Donovan Balanta, un hombre de 34 años, padre de dos hijos, trabajador de una farmacéutica y estudiante de criminalística, fue torturado y asesinado este martes por miembros de la Policía Nacional durante un procedimiento violento en el barrio Caracolí, sur de Bogotá.
Entre 15 y 20 uniformados persiguieron, derribaron y golpearon a la víctima, utilizándole repetidamente un dispositivo de descargas eléctricas en la espalda y el pecho tras haberlo esposado y sometido en el suelo. Vecinos y familiares del sector denunciaron que el ataque no solo estuvo marcado por la desproporción física, sino también por insultos y agresiones verbales racistas.
Posteriormente, Balanta fue trasladado a la estación de policía de Cazucá, donde manifestó graves problemas para respirar y suplicó por ayuda médica que le fue negada sistemáticamente por los agentes a cargo. Aunque la versión oficial de las autoridades intentó matizar el hecho afirmando que el joven sufrió una «descompensación repentina» y que llegó con vida al centro de salud.
Sus allegados aseguraron que ingresó sin signos vitales al Hospital Cardiovascular. Frente a las acusaciones, la institución limitó su respuesta inicial a apartar a siete uniformados de sus cargos y someterlos a una indagación disciplinaria.
La comunidad y sus allegados expresan un profundo dolor y rechazan de manera tajante las versiones institucionales que buscan restablecer responsabilidad a los uniformados, «Era un muchacho muy centrado en sus cosas, respetuoso y trabajador», destacó su familiar Jhon Gómez, mientras líderes locales resaltaron el compromiso de «Piri», como le decían de cariño, en promover actividades deportivas para niños y adolescentes en el barrio.
En redes sociales, el abogado y activista Alí Bantú Ashanti increpó la conducta policial señalando, «Se amparan en la ley para cometer estos actos atroces contra nuestra gente; Eso no representa la ley, son asesinos. No hace mucho nos ponían cadenas; hoy cada policía de este país quiere ponernos esposas».
Por su parte, el Proceso de Comunidades Negras (PCN) emitió un contundente pronunciamiento en el que exigió verdad, justicia y garantías de no repetición, rechazando cualquier intento de manipulación discursiva por parte del Estado.
La organización de base enfatizó en su denuncia pública que, «Este caso no puede presentarse como un episodio aislado ni reducirse a fórmulas que diluyen la responsabilidad institucional. Decir que una persona “murió tras un procedimiento” o sufrió una “afectación repentina de salud” elimina del relato el uso de la fuerza, la custodia estatal y las decisiones de los agentes que intervinieron. El lenguaje importa porque puede convertir una posible violación de derechos humanos en un hecho sin responsabilidad» .
Desde el movimiento social afrodescendiente se recalcó que este acontecimiento forma parte de una problemática estructural y sistemática que opera en el país mediante el sesgo y la discriminación. En su comunicado, el PCN advirtió, «En Colombia, las denuncias de abuso policial contra el pueblo negro revelan una realidad persistente de perfilamiento racial, hostigamiento, requisas injustificadas, violencia verbal, detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza (…) El control sobre los cuerpos negros se expresa con mayor fuerza en barrios populares, periferias urbanas, estaciones de transporte, zonas turísticas y espacios donde la pobreza es tratada como sospecha».
Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, la impunidad no puede ser la respuesta ante crímenes violatorios de la dignidad humana cometidos por la fuerza pública. Reiterando la urgencia de reestructurar las dinámicas de la institución, el PCN subrayó en su manifiesto que, «El problema no se resuelve con capacitaciones superficiales ni con declaraciones institucionales. Colombia necesita investigaciones independientes, protocolos efectivos contra el perfilamiento racial, datos públicos con enfoque étnico racial, mecanismos reales de denuncia y sanción, y una transformación profunda de la Policía» .
El PCN resalta la urgencia de frenar la violencia policial e institucional en los sectores más vulnerables, «La familia de Donovan tiene derecho a conocer la verdad completa. El pueblo negro tiene derecho a vivir sin que su cuerpo sea tratado como una amenaza. La vida de Piri importaba» .