Categoría: Multipolaridad

  • Presidenta Delcy Rodríguez recibe a la Primera Ministra de Barbados Mia Amor Mottley en Miraflores

    Presidenta Delcy Rodríguez recibe a la Primera Ministra de Barbados Mia Amor Mottley en Miraflores

    La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, recibió, este lunes, a la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, en el Palacio de Miraflores, Caracas, quien llegó al país más temprano para cumplir una agenda diplomática orientada a fortalecer los vínculos de cooperación entre ambas naciones.

    Más temprano, Mottley fue recibida en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en el estado La Guaira, por el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, junto al viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco; el viceministro para el Caribe, Raúl Causi; y el embajador de Barbados en Venezuela, Aquines y J. Clark.

    La visita contempla el abordaje de nuevas alianzas económicas, energéticas y educativas, en continuidad con la agenda bilateral impulsada tras la visita de la presidenta Rodríguez a Barbados en abril de este año.

    Entre los temas previstos destaca la cooperación energética, con el propósito de mantener el espíritu de los acuerdos de Petrocaribe y adaptarlos a las nuevas realidades del sector, así como promover el desarrollo de tecnologías limpias en la región.

    Mia Amor realizó su primera visita oficial a Venezuela en 2023, donde abordó también temas vinculados con la cooperación energética y Petrocaribe. También se pronunció a favor del levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales contra el país.

    La visita marcó un nuevo impulso a las relaciones entre Caracas y Bridgetown, al ratificar la voluntad de ambas naciones de profundizar sus relaciones y avanzar en una agenda común para ampliar la cooperación.

    F/AVN
  • Eduardo Bolsonaro y Cerimedo: alianzas tras la red de desinformación en Bolivia

    Eduardo Bolsonaro y Cerimedo: alianzas tras la red de desinformación en Bolivia

    Las investigaciones que se siguen en Bolivia tras el desmantelamiento de una red de desinformación digital vuelven a poner bajo la lupa los vínculos de la extrema derecha internacional.

    El operativo judicial, que derivó en la incautación de una «granja de bots» e infraestructuras automatizadas, cobra relevancia al recordar que hace apenas seis meses Eduardo Bolsonaro hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y hermano del candidato presidencial de la ultraderecha defendía públicamente al operador argentino Fernando Cerimedo.

    En aquel momento, el oligarca brasileño respaldó las campañas de difamación que promovían la teoría de un «posible fraude» contra el triunfo legítimo de Luiz Inácio Lula da Silva, en un claro intento por instar al desorden social y desconocer la voluntad soberana del pueblo brasileño.

    Las recientes acciones de la Fiscalía en La Paz y Santa Cruz no solo confirmaron el hallazgo de divisas no declaradas y la detención preventiva de Cerimedo por delitos de enriquecimiento ilícito y tentativa de feminicidio, sino que sacaron a la luz la verdadera dimensión de estas estructuras transnacionales.

    La red cibernética no actuaba de forma aislada: servía como herramienta de manipulación masiva para distorsionar la conversación pública, atacar procesos democráticos en la región y promover políticas de ajuste neoliberal promovidas por sectores alineados a los intereses de Washington.

    Las pruebas colectadas por la justicia boliviana y los testimonios brindados dentro de la causa revelan además la intención de expandir estas operaciones de guerra sucia digital hacia otros países de la región, como México, buscando minar la estabilidad de gobiernos progresistas e interferir en la libre autodeterminación de los pueblos.

    Paralelamente, se denunció la articulación de acciones de amedrentamiento y persecución contra líderes sociales y referentes históricos como el expresidente Evo Morales, evidenciando el uso de métodos violentos e irregulares cuando las campañas de manipulación no logran frenar el avance popular.

    Frente a la gravedad de estos hallazgos, movimientos sociales, organizaciones populares y sectores sindicales de la región alzan la voz para exigir que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias.

