El paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) el pasado 22 de septiembre ha cumplido más de 20 días de movilización social en rechazo a las medidas económicas del Gobierno de Daniel Noboa, especialmente la eliminación del subsidio al diésel y el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Las protestas se han intensificado en diversas regiones del país, con especial tensión en comunidades como Imbabura y San Miguel del Colón, donde se han reportado actos de violencia extrema y un denunciado uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
Según denuncias de medios locales y centros comunitarios, los militares han utilizado la figura de «convoy humanitario» para ingresar a zonas rurales y ejecutar intervenciones en propiedades privadas, lo que ha sido calificado como una violación a las garantías individuales por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos.
En un comunicado emitido este lunes, la Comisión señaló que estas acciones constituyen una muestra del “uso desproporcionado de la fuerza en contra de ciudadanos que ejercen sus derechos de protesta conforme a lo establecido en la Constitución ecuatoriana y tratados internacionales”.
Mientras tanto, Quito permanece completamente militarizada, con miles de manifestantes concentrados en el centro histórico y zonas periféricas. Las consignas que se escuchan en las calles — «Fuera Noboa, fuera», «No somos terroristas» y «Nadie nos va a silenciar» — reflejan el creciente malestar social frente a las políticas del Ejecutivo.
En declaraciones recogidas por teleSUR, una manifestante identificada como Guañuñ expresó que «este gobierno ha venido con tantas mentiras al pueblo, y para qué, para engañarnos, y tanta gente que se dejó engañar por estas promesas que hizo este señor. Yo quisiera que su gobierno se vaya, váyase de aquí, y llegue, váyase a su tierra donde ha sido Estados Unidos, que se vaya ya y deje en paz al pueblo ecuatoriano».
Hasta el momento, se han registrado 121 detenciones, incluyendo menores de edad, según reportes oficiales de la Policía Nacional. Organizaciones internacionales han instado al Gobierno de Noboa a iniciar un proceso de diálogo con los sectores movilizados para evitar una escalada mayor del conflicto.
