Durante la sesión solemne de apertura de actividades judiciales 2026, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presentó un balance de gestión del año 2025 que destaca por un incremento sustancial en la productividad del sistema de justicia venezolano.
La magistrada enfatizó que la capacidad resolutiva del Poder Judicial alcanzó un total de 832 mil 763 pronunciamientos, lo que representa un aumento general del 55,83% con respecto al año anterior, consolidando así el cumplimiento de los objetivos institucionales de celeridad y eficacia.
En su balance, Rodríguez detalló que las diferentes salas del TSJ dictaron 6 mil 292 sentencias, las cuales fungen como el máximo criterio orientador de la legalidad en la Nación, logrando un incremento del 24,37% en comparación con 2024. De manera simultánea, los Tribunales de la República en sus distintas circunscripciones y competencias especializadas emitieron 781mil 403 decisiones judiciales, cifra que equivale a un crecimiento del 47,67%. «Estas cifras no solo reflejan la alta operatividad del sistema, sino que consolidan el compromiso con la garantía efectiva del acceso a la justicia», afirmó.
La magistrada atribuyó estos logros al «invaluable trabajo y constante dedicación» de magistrados, jueces, incluyendo los de paz comunal, y servidores de los órganos auxiliares. Destacó que el impacto social de esta convergencia operativa permitió atender a 5 millones 538 mil 980 personas a través de los diversos servicios prestados por el Poder Judicial. Dicho despliegue, agregó, es un testimonio del esfuerzo continuo por brindar respuestas directas y oportunas en defensa de la paz social y la confianza institucional en todo el territorio.
Asimismo, resaltó la consolidación estratégica de la estructura jurisdiccional mediante la designación de 764 juezas y jueces por parte de la Comisión Judicial en el año 2025. Este proceso de nombramientos abarcó diversas competencias materiales con el firme propósito de garantizar la tutela judicial efectiva en cada rincón del país.
Finalmente, la gestión destacó por su transparencia y control interno, con la ejecución de 530.050 actuaciones de supervisión por parte de la Inspectoría General de Tribunales.
