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La I Cumbre Ministerial de Emergencia del Grupo de La Haya, celebrada en Bogotá, Colombia entre los días 15 y 16 de julio, aprobó una declaración conjunta con seis medidas para frenar el genocidio en Palestina, prohibir el apoyo militar a Israel y promover la justicia internacional en respuesta a la crisis humanitaria en el territorio palestino ocupado.

Entre otros puntos, los países acordaron vetar la venta y transferencia de armas, combustible militar y equipos de doble uso a Israel. En la apertura de la cumbre, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, subrayó que “Colombia se ha pronunciado sin ambigüedades, lo que ocurre en Gaza es un genocidio”.

Por su parte, la relatora especial de las Naciones Unidas para territorios ocupados, Francesca Albanese, destacó la necesidad de “construir un nuevo orden mundial multilateral” liderado por países como Colombia y Sudáfrica, los cuales impulsan acciones legales contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia.

El Grupo de La Haya instó a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Penal Internacional a actuar con independencia y sin favoritismos en el caso de las acciones genocidas de Israel, para reafirmar su compromiso con el derecho internacional, los derechos humanos y la rendición de cuentas por crímenes internacionales.

La declaración conjunta adoptada por los países reunidos en Bogotá detalla las siguientes medidas para abordar los crímenes internacionales y la situación en Palestina:

• Prohibición de envíos militares a Israel

  • Los Estados se comprometieron a bloquear la exportación de armas, municiones, combustible y equipos militares a Israel. Esta medida prevé evitar que las industrias nacionales de los países participantes contribuyan, directa o indirectamente, al genocidio, los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones del derecho internacional en el territorio palestino ocupado. La prohibición incluye cualquier material que pueda ser utilizado para perpetuar la ocupación ilegal o la violencia contra civiles palestinos, lo cual impedirá el uso de los recursos de los Estados para acciones genocidas.

• Restricción al paso de buques con material militar

  • Los países prohibirán el acceso, atraque o prestación de servicios en sus puertos a embarcaciones que representen un riesgo claro de transportar armas, municiones o suministros militares con destino a Israel. Esta medida se alinea con el derecho internacional, específicamente con las obligaciones de los Estados de no facilitar actividades que violen los derechos humanos o el derecho humanitario. Los puertos nacionales implementarán controles estrictos para identificar y detener cualquier buque sospechoso de contribuir a la maquinaria bélica de Israel.

• Control de buques con banderas nacionales

  • Se prohíbe que buques registrados bajo las banderas de los países miembros del Grupo de La Haya transporten armas, municiones, combustible militar o equipos de doble uso hacia Israel. Esta restricción garantiza que las flotas nacionales no se utilicen para apoyar la ocupación o los crímenes en Palestina. Los Estados establecerán mecanismos de supervisión para asegurar el cumplimiento, incluidas inspecciones y sanciones a embarcaciones que violen esta disposición.

• Revisión de contratos públicos con Israel

  • Los Estados revisarán de manera urgente todos los contratos públicos con entidades israelíes, tanto gubernamentales como privadas, para garantizar que los fondos estatales no se destinen a actividades que perpetúen la ocupación ilegal de Palestina o las violaciones de derechos humanos. Esta medida incluye la evaluación de acuerdos comerciales, contratos de defensa y cualquier tipo de cooperación que pueda contribuir a la maquinaria de ocupación. Los países se comprometieron a suspender o cancelar contratos que no cumplan con los principios del derecho internacional.

• Investigación y juicio de crímenes internacionales

  • Los países promoverán la investigación y el enjuiciamiento de crímenes graves, como el genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, cometidos en el territorio palestino ocupado. Estas acciones se llevarán a cabo en cortes nacionales e internacionales, lo cual asegurará justicia por las víctimas y la prevención de futuros crímenes. Los Estados fortalecerán sus sistemas judiciales para procesar estos casos y colaborarán con organismos internacionales para garantizar la rendición de cuentas.

• Apoyo a la jurisdicción universal

  • Los países apoyarán la aplicación de la jurisdicción universal, conforme a sus legislaciones nacionales, para procesar a los responsables de crímenes cometidos en Palestina, independientemente de su nacionalidad o del lugar donde se cometieron los actos. Esta medida garantizará que los perpetradores de crímenes internacionales no encuentren refugio en ningún país y que las víctimas accedan a la justicia, en pro del principio de responsabilidad global por violaciones graves del derecho internacional.

F/TeleSUR