El asesinato del líder kichwa Efraín Fuerez, evidencia la violencia ejercida por el Gobierno de Daniel Noboa contra las movilizaciones populares, denunció este lunes en rueda de prensa la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
El encuentro inició con un minuto de silencio en memoria del integrante de la comunidad Inguinzala, quien perdió la vida debido a la represión estatal en Cotacachi, provincia de Imbabura.
Los dirigentes de comunidades indígenas responsabilizaron directamente al Estado por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las jornadas de protesta y exigieron que se investigue la muerte del comunero.
En su intervención Alberto Ainaguano, presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa (Ecuarunari), rechazó los intentos de criminalizar al movimiento indígena y repudió las políticas del Ejecutivo.
«No somos terroristas, somos pueblos originarios», afirmó el líder de Ecuarunari, quien aseveró que las decisiones de lucha se construyen colectivamente. Resaltó que «jamás en la estructura del movimiento indígena deciden dos, tres, cuatro personas. Para tomar cada decisión se escuchan a los pueblos, a las organizaciones, a las nacionalidades».
Por su parte, la vicepresidenta de la CONAIE, Ercilia Castañeda, llamó al presidente Noboa a abandonar su «postura de guerra» y atender las demandas sociales.
Instó a la comunidad internacional a observar la situación en el país sudamericano. «En actuales momentos en Ecuador vivimos una dictadura que ha pretendido a un pueblo trabajador posiciones con líneas discursivas vinculadas al terrorismo, al contrabando», denunció.
Castañeda criticó la aprobación de normativas sin sustento constitucional y desmintió la narrativa oficial sobre un supuesto subsidio de más de 1.100 millones de dólares al diésel.
Aseguró que informes técnicos de Petroecuador demuestran lo contrario, y que el Decreto 126, lejos de eliminar subsidios, lo que hace es incrementar el precio del combustible para favorecer a sectores económicos cercanos al Ejecutivo «a costa del pueblo«.
El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, se pronunció sobre el asesinato del comunero Efraín Fuerez y advirtió que este hecho «no puede quedar en la impunidad».
Asimismo, enfatizó que el movimiento indígena responsabiliza directamente al Gobierno de Daniel Noboa, a los ministros del Interior y de Defensa y al propio Estado ecuatoriano por este crimen.
Vargas exigió que organismos internacionales de derechos humanos intervengan de manera inmediata con una investigación independiente que permita esclarecer lo ocurrido y sancionar tanto a los autores materiales como a los responsables políticos del ataque.
El dirigente también demandó al Ejecutivo el cese inmediato de la represión y la violencia contra los pueblos indígenas y la ciudadanía en general, señalando que el paro nacional no busca la confrontación, sino respuestas concretas a demandas históricas.
En este sentido, recordó que las exigencias del movimiento son claras y legítimas: la derogatoria del Decreto 126 que incrementa el precio del diésel; una solución urgente a la crisis en los sistemas de salud y educación; respeto pleno al derecho a la protesta y a la organización social; el fin de la expansión minera y extractivista que amenaza territorios comunitarios; y la prohibición de nuevas ampliaciones de la frontera petrolera en la Amazonía.