    La defensa de la soberanía nacional, la transparencia en los procesos electorales y la contención de los planes de desestabilización impulsados por el capital transnacional se consolidan como tareas fundamentales para garantizar la paz y la integración de las naciones del Sur Global frente al embate de la ultraderecha.

    F/Telesur
  • Venezuela y África trabajan en una agenda común de diálogo y cooperación

    El ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia González, realizó un encuentro de trabajo con los embajadores y jefes de misión del cuerpo diplomático africano acreditado en Venezuela, con el objetivo de establecer una hoja de ruta estratégica orientada a fortalecer el intercambio mutuo.

    La agenda de trabajo además busca «consolidar los lazos históricos de hermandad entre Venezuela y la Madre África», resaltó el canciller a través de una publicación en sus redes sociales.

    Detalló también que la reunión estuvo enfocada en avanzar en una agenda común de diálogo y cooperación para el beneficio de ambos pueblos.

    Durante el encuentro, el ministro Plasencia González transmitió a los representantes diplomáticos el saludo de la presidenta Delcy Rodríguez, quien ha expresado reiteradas veces un interés especial en fortalecer los vínculos con los países del continente africano.

    T/UN

  • Endeudados para llegar a fin de mes: miles marchan contra política económica de Milei

    Endeudados para llegar a fin de mes: miles marchan contra política económica de Milei

    En medio de la grave situación económica que atraviesan los sectores populares en Argentina, miles de personas marcharon este jueves hacia el Ministerio de Economía para exigirle al Gobierno de Javier Milei una respuesta ante la crisis de endeudamiento familiar, que según datos del Banco Central afecta a cerca de 5,8 millones de personas con créditos impagos o atrasos graves.

    La protesta fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y organizaciones de «endeudados autoconvocados».

    A diferencia de otras protestas recientes, esta movilización estuvo marcada por la presencia de un actor social nuevo: personas que se organizaron después de descubrir que su angustia individual por las deudas era, en realidad, un fenómeno colectivo. Bajo la consigna «No es individual, es colectivo», el grupo autoconvocado Endeudados Organizados se sumó a la columna sindical para exigir límites a las tasas de interés.

    Las organizaciones calculan que unas 20 millones de personas en Argentina tienen algún tipo de deuda con entidades financieras, de las cuales 6 millones estarían en situación crítica. En un comunicado, la CGT explicó el fenómeno: «Las familias argentinas se endeudan para poder vivir, para pagar el alquiler, comprar comida, afrontar la luz, el gas o sostener los gastos básicos del hogar».

    Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT, apuntó directamente contra el Gobierno: «Acá hay dos culpables y dos responsables: el Presidente y el ministro de Economía. Llevan una política totalmente de ajuste, regresiva y que pisa los salarios de los trabajadores, rompe el consumo y todo el sistema productivo».

    Por su parte, Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, vinculó la crisis del endeudamiento con la caída del empleo formal: «Ya son 340.000 puestos de trabajo formales que se han destruido y cerca de 30.000 empresas que se siguen cerrando».

    Desde la CTA de los Trabajadores, el secretario adjunto Roberto Baradel señaló que el fenómeno no se limita a las familias: también alcanza «el problema del endeudamiento […] del pequeño y mediano empresariado, que le deben dinero a los bancos o a las billeteras virtuales».

    Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP, puso el foco en las mujeres de los barrios populares: «¿Quién cuida a las que nos endeudamos para sostener la vida de nuestras comunidades en los barrios populares?», cuestionó, y agregó: «La deuda no es un tema individual, es una deuda colectiva. Un pueblo endeudado es consecuencia de las políticas de Gobierno que defiende a los poderosos que no pierden nunca».

    En diálogo con la prensa, Jorge Sola, secretario general de la CGT, definió la situación como una «pandemia de endeudamientos» y remarcó: «No es un asunto entre privados», en referencia directa a la postura del presidente ultraderechista Javier Milei.

    En diálogo con teleSUR, otras dos manifestantes describieron cómo la crisis atraviesa distintos frentes de la vida cotidiana.

