    «Quinto Río»: Ecuador vuelve a marchar en defensa del agua y contra la minería

    Ciudadanos en Ecuador se movilizan en la ciudad de Cuenca (sur) y diversas regiones del país este miércoles 16 de septiembre en la marcha denominada «Quinto Río», con el objetivo de exigir la protección de los páramos y las fuentes de agua frente a la actividad minera.

    Al grito de «¡Fuera, Noboa, fuera!», la manifestación en la capital de Azuay arrancó desde la Plaza San Roque con rumbo a la Plaza San Francisco. La jornada conmemora el primer aniversario de la multitudinaria marcha de 2025 contra el proyecto minero Loma Larga y suma esta vez acciones de respaldo en ciudades como Quito e Ibarra.

    A pesar de que la licencia ambiental de dicho proyecto fue revocada en octubre del año pasado, las organizaciones sociales denuncian que las concesiones mineras siguen vigentes en zonas clave como el páramo de Kimsakocha (también en Azuay) y que los trabajos de las empresas continúan en el territorio.

    El vicepresidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Hatari Sarango, destacó en entrevista concedida a teleSUR la importancia de la movilización para los pueblos, sindicatos y ciudadanía en general en la defensa de los recursos hídricos.

    Sarango advirtió que en Cuenca existen más de 46.000 hectáreas de páramos concesionadas a la minería y cuestionó que los sucesivos Gobiernos no hayan respetado los resultados de las consultas populares en las que más del 80 % de la población votó en contra de la actividad extractiva en zonas de recarga hídrica.

    Asimismo, señaló que el Estado ejerce una violencia territorial sobre las comunidades e insistió en que, aunque la minería sea una fuente de ingresos económicos, la Constitución prohíbe realizar este tipo de actividades en territorios donde existen fuentes de agua.

    La movilización de este año ha extendido sus reclamos a la inoperancia estatal ante las invasiones de minería ilegal e intensificado las protestas en la provincia de Imbabura (norte), donde colectivos sociales se han sumado a las marchas desde Ibarra para exigir la protección de zonas como Intag, La Merced de Buenos Aires, Cahuasquí, Ambuquí y Lita.

    La jornada de protesta de este miércoles forma parte de las acciones sociales que se viene gestando desde agosto, cuando la Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Frente Unitario de Trabajadores  (FUT) convocaron a esta marcha como preámbulo a un paro indefinido anunciado a partir del 23 de septiembre, junto con la presentación de una acción de protección judicial.

    Las organizaciones sostienen que el proyecto, a cargo de la empresa canadiense Dundee Precious Metals desde el 2001, fecha en la que la adquirió de la también empresa canadiense INV Metals, pone en riesgo la principal fuente de agua de la región y al ecosistema de los páramos de Kimsakocha.

    F/Telesur

  • Presidente Trump endurece políticas contra migrantes en EEUU

    Presidente Trump endurece políticas contra migrantes en EEUU

    El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, recrudeció en los últimos días las medidas para frenar la inmigración con prohibiciones de viajes, suspensión de visas de inmigrante, mayores requisitos económicos y revocaciones masivas de permisos, en medio de un récord de deportaciones.

    El miércoles, el Departamento de Estado suspendió temporalmente las citas para solicitar visas de inmigrante en todo el mundo, luego de que una jueza federal de Nueva York anulara la suspensión de los visados para ciudadanos de 75 países decretada por la Administración.

    El mandatario estadounidense también impuso fianzas de entre 10.000 y 20.000 dólares para personas de 50 países, en su mayoría africanos, para visados de turismo y negocios, y que también incluye Cuba, Venezuela y Nicaragua, retomando su política de «carga pública» de su primera administración. Con esta busca negar la residencia permanente (la greend card) a inmigrantes que podrían depender de las ayudas del gobierno.

    La Administración Trump sumó esta semana una traba más para el ingreso de trabajadores calificados. Quienes aspiren a la visa H-1B, reservada por lo general a profesionales de la tecnología y la ingeniería, deberán desembolsar una fianza de 100.000 dólares.

