En solo dos semanas, militares estadounidenses han matado a 14 personas en aguas del mar Caribe, según los propios reportes de la Casa Blanca, sin que se conozcan detalles de las víctimas ni las circunstancias de sus muertes.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado los resultados de los supuestos operativos antinarcóticos, efectuados de manera unilateral, es decir, sin coordinación con ningún otro país. En ese contexto, ha calificado a las víctimas de «narcoterroristas» para justificar una ejecución sumaria, sin proceso judicial de por medio.
Aires de guerra en ‘zona de paz’
La militarización por parte de EE.UU. contraviene la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz que los países de la región firmaron en 2014 en La Habana. Este acuerdo establece el pleno respeto a las normas del derecho internacional y plantea la solución pacífica de las controversias.
«El compromiso de los Estados de la región con el estricto cumplimiento de su obligación de no intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de cualquier otro Estado y observar los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos», señala el documento que insta a todos los Estados miembros de la comunidad internacional a respetar esta declaración. Ahora, EE.UU. hace caso omiso a ese llamado.
La acción estadounidense en las últimas semanas marca un punto de inflexión: implica una ofensiva letal extraterritorial en el supuesto combate antidrogas y convierte al Caribe en una zona de fuego tras casi cuatro décadas sin conflictos.
Aunque Washington alega que su presencia en la región busca frenar el narcotráfico, lo cierto es que informes de la Organización de Naciones Unidas, de la Unión Europea y hasta de la propia Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), corroboran que el Caribe no es la principal ruta por la que transitan las sustancias ilegales.
De hecho, se estima que 87 % de la droga que llega a EE.UU. desde Suramérica entra por las rutas del océano Pacífico, con los puertos de Colombia y Ecuador como los principales ‘puntos calientes’ del narcotráfico. Por Venezuela, que no es productor de sustancias ilegales, solo intenta salir 5 % de los narcóticos producidos en territorio colombiano.
Dos masacres
El pasado 2 de septiembre, Trump anunció que tropas de EE.UU. desplegadas en el Caribe habían bombardeado un supuesto «barco con drogas», en el que viajaban 11 personas. Según la Casa Blanca, las víctimas mortales eran «narcoterroristas» y la embarcación habría salido de Venezuela.
«Hace apenas unos minutos, literalmente, derribamos una embarcación que transportaba drogas, una gran cantidad de drogas. Lo verán y leerán sobre ello. Acaba de suceder hace instantes», comentó el mandatario en una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
El lunes, Trump anunció un segundo operativo. «El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡Un arma mortal que envenena a estadounidenses!), con destino a EE.UU.», afirmó en un mensaje publicado en su red Truth Social.
En esa publicación, el mandatario reportó la muerte de «tres terroristas varones en combate». Este martes, al ser abordado por periodistas, Trump aseveró que hubo otro ataque a una embarcación, aunque no mostró ningún registro.
Las únicas «pruebas» ofrecidas por el Gobierno de EE.UU. de los operativos han sido los videos publicados por Trump y sus declaraciones, porque hasta ahora se desconocen los nombres de las víctimas, a qué organizaciones supuestamente pertenecían, qué tipo y cuántas drogas transportaban (si es que las sustancias existían), cómo los identificaron los militares estadounidenses y por qué decidieron abatirlos.
La ejecución sumaria de personas acusadas de traficar drogas, por parte de un Estado, viola principios fundamentales como el derecho a la vida y al debido proceso, además de contravenir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue uno de los primeros en rechazar el más reciente operativo: «Matar con un misil tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato y el Gobierno de EE.UU. está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra, porque es mar territorial, no tiene el derecho», subrayó.
La poca proporcionalidad de las acciones de interdicción de EE.UU., en caso de que se tratara de operativos antinarcóticos, también han estado en la mira de Petro, ya que su país suele ejecutar incautaciones de drogas en el mar, sin matar a las personas involucradas en los presuntos delitos.
El argumento de EE.UU. para justificar sus acciones es que combate el «narcoterrorismo». Sin embargo, la ejecución sumaria de personas acusadas de traficar drogas, por parte de un Estado, viola principios fundamentales como el derecho a la vida y al debido proceso, además de contravenir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura.
Este martes, un grupo de expertos de la ONU emitió un comunicado para instar a EE.UU. a dejar de lado «su ‘guerra contra el narcoterrorismo’ sin ley», al destacar que el derecho internacional impide «el uso unilateral de la fuerza en el extranjero para luchar contra el terrorismo o el tráfico de drogas».
«Los ataques a grupos del crimen organizado en territorio extranjero violarían la soberanía del otro país y podrían equivaler a un uso ilegal de la fuerza bajo la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional consuetudinario», dijeron los expertos en el texto.
Escalada inédita
La situación preocupa especialmente a Venezuela. La víspera, el presidente Nicolás Maduro denunció que el único propósito de la presencia militar estadounidense en el Caribe era propiciar un cambio de Gobierno en Caracas y apropiarse de los ingentes recursos energéticos del país suramericano.
Maduro también alertó que Washington busca cualquier pretexto para una escalada que ponga en peligro la paz regional, como ya ocurrió en el pasado, con la sangrienta invasión del Ejército estadounidense en Panamá, en 1989.
En su criterio, la presencia amenazante del Ejército estadounidense en la fachada caribeña se ha sustentado en falsedades, con el único propósito de fabricar un expediente «que justifique una escalada, que justifique un incidente militar y un ataque contra Venezuela, un ataque criminal».
La alerta no es gratuita. El pasado fin de semana, una embarcación pesquera venezolana que navegaba por la zona económica exclusiva del país suramericano fue asaltada por marines armados de EE.UU. Los uniformados retuvieron a los trabajadores por más de ocho horas, lo que fue considerado por Maduro como una provocación.
«¿Quién dio la orden en Washington para que un destructor misilístico mandara a 18 marines a allanar un buque pescador de atún, para amedrentar a un grupo de pescadores en altamar?», insistió el mandatario venezolano el lunes, en una rueda de prensa.
La situación fue manejada por autoridades civiles y militares, que lograron devolver a salvo a los pescadores venezolanos, «sin caer en provocaciones». No obstante, Maduro dejó claro que este tipo de incidentes ponen en peligro la integridad de los trabajadores del mar que faenan en el Caribe y amenazan la paz de toda una región.
«Si en la casa nuestra, el Gran Caribe, lo llenan de pólvora y misiles, eso puede derivar en una hecatombe, en una gran guerra en el Caribe, que nunca ha habido y no debe haber», dijo.
Horas después de la rueda de prensa en Caracas, en la que Maduro instó a su par estadounidense a investigar y esclarecer el primer ataque que supuestamente dejó 11 muertos, Trump anunció el segundo operativo unilateral con un saldo de 3 víctimas fatales.
En las imágenes compartidas por Trump, se puede ver una pequeña embarcación, de las que habitualmente se usan para la pesca artesanal, marcada como blanco de un arma. A continuación, la lancha es alcanzada por un proyectil de larga distancia.
T/RT