    Jacqueline Morisco, de la Secretaría de Género de la Asociación del Personal de los Entes Públicos y de Hacienda (APEH), detalló las dificultades que enfrentan las familias para cubrir sus necesidades básicas: «No podemos pagar la luz, el alquiler, no podemos pagar la prepaga, no hay obras sociales que te atiendan con alguna patología». Y responsabilizó directamente al Gobierno: «Lo que queremos es que el gobierno se haga cargo y que no diga que es culpa nuestra, que las políticas que ellos ejercen día a día es lo que genera que casi la mitad, casi el 56% de los argentinos estén endeudados«.

    Por su parte, Julia Moragues, integrante de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), vinculó el endeudamiento con la falta de actualización salarial: «Venimos con ya 32 meses de un gobierno que no abre paritarias, los sueldos están muy pisados por debajo de la inflación». Según Moragues, esto modificó el propio motivo de las deudas familiares: «Eso hace que las familias tengan que recurrir a endeudarse ya no para comprar electrodomésticos o viajes, cosas como se endeudaban antes, sino para comprar comida».

    Entre los sectores golpeados, los jubilados ocupan un lugar central: varios de ellos combinan trabajos informales —como manejar para aplicaciones de transporte o hacer changas— con la jubilación mínima, que en agosto de 2026 equivale a 489.775,92 pesos (alrededor de 327 dólares) al sumar el bono extraordinario, congelado en 70.000 pesos (46 dólares) desde hace meses.

    El reclamo central de la protesta apunta contra la negativa del Gobierno a intervenir en la crisis. El presidente Milei fijó la postura oficial el 2 de agosto, en una entrevista con el periodista Luis Majul: «¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás, y eso me parece que no está bien«.

    Al día siguiente, en Radio Mitre, ratificó esa idea y calificó el endeudamiento como «una transacción entre privados, lo tienen que arreglar entre privados». En esta misma jornada, el mandatario habló frente a empresarios en el Council of the Americas y afirmó que «no aumentó el desempleo. Tampoco cayeron los salarios».

    El ministro de Economía, Luis Caputo, coincidió con esa línea durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde también calificó el problema como «un tema entre privados». El funcionario fue más allá al explicar el origen del sobreendeudamiento: «La gente se sobreendeudó a tasas muy altas, pensando que la inflación iba a licuar las deudas y eso no pasó».

    En esta línea, el vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó cualquier tipo de asistencia estatal: «Acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen mora y que con eso paguen».

    Ante el díficil panorama que atraviesan millones de familias argentinas, más de 40 organizaciones impulsan una campaña de firmas para promover una Ley de Emergencia Nacional por Deudas Esenciales, mientras distintos bloques opositores presentaron cerca de 30 iniciativas para atender la crisis. Una de ellas, impulsada por los diputados Diego Giuliano y Caren Tepp, plantea crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas mediante una línea de crédito de la ANSES.

    F/Telesur
  • Palestinos piden acción internacional ante plan israelí de ejecuciones bajo «ley racista»

    Palestinos piden acción internacional ante plan israelí de ejecuciones bajo «ley racista»

    El director de la Sociedad de Presos Palestinos (PPS), Abdullah al-Zaghari, pidió este miércoles una acción internacional efectiva tras los informes de que Israel designó un ala para palestinos condenados a muerte, que incluye una sala para ejecuciones y «cabinas de observación», según anunció del ministro de Seguridad Nacional, el extremista de ultraderecha Itamar Ben-Gvir.

    Israel alberga a alrededor de 9.400 prisioneros palestinos, incluidos 94 mujeres, más de 350 niños, 3.244 detenidos administrativos y 1.320 personas que clasifica como combatientes ilegales, entre los que pueden estar médicos y otros profesionales.

    En un informe titulado «Bienvenidos al infierno», la ONG israelí de derechos humanos B’Tselem denunció que el régimen de Benjamin Netanyahu «ha convertido sus prisiones en una red de campos de tortura para los palestinos, como parte de una ofensiva coordinada contra la sociedad palestina con el objetivo de destruir su existencia». A ese escenario se suma ahora la sala para ahorcamiento que publicita Ben-Gvir.

