Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas (ONU) expresaron este miércoles la profunda preocupación por las deportaciones ilegales desde Estados Unidos a El Salvador, de más de 250 hombres venezolanos y salvadoreños, a quienes vinculan con pandillas delincuenciales. “La Ley de los enemigos de los extranjeros de 1798 parece haber sido mal aplicada para negar el debido proceso, la revisión independiente y el acceso a los tribunales, en contravención del derecho internacional de los derechos humanos. La falta de debido proceso resultó en decisiones arbitrarias de deportación contra muchas personas que al parecer no estaban involucradas con pandillas”.
Los expertos aseguran que las decisiones son claramente inadecuadas para determinar si las personas corrían el riesgo de graves violaciones de los derechos humanos en El Salvador. “Las decisiones tampoco parecían tener en cuenta el impacto en el derecho a la vida familiar y el interés superior de los niños, así como los distintos efectos de las medidas de seguridad en los derechos de la mujer”.
Asimismo, resaltan que el derecho internacional prohíbe deportar a una persona a un lugar en el que exista un riesgo considerable de privación arbitraria de la vida, tortura y/o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada, detención arbitraria, juicio injusto u otro daño irreparable.
En este contexto, los expertos expresaron su profunda preocupación por las cárceles de El Salvador, donde se han reportado muertes, torturas y malos tratos, violencia entre presos y desapariciones forzadas. Las condiciones carcelarias son presuntamente inhumanas, contrarias a las normas internacionales, con detenidos en jaulas hacinadas, encasilladas, sin necesidades desnudas como colchones, y con una atención médica inadecuada.
“Pedimos al Gobierno salvadoreño que permita a los órganos de monitoreo independientes el acceso inmediato y sin restricciones a las cárceles que tienen a los deportados”, manifestaron los expertos.
Expresaron además su alarma por el fundamento jurídico poco claro para la detención de los deportados en El Salvador y la falta de recursos efectivos, incluidas las dificultades para acceder a la representación legal, las visitas familiares, el acceso consular y la revisión judicial. Estos derechos deben estar garantizados de inmediato, dijeron los expertos.
“La falta de un estatus legal claro en El Salvador podría exponer aún más a los deportados a detenciones indefinidas y arbitrarias en el país”, destacaron.
Asimismo, señalaron que las deportaciones y las correspondientes detenciones en régimen de incomunicación “parecían entrañar desapariciones forzadas, contrarias al derecho internacional. Muchos detenidos desconocían su destino, sus familias no fueron informadas de su detención o traslado, y las autoridades estadounidenses y salvadoreñas no han publicado los nombres ni la condición jurídica de los detenidos. A los encarcelados en El Salvador se les ha negado el derecho a comunicarse con sus familiares y a recibir la visita.
Denuncian que Estados Unidos y El Salvador también se han negado a devolver a las personas declaradas por los tribunales estadounidenses que han sido deportadas ilegalmente. “Pedimos a ambos gobiernos que cooperen para devolverlos a los EE.UU., así como a cualquier otra persona que haya sido deportada ilegalmente y desee regresar”.
Expresaron su preocupación por el hecho de que no se hayan cumplido los criterios jurídicos para aplicar la Ley de Enemigos de Extranjeros. «No ha habido una invasión» o una incursión depredadora de los Estados Unidos por parte de ningún Estado extranjero, como lo exige la Ley.
“Incluso si algunos individuos eran pandilleros, la actividad de las pandillas es un crimen, no un acto de guerra. Las deportaciones eran, por lo tanto, aparentemente ilegales bajo la ley estadounidense y eran expulsiones arbitrarias e ilegales bajo el derecho internacional”, añaden los expertos.
También expresaron su preocupación por el hecho de que los EE.UU. hubieran designado abusivamente a las pandillas como organizaciones terroristas, para justificar la invocación de la Ley de Enemigos. La delincuencia organizada es un problema distinto que debería abordarse con marcos jurídicos más adecuados. Falsamente, estigmatizante, ya que los terroristas, ponen en peligro aún más sus derechos.
«Estamos alarmados por los ataques políticos a la independencia del poder judicial estadounidense y el papel profesional de los abogados en la representación de sus clientes en estos casos».
Las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos que abogan por estos casos deben ser protegidos de cualquier posible represalia en El Salvador o Estados Unidos.
“Instamos firmemente al Gobierno de los Estados Unidos a que deje de usar la Ley de Enemigos Extranjeros o cualquier otra ley para deportar sumariamente a la gente. Las deportaciones deben llevarse a cabo bajo la ley de inmigración ordinaria y de conformidad con el derecho internacional, incluida la no devolución, el debido proceso, las salvaguardias judiciales y los recursos efectivos, dijeron los expertos. Las deportaciones deben cesar hasta que se respeten estas garantías jurídicas internacionales”, puntualizaron.
Los expertos comunicaron formalmente sus preocupaciones a los Gobiernos de Estados Unidos y El Salvador, junto con una lista no exhaustiva de más de 100 ciudadanos venezolanos afectados por estas deportaciones, que muchos destinos y paraderos se desconocen. Los titulares de mandatos de procedimientos especiales expresaron anteriormente su preocupación por el debido proceso y la detención en El Salvador en 2022, 2023 y 2024.