    La política migratoria alcanzó también a los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) , que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, y a miles de personas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). Esa categoría les permitía vivir y trabajar en el país sin ser deportadas.

    El Ejecutivo evalúa, además, cancelar las visas de negocios y turismo a los extranjeros que hayan solicitado asilo después de ingresar a Estados Unidos. De concretarse, la medida golpearía a quienes usaron un permiso de entrada para luego pedir protección.

    Este jueves, el Gobierno presentó una demanda contra leyes estatales de Arizona, Nuevo México, Oregon y Washington. Esas normas permiten a las universidades ofrecer matrículas con descuento y ayuda financiera a estudiantes sin estatus migratorio. La impugnación apunta a frenar ese beneficio.

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) registró en julio la cifra mensual de detenciones más alta del segundo mandato de Trump, con 49.571 arrestos, según datos de las universidades de California Berkeley y UCLA.

    Esas acciones han generado cientos de demandas sin precedentes de organizaciones de todo el país, encabezadas por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU).

    El rechazo a la inmigración irregular acompañó la carrera de Trump desde antes de llegar a la Casa Blanca. En 2015, al anunciar su aspiración presidencial, pronunció un discurso xenófobo que causó gran controversia y en el que afirmó que México enviaba a Estados Unidos crimen, drogas y violadores.

    Ya en 2017, recién instalado en el poder, firmó órdenes ejecutivas que prohibieron por 90 días la entrada de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana y suspendieron de forma indefinida el programa de admisión de refugiados sirios. También autorizó la construcción del muro fronterizo, tal como lo había prometido.

    En el segundo mandato la ofensiva se intensificó. Trump impulsó lo que llamó «la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos» y suspendió temporalmente las citas para solicitar visados de inmigrante en todo el mundo, con el argumento de que el personal consular necesita entrenamiento sobre nuevos procedimientos.

    F/Telesur

  • Endeudados para llegar a fin de mes: miles marchan contra política económica de Milei

    Endeudados para llegar a fin de mes: miles marchan contra política económica de Milei

    En medio de la grave situación económica que atraviesan los sectores populares en Argentina, miles de personas marcharon este jueves hacia el Ministerio de Economía para exigirle al Gobierno de Javier Milei una respuesta ante la crisis de endeudamiento familiar, que según datos del Banco Central afecta a cerca de 5,8 millones de personas con créditos impagos o atrasos graves.

    La protesta fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y organizaciones de «endeudados autoconvocados».

    A diferencia de otras protestas recientes, esta movilización estuvo marcada por la presencia de un actor social nuevo: personas que se organizaron después de descubrir que su angustia individual por las deudas era, en realidad, un fenómeno colectivo. Bajo la consigna «No es individual, es colectivo», el grupo autoconvocado Endeudados Organizados se sumó a la columna sindical para exigir límites a las tasas de interés.

    Las organizaciones calculan que unas 20 millones de personas en Argentina tienen algún tipo de deuda con entidades financieras, de las cuales 6 millones estarían en situación crítica. En un comunicado, la CGT explicó el fenómeno: «Las familias argentinas se endeudan para poder vivir, para pagar el alquiler, comprar comida, afrontar la luz, el gas o sostener los gastos básicos del hogar».

    Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT, apuntó directamente contra el Gobierno: «Acá hay dos culpables y dos responsables: el Presidente y el ministro de Economía. Llevan una política totalmente de ajuste, regresiva y que pisa los salarios de los trabajadores, rompe el consumo y todo el sistema productivo».

    Por su parte, Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, vinculó la crisis del endeudamiento con la caída del empleo formal: «Ya son 340.000 puestos de trabajo formales que se han destruido y cerca de 30.000 empresas que se siguen cerrando».