    El informe de B’Tselem, que coincide con reportes de la ONU, ONG internacionales y organizaciones palestinos, señala que torturas, abusos sexuales y privación del sueño, alimento o atención médica son algunas de las prácticas a las que los palestinos siguen sometidos en las cárceles israelíes, muchos de ellos bajo «detención administrativa», que permite a las autoridades sionistas retenerlos sin cargos formales ni juicio previo.

    Zaghari dijo a la agencia de noticias Anadolu que el paso anunciado por Ben-Gvir (la construcción de una instalación para ejecutar a palestinos) es parte de la «continua determinación del sistema de ocupación israelí» para convertir la incitación y la legislación aprobada en medidas prácticas destinadas a ejecutar a prisioneros palestinos.

    Denunció que los preparativos para implementar la ley «racista» constituyen un «crimen contra la humanidad» y llevan más lejos los esfuerzos para usar a los prisioneros palestinos «como moneda de cambio política».

    La ley de pena de muerte que sustenta esta instalación fue aprobada por la Knesset (Parlamento) israelí en marzo, promovida por los sectores sionistas más extremistas, y posteriormente extendida al sistema de tribunales militares de la Cisjordania ocupada en mayo por el jefe del Comando Central del ejército de ocupación, Avi Bluth, otorgando a esas instancias castrenses el poder total de aplicar ejecuciones sumarias a los ciudadanos capturados.

    Su objetivo principal es socavar la legitimidad del movimiento nacional palestino y criminalizar la lucha palestina por la autodeterminación, enmarcándola exclusivamente dentro del contexto del terrorismo.

    La ley se aplica en los tribunales militares que juzgan a palestinos en la Cisjordania ocupada, donde a los acusados ​​se les niegan las protecciones de un sistema civil. Ello significa que la horca se está construyendo sobre todo para los palestinos procesados ​​por un sistema de justicia militar diseñado para condenarlos.

    Legisladores árabe-israelíes solicitaron al Tribunal Supremo que declare inconstitucional la ley, argumentando que viola los derechos a la vida, la dignidad y la igualdad, y que discrimina a los palestinos mediante su aplicación en los tribunales militares de Cisjordania.

    Zaghari también responsabilizó a la comunidad internacional por la continuación de tales prácticas, citando el «silencio internacional» que ha permitido a Israel continuar con sus medidas represivas, en momentos en que continúan los ataques sionistas contra los palestinos.

    Una actualización de las autoridades sanitarias de Gaza cifró este miércoles en 73.407 muertos y 174.335 heridos las víctimas de la escalada genocida israelí desde octubre de 2023.

    La oficina del ministro de Seguridad Nacional israelí de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, dijo este martes que la instalación de ahorcamiento, con cubículos para presenciar las ejecuciones, se está construyendo dentro de un pabellón de condenados a muerte ya existente.

    «Estamos haciendo historia», dijo, y precisó que la instalación contará con «cabinas de observación» que permitirán «presenciar el procedimiento«.

    En 1948, Israel se estableció en tierras tomadas por milicias sionistas armadas que cometieron masacres y desplazaron al menos a 750.000 palestinos, en la llamada Nakba (catástrofe).

    Israel ocupó posteriormente los territorios palestinos restantes, negándose a retirarse de ellos y oponiéndose al establecimiento de un Estado palestino, como prevén las resoluciones de la ONU.

    En Gaza, tras el genocidio, dirigentes de la cúpula sionista han expresado la intención de aplicar el modelo de la Cisjordania ocupada, con el desplazamiento de comunidades y la ocupación de tierra palestina para instalar asentamientos ilegales y para hacer inviable un Estado palestino independiente y soberano.

