El proyecto de ley que crea la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos, una iniciativa clave impulsada para fomentar el procesamiento interno de materias primas y romper con el modelo primario exportador de bienes sin valor agregado, además de afianzar la soberanía sobre esos recursos ante cualquier interferencia externa, fue aprobada por el Senado de Brasil.
Con la segunda mayor reserva de tierras raras del planeta, Brasil busca fortalecer la soberanía sobre sus recursos en la carrera energética global. No obstante, especialistas advierten sobre la complejidad del reto tecnológico, recordando que potencias como China requirieron varias décadas para consolidar sus cadenas de procesamiento minero-industrial.
El marco regulatorio contempla la creación de un fondo de garantía de capital privado con participación del Estado como accionista con un tope de 400 millones de dólares y un paquete de crédito fiscal de casi 1.000 millones de dólares para apalancar el desarrollo industrial en el país.
La legislación dispone que entre 2030 y 2034 el acceso a los incentivos anuales del fondo limitados a 200 millones de dólares por año estará reservado únicamente a empresas constituidas conforme a la legislación brasileña, con administración en el territorio nacional y que certifiquen inversiones reales en la transformación local de minerales.
Adicionalmente, la ley crea un Consejo de Industrialización subordinado a la Presidencia, encargado de supervisar las ventas de concesiones y proteger la información geológica de interés nacional frente a alianzas extranjeras que comprometan la seguridad económica o geopolítica del Estado.
Poca participación comunitaria
El nuevo Consejo de Industrialización estará compuesto por 15 representantes del Gobierno, dos del sector privado y apenas uno de la sociedad civil, una disparidad que deja desprotegidas a las poblaciones indígenas y rurales frente a la expansión extractiva masiva y la amenaza de creación de zonas de sacrificio.
Todo esto ocurre en un contexto donde Brasil se encamina hacia las elecciones generales del 4 de octubre, y ante el avance de la ultraderecha y el incremento de las agresiones impulsadas desde Washington contra América Latina.
El mandatario Luiz Inácio Lula da Silva rechaza la subordinación a los mandatos de las potencias occidentales, apostando por profundizar la inserción de Brasil en el bloque de los BRICS y el Sur Global. Esta visión contrasta drásticamente con la postura de la derecha local, orientada a consolidar la dependencia de la región respecto a la Casa Blanca.
