La vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, consignó ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya el informe denominado Venezuela II, que expone el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales contra el país.
Durante su reunión con el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang, Rodríguez destacó un estudio publicado en la revista The Lancet que abarcó 152 países y determinó que más de 564 mil personas mueren anualmente, en su mayoría menores de cinco años y adultos mayores, como consecuencia de las sanciones impuestas principalmente por Estados Unidos y otros países occidentales que promueven la política de “cambio de régimen”. Esta cifra es comparable a la tasa anual de mortalidad causada por conflictos armados.
La vicepresidenta llamó la atención sobre la lentitud en el avance del caso, iniciado hace más de cinco años tras una remisión presentada por Venezuela. También se abordó el expediente conocido como Venezuela I, en el cual se reafirmó que en el país no se han cometido delitos previstos en el Estatuto de Roma.
Rodríguez ratificó la disposición venezolana para continuar y profundizar mecanismos de cooperación y asistencia técnica con la CPI, siempre respetando la primacía de la jurisdicción nacional. Además, resaltó la actuación responsable y profesional de los organismos de seguridad del Estado en defensa de la paz y la protección de los derechos del pueblo venezolano.
