El Ministerio Público (MP), a través de un comunicado, rechazó la «cínica» respuesta de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador con relación a los más de 250 venezolanos secuestros en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
A través de un correo electrónico El Salvador declaró improcedente la intervención venezolana «alegando que la comunicación enviada no cumple con los requisitos legales y formales establecidos, ni se realizó por los canales diplomáticos adecuados».
A continuación texto íntegro del Comunicado:
El Ministerio Público venezolano informa que tras haber enviado el 30 de marzo una comunicación a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para solicitar su intervención en defensa de los derechos de los ciudadanos venezolanos ilegalmente secuestrados en ese país, hemos recibido vía correo electrónico, más de 80 días después, una respuesta vergonzosa de ese ente judicial.
Como institución comprometida con los derechos humanos, rechazamos la maniobra dilatoria y evasiva de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que mediante este pronunciamiento pretende desentenderse de su responsabilidad constitucional de proteger la libertad y la integridad personal de los 252 ciudadanos venezolanos enviados desde Estados Unidos a El Salvador y detenidos allí sin haber cometido ningún delito.
En esta comunicación, la Corte declara improcedente nuestra intervención alegando que la comunicación enviada no cumple con los requisitos legales y formales establecidos, ni se realizó por los canales diplomáticos adecuados.
Además, con respecto al habeas corpus realizada por un grupo de abogados que representan a las víctimas, la Corte señala que los solicitantes no proporcionaron información precisa sobre los hechos alegados, las autoridades responsables, ni las razones concretas que justifican la vulneración de derechos constitucionales.
Así se niega a atender nuestra solicitud, mientras que por otra parte, ha optado por no analizar los hechos ni entrar al fondo del habeas corpus realizado por los abogados, escudándose en una serie de formalismos falaces y exigencias desproporcionadas, con el único objetivo de evadir su deber constitucional de control sobre la privación ilegítima de libertad.
Al pedirles a los defensores que especifiquen si «realmente» los ciudadanos están detenidos, o que prueben hechos ampliamente notorios, como su traslado al CECOT en medio de un espectáculo mediático, la Sala no solo se hace la desentendida, sino también cómplice de esta aberración jurídica.
Como institución garante de la legalidad, no aceptaremos que se someta a personas a detenciones arbitrarias, incomunicaciones, traslados forzados o privaciones de libertad sin juicio, sin defensa, sin debido proceso y sin siquiera saber por qué están presas ni dónde están.
No aceptamos que se legitimen desapariciones forzadas bajo pretextos formales.
Como parte de nuestro esfuerzo por ofrecer apoyo a las víctimas y favorecer la búsqueda de la justicia, este Ministerio Público localizó y entrevistó a 116 familiares de 118 connacionales detenidos ilegalmente en El Salvador. Esas entrevistas están a disposición de los abogados que los representan y del sistema de justicia salvadoreño, si está dispuesto a escucharlos.
Con esta respuesta el Estado salvadoreño ha optado por eludir su responsabilidad y negar toda cooperación, no solo con Venezuela, sino con los principios más básicos del derecho internacional de los derechos humanos. Esto ocurre a la vista de organismos multilaterales y bajo el silencio cómplice de quienes dicen defender los mismos.
El pueblo venezolano y este Ministerio Público no descansarán hasta restablecer la dignidad, la libertad y la justicia para cada uno de sus ciudadanos sometidos a esta cadena de violaciones.
Caracas, 23 de junio de 2025
Tarek William Saab Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela
