La Audiencia Nacional abrió este martes diligencias previas por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su titular de Exteriores, Israel Katz, así como varios altos mandos militares, a raíz del asalto al barco humanitario Madleen, que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria, informan medios locales.
El juez del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, acordó la apertura de diligencias previas, al considerar que los hechos denunciados revisten carácter delictivo.
La querella fue presentada el pasado 3 de julio por el activista español Sergio Toribio, único ciudadano español a bordo del Madleen, junto al Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, que se ha personado como acusación popular. Ambos están representados por los abogados Jaume Asens y Endika Zulueta.
Abordaje en aguas internacionales
El escrito denuncia el abordaje del buque en aguas internacionales por parte de la unidad de élite israelí Shayetet 13, el pasado 1 de junio, así como el uso de drones, armas de fuego y gases lacrimógenos contra la tripulación.
Además, relata la detención arbitraria, interrogatorio y posterior deportación de los doce activistas a bordo, entre ellos el propio Toribio, la activista sueca Greta Thunberg y la candidata de Sumar al Parlamento Europeo, Rima Hassan.
La querella, de la que se hacen eco los medios, sostiene que la retención de los tripulantes fue ilegal y vulneró sus derechos fundamentales. Además, solicita que la justicia española investigue los hechos en virtud del principio de jurisdicción universal, al considerar que constituyen graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y se enmarcan en un contexto de genocidio en curso contra la población civil palestina.
También se pide la emisión de órdenes de detención internacional contra los responsables, así como la colaboración con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que ya solicitó una orden de arresto contra Netanyahu por crímenes cometidos en Gaza.
La defensa de Toribio señaló que «nada impide que, en el transcurso del procedimiento, el caso pueda ser remitido o coordinado con la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional». «Los jueces de los diferentes países donde hay víctimas de estos hechos tienen mecanismos a su alcance para investigarlos», añadió Asens.