    F/Telesur
  • Sindicatos de Petroperú rechazan plan de privatización de Fujimori

    Sindicatos de Petroperú rechazan plan de privatización de Fujimori

    Los sindicatos de Petroperú denunciaron este miércoles en Lima el plan de privatización estatal impulsado por el Gobierno de Keiko Fujimori, tras el polémico nombramiento de Oliver Stark al frente de la mayor empresa petrolera del país.

    La designación de Oliver Stark como presidente del directorio desató el rechazo inmediato de la representación laboral. Las organizaciones gremiales sostienen que esta medida, promovida bajo la gestión de Fujimori, pretende ceder la administración de la petrolera estatal a consorcios privados.

    Stark asumió nuevamente la dirección tras haber liderado la entidad en 2024, periodo en el cual declaró una crisis financiera para sugerir la incorporación de capitales externos en la firma nacional.

    Los trabajadores alertan que este proceso da continuidad al Decreto de Urgencia 10-2025 aprobado en diciembre de 2025 por la administración interina de José Jerí.

    Dicha normativa legaliza la reestructuración de la compañía mediante la venta de activos estratégicos, entre los que destaca la refinería de Talara, una de las plantas de refinación más modernas de América Latina.

    Los sindicatos critican que, tras siete meses de aplicar este esquema de inversión pública, la directiva no reporta balances financieros favorables.

    Además, cuestionan la intervención de Proinversión, organismo adscrito al Ministerio de Economía que carece de experiencia técnica en el sector de los hidrocarburos.

    Asimismo, los portavoces sindicales calificaron de contradictorios los pronunciamientos del ministro de Economía, Elmer Cuba, respecto al rumbo financiero de la corporación.

    El politólogo Rey Camiloaga aseveró que el intento de desmantelar la empresa responde a una agenda neoliberal instaurada en la década de 1990 para favorecer a intereses corporativos.

    El analista recalcó que Petroperú cumple una función social indispensable al regular las tarifas de combustible frente a las fluctuaciones del mercado internacional. Aunque el Poder Ejecutivo niega la venta total del patrimonio público, los gremios exigen la instalación de una mesa de diálogo directo para trazar una estrategia de recuperación operativa que resguarde la soberanía energética del país suramericano.

    F/Telesur
  • Sismo en Colombia: damnificados denuncian abandono estatal y exigen soluciones reales

    Sismo en Colombia: damnificados denuncian abandono estatal y exigen soluciones reales

    El sismo de magnitud 7,4 registrado en el suroccidente de Colombia el pasado 10 de agosto profundizó la desigualdad social y dejó en evidencia los problemas estructurales en educación, salud, vivienda y servicios básicos en el puerto de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca. A más de una semana del movimiento telúrico, la población damnificada exige atención gubernamental urgente ante la pérdida total de sus bienes.

    Tras superar una compleja travesía por las deterioradas carreteras de acceso a Buenaventura, el equipo periodístico de teleSUR constató la magnitud del desastre en los barrios El Campín y Rockefeller. Las secuelas del movimiento telúrico se agudizan en El Campín, donde sus habitantes sobreviven en la penumbra al no contar con servicio de energía eléctrica.

    «Perdí absolutamente todo, mi casa colapsó. Yo me quedé solamente con lo que tenía puesto y mi hijo en mis brazos. Queremos que nos ayuden de verdad, queremos ayuda del gobierno», exigió una habitante damnificada que pasa las noches a la intemperie junto a otros vecinos.

    El panorama en el barrio Rockefeller muestra devastación masiva en las viviendas y estructuras que generan incertidumbre por el riesgo inminente de desplome sobre las residencias aledañas. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó la destrucción de entre 60 y 70 casas colapsadas totalmente en determinados puntos de la localidad.

    Las cifras oficiales indican un balance de 26 personas fallecidas, 1.150 familias damnificadas para un total de 55.000 personas afectadas, y 1.100 viviendas totalmente destruidas. Los ciudadanos duermen en la vía pública mientras reportan que varios niños han comenzado a enfermarse por la falta de refugio.

