El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador aprobó este jueves la inclusión de una pregunta sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente en el referendo nacional previsto para el 16 de noviembre.
Con ello, los ciudadanos deberán responder un total de tres interrogantes: la autorización de bases militares extranjeras en el país, la eliminación del financiamiento estatal a organizaciones políticas y la instalación de una nueva Constituyente.
La iniciativa fue impulsada por el presidente Daniel Noboa, quien había dejado en pausa esta promesa de campaña tras asegurarse el control del Legislativo en abril pasado. Sin embargo, el mandatario retomó la propuesta en medio de su enfrentamiento con la Corte Constitucional, que finalmente avaló la consulta.
Diversos sectores sociales y políticos han cuestionado la medida. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) calificó la narrativa gubernamental como un “distractor” frente al impacto económico derivado de la eliminación del subsidio al diésel, en el marco de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En la misma línea, la Revolución Ciudadana (RC) denunció que el objetivo de Noboa sería debilitar derechos reconocidos en la Constitución de 2008, aprobada bajo el mandato de Rafael Correa.
“Le mienten al país todos los días: van a retroceder todo lo ganado en derechos. Ese es el objetivo”, afirmó la asambleísta Ana Yela durante una sesión legislativa, donde el bloque oficialista respaldó la iniciativa presidencial.
El proceso electoral, que tendrá un costo de 59,7 millones de dólares, se perfila como uno de los más trascendentales en la historia reciente del país, al poner en la mesa la posibilidad de un rediseño institucional en medio de un clima político y social marcado por la confrontación.