    Desde la CTA de los Trabajadores, el secretario adjunto Roberto Baradel señaló que el fenómeno no se limita a las familias: también alcanza «el problema del endeudamiento […] del pequeño y mediano empresariado, que le deben dinero a los bancos o a las billeteras virtuales».

    Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP, puso el foco en las mujeres de los barrios populares: «¿Quién cuida a las que nos endeudamos para sostener la vida de nuestras comunidades en los barrios populares?», cuestionó, y agregó: «La deuda no es un tema individual, es una deuda colectiva. Un pueblo endeudado es consecuencia de las políticas de Gobierno que defiende a los poderosos que no pierden nunca».

    En diálogo con la prensa, Jorge Sola, secretario general de la CGT, definió la situación como una «pandemia de endeudamientos» y remarcó: «No es un asunto entre privados», en referencia directa a la postura del presidente ultraderechista Javier Milei.

    En diálogo con teleSUR, otras dos manifestantes describieron cómo la crisis atraviesa distintos frentes de la vida cotidiana.

    Jacqueline Morisco, de la Secretaría de Género de la Asociación del Personal de los Entes Públicos y de Hacienda (APEH), detalló las dificultades que enfrentan las familias para cubrir sus necesidades básicas: «No podemos pagar la luz, el alquiler, no podemos pagar la prepaga, no hay obras sociales que te atiendan con alguna patología». Y responsabilizó directamente al Gobierno: «Lo que queremos es que el gobierno se haga cargo y que no diga que es culpa nuestra, que las políticas que ellos ejercen día a día es lo que genera que casi la mitad, casi el 56% de los argentinos estén endeudados«.

    Por su parte, Julia Moragues, integrante de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), vinculó el endeudamiento con la falta de actualización salarial: «Venimos con ya 32 meses de un gobierno que no abre paritarias, los sueldos están muy pisados por debajo de la inflación». Según Moragues, esto modificó el propio motivo de las deudas familiares: «Eso hace que las familias tengan que recurrir a endeudarse ya no para comprar electrodomésticos o viajes, cosas como se endeudaban antes, sino para comprar comida».

    Entre los sectores golpeados, los jubilados ocupan un lugar central: varios de ellos combinan trabajos informales —como manejar para aplicaciones de transporte o hacer changas— con la jubilación mínima, que en agosto de 2026 equivale a 489.775,92 pesos (alrededor de 327 dólares) al sumar el bono extraordinario, congelado en 70.000 pesos (46 dólares) desde hace meses.

    El reclamo central de la protesta apunta contra la negativa del Gobierno a intervenir en la crisis. El presidente Milei fijó la postura oficial el 2 de agosto, en una entrevista con el periodista Luis Majul: «¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás, y eso me parece que no está bien«.

    Al día siguiente, en Radio Mitre, ratificó esa idea y calificó el endeudamiento como «una transacción entre privados, lo tienen que arreglar entre privados». En esta misma jornada, el mandatario habló frente a empresarios en el Council of the Americas y afirmó que «no aumentó el desempleo. Tampoco cayeron los salarios».

    El ministro de Economía, Luis Caputo, coincidió con esa línea durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde también calificó el problema como «un tema entre privados». El funcionario fue más allá al explicar el origen del sobreendeudamiento: «La gente se sobreendeudó a tasas muy altas, pensando que la inflación iba a licuar las deudas y eso no pasó».

    En esta línea, el vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó cualquier tipo de asistencia estatal: «Acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen mora y que con eso paguen».

    Ante el díficil panorama que atraviesan millones de familias argentinas, más de 40 organizaciones impulsan una campaña de firmas para promover una Ley de Emergencia Nacional por Deudas Esenciales, mientras distintos bloques opositores presentaron cerca de 30 iniciativas para atender la crisis. Una de ellas, impulsada por los diputados Diego Giuliano y Caren Tepp, plantea crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas mediante una línea de crédito de la ANSES.