    El hospital más importante de Buenaventura colapsó en su capacidad operativa, viéndose obligado a improvisar la atención médica en las zonas exteriores. Ante esta emergencia sanitaria, la exvicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, detalló las gestiones para el envío de insumos médicos con la Secretaría de Salud.

    «Buenaventura nos necesita, el Chocó nos necesita, Colombia nos necesita, así que hago un llamado a todos, a la comunidad internacional para que se solidarice con nuestro pueblo y nos ayuden», expresó Márquez, emitiendo un pronunciamiento de auxilio ante la situación.

    Las zonas deprimidas registran pérdidas totales. En el barrio La Ruñidera, 800 familias quedaron en la ruina. María Hungría, damnificada del sector, manifestó su consternación por la pobreza absoluta y la destrucción: «Las casas se están cayendo, gente que ha quedado en la calle, no tienen dónde dormir. Tuve que salir hoy de la casa porque está que se va al patio, la casa está para caerse».

    La actividad comercial portuaria y el flujo de pasajeros en el muelle turístico hacia los diferentes destinos del municipio comenzaron a reactivarse hacia el fin de semana. El sector de La Frontera, zona históricamente estigmatizada, presenta necesidades absolutas tras el sismo.

    El presidente Abelardo de la Espriella llegó a Buenaventura el domingo pasado y prometió una transformación para el territorio. «Esa historia acabó. Buenaventura no será más la tierra del olvido. Vamos a recuperar la seguridad como corresponde con el imperio de la ley, con la fuerza de las armas y las leyes de la República» aseguró.

    El jefe de Estado prometió recuperar el sistema de salud, resolver la deuda histórica del acueducto a través del Ministerio de Vivienda y garantizar oportunidades mediante la gestión del «gobierno del Tigre»

    La emergencia de 90 segundos agudizó una crisis estructural preexistente en el principal puerto marítimo de Colombia, nodo logístico por donde entra y sale el 60 por ciento de las mercancías del país, pero cuya población local carece de servicios públicos básicos complementarios.

    Ante la falta de una respuesta oportuna por parte del Estado y el malestar generalizado por anuncios oficiales sin presupuesto claro, la sociedad civil organizada, comunidades y figuras del ámbito cultural han asumido el liderazgo de la asistencia humanitaria en los territorios más golpeados.

    Un ejemplo concreto es el de la artista Shakira, quien, mediante su Fundación Pies Descalzos y en alianza con fondos filantrópicos internacionales, anunció de manera oficial el compromiso de construir 10 escuelas en el vecino departamento del Chocó para responder a los daños viales y educativos provocados por el movimiento telúrico.

    F/Telesur
    F/EFE
  • «Vienen a hacer política con el dolor»: crece rechazo a presencia israelí en Colombia

    «Vienen a hacer política con el dolor»: crece rechazo a presencia israelí en Colombia

    Diversos sectores políticos en Colombia cuestionan la presencia y el accionar de la delegación de 82 soldados israelíes en el territorio nacional tras el sismo de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes, demandando la salida inmediata del contingente.

    El legislador Santiago Osorio exigió al presidente Abelardo de la Espriella el retiro de los efectivos, manifestando su rechazo a cualquier tipo de vínculo con el Estado israelí: “Mientras están en nuestro territorio el ministro de Seguridad Nacional de ese país, Ben Gvir, pidió abiertamente matar entre 30 y 40 personas cada noche en Gaza. Con un gobierno que normaliza el exterminio y lo ejecuta, Colombia no puede tener ningún tipo de relación, ni siquiera humanitaria”, escribió el representante en redes sociales.

    Asímismo, subrayó que la nación neogranadina “no puede recibir con honores a representantes de un Estado cuyo gobierno habla de seres humanos como una cuota de muertos por noche”.

    El exconcejal de Bogotá, Carlos Carrillo, denunció por su parte que Roni Kaplan, vocero del ejército israelí e integrante de la brigada, “ha recorrido una y otra vez los medios de América Latina defendiendo el genocidio en Gaza, la islamofobia, y posicionando el relato falaz de una relación directa entre las izquierdas y los terrorismos”.

