La Confederación General del Trabajo (CGT) de Francia convocó a trabajadores, jubilados y jóvenes a participar en una jornada nacional de huelga y movilizaciones el próximo 17 de noviembre, en rechazo a las medidas salariales del Gobierno y a las previsiones económicas que, según el sindicato, reducirán el poder adquisitivo de la población.
La secretaria general de la organización, Sophie Binet, anunció el llamado tras participar en una reunión del Ejecutivo con representantes sindicales y empresariales. La dirigente consideró insuficientes las propuestas gubernamentales y respaldó las movilizaciones estudiantiles previstas para este sábado, así como las próximas jornadas de protesta.
Entre sus principales cuestionamientos figura el incremento del salario mínimo interprofesional (Smic), que aumentará 23 euros a partir del 1 de diciembre. Binet señaló que 18 euros corresponderían al ajuste automático previsto para enero, por lo que el incremento adicional sería de apenas cinco euros, una cantidad que comparó con el precio de un kilo de tomates.
La dirigente también denunció que 122 de las 260 ramas profesionales mantienen salarios mínimos por debajo del Smic, mientras que unos 850.000 empleados públicos perciben remuneraciones inferiores a ese umbral. Añadió que el congelamiento del índice salarial de la función pública durante casi una década ha provocado una pérdida de 20% de su valor.
Binet advirtió además sobre el impacto que podría tener el proyecto presupuestario de 2027 en los ingresos de los hogares. Según sus estimaciones, las pensiones podrían reducirse en promedio 250 euros, los salarios de los funcionarios en 600 euros, las prestaciones familiares en 150 euros y las ayudas a la vivienda en 110 euros. También cuestionó los posibles incrementos en los costos de las mutuas sanitarias y de la formación profesional.
Por su parte, Marylise Léon, secretaria general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), pidió acelerar las negociaciones salariales y revisar los acuerdos de las distintas ramas profesionales en un plazo de dos semanas, con el propósito de garantizar que ningún salario mínimo convencional quede por debajo del Smic.