    F/Telesur
  • Evo Morales: en Bolivia está en marcha una rebelión contra el neoliberalismo y el Estado neocolonial

    Evo Morales: en Bolivia está en marcha una rebelión contra el neoliberalismo y el Estado neocolonial

    En una entrevista concedida a una agencia de noticias internacional, el expresidente Evo Morales Ayma aseguró que las protestas que sacuden a Bolivia desde hace un mes constituyen una rebelión contra un Gobierno que está sometido a Estados Unidos.

    El exmandatario socialista, quien gobernó el país andino entre 2006 y 2019, realizó las declaraciones desde la zona cocalera del Chapare, su bastión político en el centro del territorio boliviano, y destacó la firmeza de los sectores movilizados contra las medidas neoliberales adoptadas por el Gobierno de derecha de Rodrigo Paz desde su llegada al poder.

    Enfatizó que las manifestaciones —en las que participan mineros, transportistas, maestros, campesinos, indígenas y otros sectores— defienden la economía de los trabajadores y las familias, la democracia, la Constitución y los recursos naturales.

    El mandatario Rodrigo Paz acusa a Morales de estar detrás de las protestas, que exigen su renuncia en medio de la peor crisis económica que enfrenta Bolivia en cuatro décadas.

    Frente a esto, Morales respondió: «Es un Gobierno totalmente sometido (a Estados Unidos). Me doy cuenta de que llegó la hora de definir quién manda: el imperio o el pueblo».

    «Esta rebelión, estoy convencidísimo, es contra el modelo neoliberal y contra el Estado neocolonial», agregó Morales. Paz, quien puso fin a 20 años de gobiernos de izquierda —el liderado por Morales y el de Luis Arce (2020-2025)—, es considerado un nuevo aliado latinoamericano de Estados Unidos, que le expresó su respaldo y advirtió que Bolivia enfrenta un intento de «golpe de Estado».

    Morales, de 66 años, se encuentra resguardado por miles de campesinos que evitan que la policía ejecute una orden de captura en su contra por una acusación de presunta trata de una menor, que él niega. «Yo quisiera acompañar (las manifestaciones), pero este caso de trata no lo permite», aseguró el líder cocalero.

    Asimismo, denunció un supuesto plan de Estados Unidos, apoyado por el Gobierno de Paz, para ejecutar una operación militar con el apoyo de la DEA y el Comando Sur norteamericano con el fin de detenerlo.

    Morales negó que impulse las protestas, aunque seguidores suyos participan en bloqueos de caminos en Cochabamba. Las marchas en la capital administrativa, La Paz, han provocado escasez de alimentos, medicina y combustibles. «El hambre convoca a esta movilización», insistió quien fue el primer Presidente indígena de Bolivia.

    El martes, el Congreso boliviano derogó una norma para que Paz pueda declarar estados de excepción y controlar las manifestaciones con militares sin aprobación parlamentaria. Morales advirtió que, si lo hiciera, «dudo que el pueblo» retroceda.

    Impedido de postular a las presidenciales de 2025 por un fallo del tribunal constitucional, Morales propone al actual Gobierno llamar a elecciones en 90 días, y aseguró no tener «afán» por ser de nuevo candidato. «Ahora ya no es mi tiempo. Pero sí tengo la obligación de acompañar al movimiento político que lidero», concluyó.

    F/Telesur
  • Sequera: María Corina Machado ha intentado conducir al país a un punto irreconciliable

    Sequera: María Corina Machado ha intentado conducir al país a un punto irreconciliable

    El licenciado en letras y periodista de Misión Verdad, Diego Sequera, indicó que la agente de extrema derecha, María Corina Machado, en dos momentos claves de los últimos 12 años (2014-2026) ha intentado producir divisiones y conducir al país a un punto irreconciliable que, afortunadamente, “no ha pasado hasta ahora”.

    “Esto es clave. Si analizamos y revisamos, por ejemplo, casos como Ruanda, Armenia o Azerbaiyán, hay escenarios donde han pasado cosas más terribles, donde se han derramado litros de sangre”, dijo Sequera durante una entrevista en el programa A Pulso que transmite Venezolana de Televisión (VTV).