    Carrillo sostuvo que el primer ministro Benjamín Netanyahu y la extrema derecha israelí representan a la denominada “Internacional Reaccionaria”. “No vienen hoy a Colombia a ayudar, vienen a hacer política con el dolor de la tragedia”, sentenció.

    La representante María Fernanda Carrascal refirió que recibe denuncias desde Pereira y Cali sobre el accionar de los israelíes en esas zonas afectadas por el movimiento telúrico, reportando que los voluntarios y comunidades han sido relegados completamente, que están usando maquinaria pesada indiscriminadamente y que le dan órdenes a la policía. “Ya sabemos para quienes vienen los negocios después de cada catástrofe, natural o inducida”, alertó en sus redes sociales.

    El debate se intensificó tras el pronunciamiento del presidente De la Espriella, quien el pasado sábado divulgó que conversó con Netanyahu. “Le agradecí profundamente por toda la ayuda humanitaria y por los rescatistas que Israel ha enviado a Colombia en estos momentos tan difíciles”, manifestó, en medio de fuertes cuestionamientos de la ciudadanía acerca del aporte real de la brigada debido a que su arribo ocurrió más de 96 horas después del sismo.

    El excandidato presidencial y líder de la oposición en el Senado, Iván Cepeda, repudió el comentario del jefe de Estado. “Es vergonzoso que la relación con un genocida genere orgullo y gratitud. Eso no nos representa ni como nación ni como pueblo. Que hable en nombre propio el señor De la Espriella”, afirmó en su cuenta de la red social X.

    Controversia por asistencia internacional selectiva

    El ingreso de este contingente militar de Israel es visto como un acto irregular que vulnera la soberanía de Colombia, alineándose con las duras críticas del expresidente Gustavo Petro. La presencia de soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sin el permiso del Senado no es simplemente un asunto técnico, sino una violación constitucional.

    El pasado miercoles director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Tamayo, confirmó la polémica decisión del gobierno colombiano de restringir el ingreso de ayuda humanitaria, aceptando únicamente a equipos de rescate provenientes de Estados Unidos, Israel, El Salvador y Ecuador.

    Bajo el argumento oficial de exigir la certificación INSARAG y autonomía financiera para evitar gastos al Estado, la administración de Abelardo De La Espriella ha frenado el despliegue de brigadas solidarias de naciones como México, las cuales ya contaban con contingentes médicos y militares listos para cooperar.

    Esta postura selectiva de la asistencia internacional ocurre mientras las comunidades de base y diversas organizaciones sociales denuncian la insuficiente respuesta estatal en las zonas más vulnerables y apartadas, donde el pueblo ha tenido que organizarse de forma autogestionada para remover toneladas de escombros con sus propias manos en busca de sobrevivientes tras el debastador terremoto que deja un saldo actual de 289 fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos.

    F/Telesur
    F/EFE

  • Asciende a 68 la cifra de muertos tras terremoto en Indonesia

    Asciende a 68 la cifra de muertos tras terremoto en Indonesia

    La cifra de víctimas mortales a causa del devastador terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la provincia de Nusa Tenggara Oriental, en Indonesia, aumentó a 68, según el reporte actualizado este lunes por la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB).

    Abdul Muhari, subdirector de Prevención del organismo, detalló en rueda de prensa que el impacto se extiende por distintas regencias de la región, registrándose además más de dos centenares de heridos que reciben atención médica prioritaria.

    El desglose de los decesos refleja la magnitud de la tragedia en las comunidades locales, con afectaciones directas en zonas como Manggarai, Manggarai Oriental, Nagekeo, Sikka, Ende, Manggarai Occidental y Ngada.

    Mientras los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda en áreas de difícil acceso, las autoridades confirmaron que no se reportan personas desaparecidas en las siete demarcaciones golpeadas por el movimiento telúrico.

