La noche del jueves, fuerzas policiales ecuatorianas desalojaron por la fuerza a manifestantes que se habían congregado en la ciudad de Cuenca, en el marco del cuarto día de paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (Conaie) y diversas organizaciones sociales, desestimando así el derecho a la protesta pacífica.
La intervención fue denunciada por colectivos de derechos humanos como una violación al derecho constitucional a la protesta pacífica, en medio del rechazo ciudadano a las medidas económicas impulsadas por el gobierno de Daniel Noboa, entre ellas la eliminación del subsidio al diésel.
La represión no se limitó a Cuenca. En Ibarra, a 549 kilómetros de distancia, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) reportó la detención de al menos 12 personas, mientras que el coronel Marco Narváez, comandante de la Zona 1 de Policía, confirmó que en la provincia de Imbabura se registraron 13 arrestos, incluyendo 10 hombres adultos, dos menores de edad y una mujer.
Los hechos ocurrieron tras enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, en los que participaron de forma conjunta las Fuerzas Armadas y la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO).
Una de las detenidas, Gina Cahuasqui, fue reportada como desaparecida en redes sociales. Según su testimonio, intentó dialogar con las autoridades para detener los disparos, sin obtener respuesta, y fue agredida físicamente, mientras que varios de sus compañeros sufrieron lesiones más graves.
Los detenidos fueron trasladados a centros de rehabilitación en Esmeraldas y Portoviejo, lo que ha sido calificado por Inredh como un procedimiento ilegal y carente de garantías procesales. La preocupación se intensifica al recordar que en uno de estos centros ocurrió una masacre que dejó 17 muertos, lo que ha generado temor e incertidumbre entre familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos.
En paralelo, el Gobierno ecuatoriano ha sido acusado de difundir información falsa para desacreditar el movimiento opositor. Un caso emblemático es el de un ciudadano connacional detenido que ejerce como tatuador, presentado oficialmente como ciudadano venezolano presuntamente vinculado a una red de crimen organizado transnacional, lo que ha sido desmentido por fuentes independientes.