    En ese sentido, expresó que las aventuras desestabilizadoras de María Corina Machado y la extrema derecha han fracasado en su afán por destruir al país.

    Finalmente, Diego Sequera precisó que hubo “dos momentos claves: uno en 2014 y otro en 2024 donde se estaban produciendo consensos. El primero, por la muerte del comandante Hugo Chávez; el otro en materia económica y por la fatiga de tantos años de conflicto, pero lo fracturó María Corina Machado”.

    F/VTV
  • El petróleo alcanza su precio más alto desde 2024

    El petróleo alcanza su precio más alto desde 2024

    El crudo Brent se disparó más de un 6 % este viernes, hasta los 92 dólares por barril, su nivel más alto desde abril de 2024, en el contexto de la interrupción del suministro mundial de petróleo por la escalada del conflicto en Oriente Medio.

    Paralelamente, el crudo de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), subió hasta los 88 dólares por barril, tras un avance superior al 9 %. En Oriente Medio, el crudo Murban, un referente clave, se acercaba a la barrera de los 100 dólares, tras dispararse un 5 %.

    El impacto también ha afectado los precios de la gasolina en EE.UU. que subieron 7 centavos, situando el promedio nacional en 3,32 dólares por galón este viernes, el último de una serie de incrementos registrados durante la semana. Este nivel representa el precio más alto desde septiembre de 2024.

    Este aumento podría convertirse en un problema político para el presidente Donald Trump, quien ha destacado frecuentemente la caída de los precios de la gasolina durante su segundo mandato. Sin embargo, tras las recientes subidas, los precios actuales son más altos que al inicio de este período presidencial. En concreto, el precio del galón de gasolina ha aumentado 34 centavos, lo que equivale a un incremento de aproximadamente el 11 % en la última semana.

    Crisis en el estrecho de Ormuz

    El repunte culmina una semana de alzas bruscas en los precios del petróleo, impulsadas por las crecientes tensiones vinculadas al conflicto con Irán y los temores sobre la seguridad del transporte marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más importantes del mundo, por donde transita aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo en alta mar, que fue cerrado este lunes por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).

    La medida provocó un aumento de los precios de la energía y de los costos para las compañías energéticas y navieras, cuyos barcos no pueden pasar por el estrecho.

    Los precios del gas también se dispararon a raíz del conflicto. El lunes los futuros del gas natural europeo subieron un 52 % como consecuencia de que Qatar Energy suspendiera la producción de gas natural licuado (GNL) en su complejo de Ras Laffan, el mayor del mundo, después de que un dron atacara un tanque de agua en sus instalaciones.

    F/RT
  • Sin convocatoria de la CGT: Sindicatos marchan al Senado contra la reforma laboral de Milei

    Sin convocatoria de la CGT: Sindicatos marchan al Senado contra la reforma laboral de Milei

    Pese a que la Confederación General del Trabajo (CGT) descartó una nueva huelga general, más de un centenar de sindicatos confirmaron su movilización al Congreso para rechazar la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, cuyo tratamiento definitivo se prevé en el Senado.

    La conducción de la central obrera reconoció que no logró revertir la correlación de fuerzas parlamentarias tras el paro del 19 de febrero y optó por una estrategia de judicialización parcial de la norma. En ese sentido, definió una marcha limitada a delegados y directivos hacia Tribunales, prevista para el lunes 2 de marzo, para acompañar la presentación judicial contra la ley, descartando un nuevo paro general.

    Sin embargo, sectores sindicales de base resolvieron desconocer la decisión de la mesa chica y convocaron a una jornada de protesta frente al Congreso de la Nación. La concentración principal fue fijada en la Plaza de los Dos Congresos, desde primeras horas de la mañana, con cese parcial de actividades en gremios industriales, educativos y del transporte.

