Desde el mismo momento en que ocurrieron los movimientos sísmicos del pasado 24 de junio, la Defensoría del Pueblo activó su despliegue nacional para acompañar, proteger y supervisar el respeto de los derechos humanos de todas las personas afectadas por esta emergencia.
En cumplimiento de su mandato constitucional, la institución se encuentra presente en las zonas impactadas realizando labores de verificación, acompañamiento a las víctimas, supervisión de la atención brindada por los organismos públicos y articulación institucional para contribuir en un enfoque integral de la respuesta del Estado.
La defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, instruyó de manera inmediata a los Defensores Delegados Especiales, Estadales y Municipales a desplegarse en sus respectivas jurisdicciones para levantar información, identificar situaciones de especial vulnerabilidad y coordinar las actuaciones necesarias con las instituciones competentes.
Este despliegue permite conocer directamente las necesidades de la población y canalizar respuestas oportunas, especialmente en favor de niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres, pueblos indígenas, personas privadas de libertad, comunidades LGBTIQ+ y demás grupos que requieren protección reforzada durante una emergencia.
Como parte de estas acciones, la Defensora del Pueblo recorrió diversas zonas afectadas del estado La Guaira y visitó el Servicio de Pediatría del Hospital «Dr. Domingo Luciani», donde verificó personalmente la atención médica brindada a niños, niñas y adolescentes lesionados durante el evento sísmico.
Asimismo, inspeccionó el Centro de Servicio Social Residencial «Dr. Joaquín Quintero Quintero», en la parroquia Caricuao, donde constató las condiciones de atención de 66 personas adultas mayores trasladadas desde Catia La Mar, verificando su identificación, atención integral y bienestar. Durante la visita también fueron entregadas sillas de ruedas, agua potable y artículos de higiene personal.
Paralelamente, la sede principal de la Defensoría del Pueblo, en Plaza Morelos, fue habilitada como centro de coordinación y apoyo humanitario, desde donde equipos especializados mantienen reuniones permanentes para evaluar la situación nacional y coordinar las actuaciones defensoriales en materia de infancia, personas mayores, salud, vivienda, personas privadas de libertad, ambiente, pueblos indígenas y protección a las mujeres.
Gracias al apoyo solidario de instituciones públicas, organizaciones sociales, empresas y ciudadanos, las sedes defensoriales de todo el país han contribuido a canalizar la entrega de ropa, alimentos no perecederos, agua potable, medicamentos, leche en polvo, cobijas, sillas de ruedas y otros insumos esenciales para las familias afectadas.
Supervisión y articulación institucional
La actuación de la Defensoría del Pueblo se desarrolla en estrecha coordinación con las instituciones responsables de la atención de la emergencia, ejerciendo su función constitucional de supervisar que todas las personas reciban una atención digna, sin discriminación y con pleno respeto de sus derechos fundamentales.
Como resultado de esta articulación institucional, numerosas personas han recibido atención médica, exámenes diagnósticos e insumos de salud, además del acompañamiento necesario para acceder a los servicios públicos disponibles durante la contingencia.
En materia de protección de niñas, niños y adolescentes, los equipos defensoriales realizan visitas permanentes a hospitales, refugios y centros de atención temporal para verificar las condiciones de protección integral, prevenir riesgos y promover respuestas inmediatas frente a cualquier situación que comprometa sus derechos.
Hasta la fecha, funcionarios de la Defensoría del Pueblo han recorrido aproximadamente 36 refugios ubicados en el Área Metropolitana de Caracas y en distintas regiones del país, elaborando un diagnóstico nacional sobre las condiciones de alojamiento, acceso a servicios básicos, reunificación familiar y necesidades prioritarias de la población en desplazamiento interno.
En el ámbito del derecho a la vivienda, la institución mantiene presencia en los estados más afectados por el terremoto, entre ellos La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo y Falcón, verificando las condiciones de los refugios temporales, documentando posibles situaciones de riesgo o desalojos arbitrarios y promoviendo la protección de las personas en riesgo.
Los equipos defensoriales también continúan supervisando hospitales, centros de salud y demás establecimientos asistenciales para constatar que la atención médica se preste con criterios de igualdad, dignidad y no discriminación.
La Defensoría del Pueblo igualmente conformó una comisión especializada para atender las necesidades de comunidades indígenas afectadas por el terremoto, garantizando que la respuesta institucional incorpore un enfoque intercultural y respete sus derechos colectivos.
Como parte de este despliegue territorial, la Defensora del Pueblo recorrió, junto con autoridades locales, equipos de rescate y especialistas internacionales, diversas zonas severamente afectadas, entre ellas Los Palos Grandes y San Bernardino, donde verificó directamente la situación de las familias damnificadas y los daños ocasionados por el terremoto.
Toda la información recopilada por los equipos defensoriales es procesada mediante un sistema nacional de seguimiento que permite identificar riesgos, formular recomendaciones a las autoridades competentes y orientar las actuaciones institucionales destinadas a garantizar la protección efectiva de los derechos humanos durante la emergencia y en la etapa de recuperación.
La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de permanecer al lado de las víctimas durante todas las fases de esta emergencia, contribuyendo, desde sus competencias constitucionales, a que la recuperación del país se desarrolle con pleno respeto a la dignidad humana y a los derechos de todas las personas.