    Las autoridades indonesias mantienen un seguimiento riguroso debido a la alta actividad sísmica subsiguiente, contabilizando al menos 1.576 réplicas desde el evento principal. Pese a las restricciones parciales en algunas rutas terrestres, la logística de ayuda humanitaria avanza mediante el despliegue de personal del Ejército y el envío de dos hospitales de campaña por parte del Ministerio de Salud hacia las zonas más críticas de Manggarai y Nagekeo.

    En paralelo, los trabajos de restauración de infraestructura muestran avances significativos en la isla de Flores. El suministro eléctrico ha recuperado el 99,5 por ciento de operatividad en los sectores occidental y oriental, al tiempo que las telecomunicaciones restablecieron el 95,4 por ciento de sus servicios, facilitando la coordinación de las operaciones de emergencia y la distribución de insumos esenciales.

    T/UN

  • Elecciones en Brasil 2026 entran oficialmente en campaña electoral

    Elecciones en Brasil 2026 entran oficialmente en campaña electoral

    Brasil inició oficialmente el pasado domingo 16 de agosto la campaña electoral de los distintos candidatos a presidente del país, con proyectos políticos muy distintos se enfrentarán durante las próximas siete semanas Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

    Lula da Silva volvió a São Bernardo do Campo, un lugar clave en su carrera política y sindical, mientras que Flávio Bolsonaro optó por la playa de Copacabana, un bastión significativo del bolsonarismo.

    El 4 de octubre se llevará a cabo la elección presidencial, y si es necesaria una segunda vuelta, se efectuará el 25 de octubre.

    Con el objetivo de obtener un cuarto mandato presidencial no consecutivo, el presidente brasileño eligió el estadio Primeiro de Maio, que se encuentra en la periferia de São Paulo, en São Bernardo do Campo.

    Dicho sitio posee un gran peso simbólico: allí nació el Partido de los Trabajadores y una de las cunas del movimiento sindical que promovió la carrera política de Lula.

    Lula entrelazó en su discurso los recuerdos personales con los principales temas que planea emplear a lo largo de la campaña.; expuso su candidatura como un obstáculo para el retorno de la derecha al Palacio de Planalto y argumentó a favor de una inversión más alta en seguridad pública, educación y salud.

    Por otra parte, el actual presidente brasileño se enfrenta a su séptima campaña presidencial, después de haber perdido en 1989, 1994 y 1998 y de haber ganado en 2002, 2006 y 2022.

    Uno de los mensajes económicos más significativos estuvo enfocado en la creciente contienda global por minerales críticos y tierras raras; Lula argumentó que Brasil no debería verse forzado a elegir entre Estados Unidos y China, sino que tendría que desarrollar su propia capacidad industrial para evitar depender de la exportación de materias primas y luego importar productos manufacturados con un valor agregado mayor.

    La industrialización de estos minerales ya es uno de los pilares económicos de su programa.

    La inversión en minerales estratégicos no es un hecho aislado, mientras que el Gobierno de Lula sostiene que la explotación tiene que crear industria, empleo y tecnología en el país, Estados Unidos, China y la Unión Europea han incrementado su interés por las reservas brasileñas.

    Flavio Bolsonaro comenzó su campaña en Copacabana, a cientos de kilómetros de São Bernardo, con la compañía de miles de sus seguidores y haciendo constantes aluciones a Jair Bolsonaro.

    El candidato derechista desarrolló su discurso de inicio de campaña presidencial centrado en la seguridad pública y ataques hacia el gobierno de Lula da Silva.

    El senador asistió al evento con un chaleco antibalas bajo una camiseta de color amarillo y utilizó la consigna nacionalista vinculada al movimiento político creado por su padre.

    Jair Bolsonaro fue sentenciado a 27 años y tres meses de prisión y, en la actualidad, está cumpliendo su condena bajo el régimen humanitario de prisión domiciliaria. En julio, el Tribunal Supremo Federal ratificó la vigencia de esa medida.

    La mayoría de las encuestas dan al candidato Luiz Inácio Lula da Silva, y actual presidente del país brasileño, como favorito para ganar las elecciones en Brasil.

    F/Telesur

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