    Entre las organizaciones que confirmaron su participación se encuentra el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), espacio que nuclea a la Unión Obrera Metalúrgica, la Federación Aceitera y sindicatos del transporte agrupados en la CATT (Confederación Argentina De Trabajadores del Transporte), además de la Asociación Trabajadores del Estado y ambas CTA. También se sumaron gremios del Plenario del Sindicalismo Combativo, trabajadores del neumático, docentes universitarios y organizaciones sociales.

    En paralelo, manifestantes realizaron cortes en el centro porteño. En la zona del Obelisco, fuerzas de seguridad avanzaron con gas pimienta y balas de goma para dispersar a quienes bloqueaban las avenidas 9 de Julio y Corrientes. También se registró un corte en la Autopista Panamericana protagonizado por trabajadores de la empresa FATE, cerrada de manera arbitraria días atrás, lo que provocó el despido de sus más de 900 trabajadores.

    La reforma laboral, cuestionada por amplios sectores sindicales por su regresión en derechos laborales, introduce cambios estructurales en el régimen de contratación y despido. Entre los puntos más debatidos se encuentran la ampliación de la jornada laboral hasta 12 horas, la fragmentación del período vacacional, la reducción de indemnizaciones y la modificación del principio de ultraactividad de los convenios colectivos, favoreciendo acuerdos por empresa o región por encima de convenios sectoriales.

    Mientras el oficialismo da por descontada la sanción definitiva, la fractura interna dentro de la CGT quedó expuesta en la calle. El desacople entre la conducción y los gremios movilizados refleja una tensión creciente en el movimiento obrero frente a la agenda de reformas estructurales del Ejecutivo.

    F/Telesur
  • AN aprueba por unanimidad: Ley para Garantizar Libertades de Navegación y Comercio frente a la Piratería

    AN aprueba por unanimidad: Ley para Garantizar Libertades de Navegación y Comercio frente a la Piratería

    La Asamblea Nacional sancionó por unanimidad la Ley para Garantizar las Libertades de Navegación y Comercio frente a la Piratería, Bloqueos y otros Actos Ilícitos Internacionales, tras culminar la segunda discusión de sus 15 artículos en sesión extraordinaria; la normativa establece responsabilidades para personas naturales, jurídicas y extranjeras que incurran en los delitos contemplados en el texto.

    El instrumento legal fue remitido al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para su promulgación. La norma busca fortalecer la defensa de la soberanía nacional y proteger el libre comercio frente a acciones externas que atenten contra los intereses del país.

    Durante la sesión, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, destacó que esta es la ley número 100 aprobada en el actual período legislativo. “Todos los procesos se cumplieron conforme a la Constitución y el carácter firme patriótico de la Asamblea Nacional, que ha consolidado un Poder Legislativo sólido y comprometido con la paz de los venezolanos”.

    Asimismo, el diputado de la Asamblea Nacional, Óscar Ronderos, destacó que la Ley para Garantizar las Libertades de Navegación constituye un avance significativo en la defensa de la soberanía. “Es importante señalar que esta norma representa una novedad, destinada a proteger nuestra independencia. Debemos asegurar la jurisdicción del Estado venezolano no solo en nuestras aguas, sino también en el ámbito internacional.

    La comisión mixta encargada del proyecto estuvo integrada por representantes de las comisiones permanentes de Política Interior, Política Exterior, Economía y Finanzas, así como de la instancia parlamentaria de Seguridad y Defensa de la Nación. En el debate participaron también voceros del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio Público, Defensa Pública, Defensoría del Pueblo, Cancillería y Procuraduría General de la República, quienes coincidieron en la urgencia de la aprobación.

    El informe final fue avalado con modificaciones de forma y presentado a la Cámara Plena con carácter de urgencia. La aprobación unánime refleja el consenso alcanzado en torno a la necesidad de contar con un marco jurídico que garantice la protección de la navegación y el comercio frente a amenazas internacionales.

    F/VTV
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