Con el planteamiento de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre la Ley de Amnistía, se ha logrado una transformación cultural de las instituciones y de la sociedad venezolana». Tal señalamiento lo hizo Ernesto Villegas, coordinador del Programa por la Paz y la Convivencia Democrática, al intervenir en la reunión liderada por la mandataria encargada con motivo del balance del proceso de amnistía y excarcelaciones en Venezuela.
Villegas recordó que la instrucción de Rodríguez el 23 de enero fue que se escucharan todas las voces. «Exhibió un papel en blanco, invitando a toda la sociedad a incorporarse. Primero, con mucho temor y desconfianza, fuimos acercándonos; algunos pidieron reuniones confidenciales porque temían a lo que llaman el costo reputacional de tomarse la foto en el diario, pero quisieron dialogar, que es lo importante».
Asimismo, manifestó que este viernes se siente una gran satisfacción porque, aunque se trata de «apenas una parte, se pueden hacer todas las transformaciones institucionales que deban hacerse, pero si ellas no van acompañadas de un cambio cultural, donde se haga hegemónica la paz y la convivencia, todos los pasos quedarán incompletos».
Villegas calificó como un día histórico la firma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia, reconoció la «iniciativa valiente» de la presidenta encargada y enfatizó que hay mucho camino por delante. «Esto pasa por la transformación de las mentes de los operadores de justicia del Estado venezolano, pero también de la sociedad, para que aprenda a entender el valor de la diversidad y a valorar todo el abanico de opciones que existen para perseguir el delito, más allá del encarcelamiento», afirmó.
Señaló que «apenas a una persona le llega una notificación judicial ya hay una acción del Estado, con su poder punitivo para enmendar y corregir una distorsión en una conducta».
«Desde ese telegrama que le llega a la vivienda a la persona investigada hasta su encarcelamiento, hay un abanico de acciones que el Estado emprende para procurar la modificación de una conducta. Excluyamos las conductas que dificultan la paz y la convivencia democrática», concluyó.
A propósito del acto, la ministra de Educación Superior y secretaria ejecutiva del Programa Paz y Convivencia Democrática, Ana María Sanjuán, planteó la necesidad de abordar el sistema de justicia penal desde una perspectiva académica y social, advirtiendo sobre el impacto de la pobreza en el entorno familiar de los privados de libertad.
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