El juez federal James Boasberg calificó como lamentablemente e insuficiente la última respuesta de la administración de Donald Trump en Estados Unidos (EEUU) sobre los vuelos de deportación de migrantes venezolanos secuestrados en El Salvador.
El magistrado había ordenado previamente la suspensión temporal de estas deportaciones, en este sentido exigió al gobierno que explique por qué no cumplió con su orden judicial de devolver los aviones que ya estaban en el aire.
Luego de un intenso debate sobre los límites del poder ejecutivo y la independencia judicial que se remonta a la decisión de la administración Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa del siglo XVIII, para deportar a cientos de migrantes venezolanos.
La deportación del pasado fin de semana tuvo por destino el Centro de Reclusión del Terrorismo (CECOT), cárcel insignia de la violenta estrategia anticrimen de El Salvador. Está es una megaprisión donde no se permiten visitas, salidas al exterior ni educación.
Organismos de DDHH denuncian que al menos 261 personas perdieron la vida en cárceles salvadoreñas en los últimos años y denuncian múltiples casos de abuso, tortura y falta de atención médica.
