A pesar del embargo económico que enfrenta, Venezuela ha logrado una reducción significativa del índice de subalimentación, con una caída de 11.7 puntos porcentuales, lo que evidencia una firme resistencia frente a los gobiernos hegemónicos.
Según el informe conjunto de la FAO, FIDA, UNICEF, PMA y la OMS, hoy en día alrededor de 3.3 millones de venezolanos han dejado de estar en situación de hambruna, según los datos recogidos en su más reciente evaluación anual.
Durante el mandato de Hugo Rafael Chávez Frías, en el año 2006, la erradicación del hambre se convirtió en una prioridad gubernamental. Las políticas públicas adoptadas en ese entonces permitieron que Venezuela fuera retirada del mapa mundial del hambre.
Sin embargo, nueve años después, esta problemática resurgió como una preocupación social crítica, estrechamente vinculada con la imposición de Medidas Coercitivas Unilaterales, especialmente hasta el año 2019.
La situación alimentaria fue usada por actores políticos y jurídicos para construir una imagen virtual del país que justificara una intervención militar «humanitaria». Esta narrativa externa contrastó con los esfuerzos internos por revertir los efectos del bloqueo y las sanciones.
En el más reciente informe SOFI 2025, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destaca avances significativos en materia alimentaria dentro del territorio venezolano. En solo tres años, el Índice de Prevalencia de Subalimentación (IPS) mostró una disminución sostenida, pasando del 17.6 al 5.9 porciento, lo que representa una mejora cuantificable en el bienestar nutricional de la población.
A esto hay que sumarle que entre los años 2016 y 2024, Venezuela implementó una política pública que generó un impacto notable: la disponibilidad de alimentos se incrementó en más de un 500 por ciento, alcanzando los 1.378 gramos por persona al día, un nivel muy cercano al promedio global.
