El fiscal general Paulo Gonet solicitó hoy la condena de los siete acusados del llamado núcleo cuatro, responsables de actividades de desinformación vinculadas al supuesto intento de golpe de Estado en Brasil.
El Ministerio Público Federal acusa al grupo de ser responsable de acciones esenciales en la orquestación de la tentativa golpista que pretendía mantener en el poder del expresidente Jair Bolsonaro, incluso después de su derrota en las elecciones de 2022.
Bolsonaro fue condenado por el Supremo Tribunal Federal (STF) a principios de septiembre a 27 años y tres meses de prisión, inculpado de liderar el intento de golpe de Estado para obstaculizar la llegada a la presidencia del electo candidato Luiz Inácio Lula da Silva.
Los cargos se dividieron en núcleos. En este grupo, los acusados presuntamente prepararon y difundieron información falsa y atacaron a las autoridades con el fin de provocar una ruptura institucional.
Tal quiebre sería fundamental para garantizar la «inestabilidad social» que permitiría a las autoridades intervenir para tomar el poder y dar un golpe de Estado.
Así lo señala la Fiscalía General. En el caso de los acusados, el impacto de su comportamiento en el violento desenlace del 8 de enero de 2023 fue evidente, declaró Gonet.
«Fue a través de la contribución de este grupo de acusados que la organización criminal desarrolló y difundió narrativas falsas sobre el proceso electoral, los poderes funcionales y las autoridades que los representan, generando y alimentando la inestabilidad social que condujo a la ruptura institucional», continuó.
Según la Procuraduría General de la República, el levantamiento popular que finalmente ocurrió está causalmente relacionado «con la trama generada y alimentada por las acciones de este grupo de acusados».
Figuran como acusados en este núcleo cinco militares de bajo rango, un agente de la Policía Federal y el presidente del Instituto Voto Legal, Carlos Rocha. Los implicados enfrentan hasta 46 años de prisión.
El grupo está acusado de haber cometido cinco delitos, según la acusación formal: organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, intento de golpe de Estado, daños calificados por violencia y grave amenaza a bienes federales, y deterioro de bienes catalogados.
Con la lectura del informe del magistrado Alexandre de Moraes comenzó el caso en la primera sala del STF.
De Moraes, como ponente, presentó un resumen de todo lo ocurrido a lo largo del proceso penal y luego cedió la palabra a la Fiscalía General para que presentara sus alegatos finales, considerando todo lo surgido a lo largo del litigio.
