La Cancillería de Venezuela catalogó de unilateral, inviables e ilegítimas las acciones de Guyana en torno a la Guayana Esequiba e instó a ese país al diálogo con el objetivo de dar solución a la controversia, en el marco del aniversario 60 del Acuerdo de Ginebra de 1966.
«Ha quedado claramente comprobado que la ruta que ha elegido el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana, una ruta de manera unilateral, es una ruta inviable, es una ruta ilegal, es una ruta ilegítima, una ruta que no representa el espíritu del Acuerdo de Ginebra firmado entre las partes», afirmó el ministro venezolano de Exteriores, Yván Gil.
El canciller instó al apego al derecho internacional, la legalidad, la Carta de las Naciones Unidas y los «valores que rigen la convivencia entre las naciones», destacando que solo mediante el Acuerdo de Ginebra de 1966 puede encontrarse una solución al conflicto guyanés-venezolano.
«Los pueblos de Guyana y de Venezuela estamos seguros de que más temprano que tarde encontraremos la solución, la definición de esta controversia en un mecanismo de consulta directa, como manda este acuerdo del que celebramos hoy el 60 aniversario y que esperamos que más pronto que tarde sea la solución«, dijo.
Venezuela ha rechazado la instrumentalización de la Corte Internacional de Justicia para dirimir esta controversia, señaló Gil, reafirmando el rechazo de Caracas por otorgar jurisdicción en la solicitud a dicho organismo, postulado desde su inicio por la República Cooperativa de Guyana.
«La Corte Internacional de Justicia no tiene competencia alguna para dirimir la controversia entre Guyana y Venezuela por el territorio de la Guayana. El único instrumento jurídicamente vinculante y válido es el Acuerdo de Ginebra», recalcó el jefe de la diplomacia venezolana.
Enfatizó que el acuerdo de 1966 «abre las puertas a una negociación directa» y satisfactoria entre las partes, y reiteró que Caracas impulsa desde hace 60 años la «solución pacífica de la controversia a través del diálogo directo».
Acuerdo de Ginebra de 1966
El pasado 17 de febrero, con la consigna «¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo!», el Estado venezolano ratificó que continuará defendiendo su integridad territorial mediante la diplomacia bolivariana de paz, exigiendo el cumplimiento estricto de lo pactado hace seis décadas para garantizar un futuro de justicia y respeto a la soberanía nacional.
El 17 de febrero de 1966 se firmó en Suiza el Acuerdo de Ginebra, un instrumento internacional debidamente registrado ante la ONU que buscó resolver la controversia sobre la frontera entre Venezuela y la entonces Guayana Británica.
El tratado reivindicó el reclamo venezolano para recuperar los 159.542 kilómetros cuadrados expoliados mediante el fraudulento Laudo Arbitral de París de 1899, el cual fue producto de un fraude procesal denunciado incluso por el abogado Severo Mallet-Prevost.
Al suscribir el acuerdo en los años 60, las partes aceptaron declarar nulo e írrito aquel fallo imperial y se comprometieron a establecer una solución práctica y satisfactoria mediante la negociación directa, reconociendo que este territorio forma parte integral de Venezuela desde la época de la Capitanía General.
Durante estas seis décadas, Venezuela ha demostrado su compromiso con la paz y la buena fe, incluso tras el Protocolo de Puerto España, en 1970, el cual buscó mejorar las relaciones con la recién independizada República Cooperativa de Guyana. Sin embargo, el Gobierno guyanés optó por desconocer el espíritu del tratado, especialmente desde el año 2015, tras el descubrimiento de yacimientos petrolíferos por la transnacional ExxonMobil.
Esta empresa ha financiado campañas para presentar a Venezuela como un país agresor, presionando a Georgetown para internacionalizar el conflicto y llevarlo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una instancia que carece de jurisdicción ya que el Acuerdo de Ginebra excluye cualquier mecanismo de solución judicial unilateral y obliga a la negociación bilateral.
La conducta negacionista de los Gobiernos guyaneses facilitó una explotación ilícita y abusiva de recursos en espacios marítimos y terrestres que se encuentran en reclamación, violentando flagrantemente el derecho internacional.
F/Telesur
